¿Gobernabilidad o sumisión? El debate sobre el rol actual de la Asamblea Nacional

A poco más de dos meses de instalada la nueva Asamblea Nacional, el país ha sido testigo de la rápida aprobación de cuatro leyes incluidas en el paquete económico urgente impulsado por el Ejecutivo. Sin embargo, propuestas de mayor alcance, como la reforma constitucional, siguen sin ser tramitadas, mientras que los procesos de fiscalización continúan dispersos y sin una línea clara de acción. En este escenario, surge la interrogante: ¿se está construyendo una verdadera institucionalidad o se trata de una gobernabilidad frágil, sostenida por alianzas circunstanciales sin proyección ni profundidad?

Henry Cucalón: "La Asamblea no es un órgano adscrito a Carondelet"

Henry Cucalón, exministro de Gobierno, considera que el momento actual representa un giro riesgoso: el paso de una confrontación destructiva hacia una sumisión que vacía de contenido el rol del Legislativo. “Una cosa es un diálogo franco, honesto… y otra, que se piense que la Asamblea es un órgano adscrito a Carondelet”, dice. Aunque saluda la intención de trabajar en conjunto por el país, advierte que, ya sea por falta de experiencia o manejo, se han cometido errores en la tramitación de las leyes. Se corre el riesgo de caer en la lógica del “todo o nada” ante la presentación de proyectos de ley económicos urgentes: “No creo que sea dable que tengamos esa práctica. Lo que hace una oposición irracional es decir: ‘todo está mal’, el ‘no por el no’. Y, así mismo, hay otros que quieren aprobar todo lo que les envíe el Ejecutivo”.

Pablo Játiva: "Sin fiscalización, la gobernabilidad es insostenible"

Desde una mirada académica, Pablo Játiva, abogado y docente de teoría política, observa como positivo el entendimiento entre funciones, pero insiste en la necesidad de que la Asamblea también fiscalice y corrija. "Es deseable que haya una relación armónica, pero también que la Asamblea cuestione, aporte y corrija errores del Ejecutivo", señala. A su juicio, una gobernabilidad que sacrifica el debate legislativo es insostenible en el tiempo.

A nivel internacional, advierte que Ecuador se mantiene entre los países con los índices más bajos de confianza en las instituciones. "Las mayorías políticas son volátiles. Hoy tienes una alianza y mañana los mismos actores están pidiendo la renuncia. Eso ha ocurrido muchas veces", afirma. Este escenario de inestabilidad afecta la llegada de inversión extranjera directa. "Colombia, pese a su conflicto armado de más de 50 años, recibe más inversión porque respeta las reglas de juego. En eso, Ecuador ha fallado estrepitosamente, y no solo por este gobierno, sino por una tendencia arrastrada por décadas".

Consejo de la Judicatura: polémica por las ternas y falta de transparencia

Cucalón también expresa preocupación por el deterioro del trabajo legislativo. Señala que la reciente propuesta de terna para integrar el Consejo de la Judicatura incluyó "nombres impresentables", lo que derivó en excusas. "Eso muestra una mora con la ciudadanía. ¿Qué ese es el mensaje? Cuando lo que más queremos es despolitizar el tema de la justicia y la asamblea, lo que hace es delegar a un asambleísta alterno, me preocupa", sostiene Cucalón.

La Asamblea Nacional tiene una deuda pendiente con iniciar procesos de designación con respaldo y transparencia: "No estoy diciendo que se apruebe toda una. Pero tienen que iniciar el procedimiento que va a ser debidamente respaldado por los ciudadanos", afirma. Además, critica la reaparición de prácticas clientelares como el nombramiento de familiares de legisladores: "Pensamos que eso había sido superado, pero sigue ocurriendo".

Desconfianza en las instituciones: Ecuador entre los peores de la región

Játiva critica la falta de prolijidad: "Los temas de derecho no son cuestión de hacer leyes rápido, sino de que sean técnicas". Ejemplifica con la Ley de Inteligencia: " Si es que hay errores, no importa, luego vamos a hacer reformas, dijo la asambleísta Valentina Centeno. No se trata de trabajar al apuro, sino de hacer un trabajo integral".

Cucalón reconoce que los proyectos económicos impulsados por el ejecutivo contienen iniciativas positivas en materia de seguridad, pero cuestiona la técnica legislativa: "Estas leyes tienen vicios de procedimiento y han violentado la unidad de materia. Hay una bandera con un poco de fanesca, un poco de chaulafán...".

Cuestiona, por ejemplo, que se hayan incluido reformas penales dentro de leyes económicas sin que haya coherencia con el marco actual, la máxima condena en Ecuador es de 26 años por asesinato y femicidio pero en la Ley para Economías Criminales se establecen penas de 30 años para quién lidere un GDO. Esto, según el exministro, rompe con la proporcionalidad del sistema penal y el la Comisión de justicia deberá trabajar 24/7 para lograr las correcciones necesarias: "Todo el COIP va quedando descuadrado, es un ejercicio jurídico puro. La Comisión de Justicia pasaría a ser una facultad de derecho, es un trabajo muy prolijo, complejo", afirma. Además, advierte que estos errores podrían tener consecuencias profundas en el sistema jurídico del país si no se corrigen a tiempo, y que el apresuramiento legislativo ha dejado de lado un principio esencial: la calidad normativa.

Gobernabilidad sin debate: el costo del apuro legislativo

Játiva debate la celeridad con la que se están tramitando leyes sensibles, como la que regula la situación de niños, niñas y adolescentes infractores. "No puede ser una discusión de 30 días. Debe involucrar expertos, psicólogos, antropólogos, constitucionalistas, academias. Es imperdonable que no se tome en cuenta la ciencia y la academia", afirma.

También plantea preguntas clave que debieron debatirse antes de las aprobaciones: ¿El Estado puede utilizar inteligencia militar para espiar a ciudadanos? ¿Las cooperativas deben ser tratadas como bancos? Játiva subraya que estas cuestiones complejas no pueden resolverse en procesos exprés sin una discusión a fondo.

Además, sobre la Ley de Integridad Pública, advierte que no se ha conocido la posición de los gremios de empleados públicos sobre normas que afectarán directamente su estabilidad laboral. "No se dio esta socialización ni discusión profunda", lamenta, y agrega que no basta con que se aprueben leyes, sino que estas deben responder a un proceso deliberativo riguroso que incluya a los actores directamente involucrados. Para el experto, el apresuramiento está debilitando la calidad democrática del país.

Fiscalizaciones entrampadas

En el caso de CELEC-PROGEN, la fiscalización ha pasado entre comisiones. Cucalón opina: "Pésimo mensaje, ya sea del correísmo u oficialismo. Todo el mundo sabía que fue un contrato fallido". Agrega: "Fiscalizar no es sentenciar. Muchas investigaciones pueden mejorar procedimientos y transparentar la información pública".

Algo similar ocurre con los procesos de fiscalización relacionados con los bonos entregados por el gobierno durante la campaña electoral. Al ser consultado sobre si considera que existe voluntad institucional y técnica dentro de la Asamblea Nacional para afrontar estos procesos, respondió: “Ojalá, porque investigar no es sentenciar, así que ojalá que se lleve adelante”. Añadió que, desde su perspectiva, fiscalizar implica “analizar políticamente y determinar las responsabilidades de carácter político”. Señaló que el control político puede ser proactivo, pero que muchas personas —tanto ciudadanos como malos políticos— creen erróneamente que todo proceso de fiscalización debe culminar en un juicio o una destitución. Por el contrario, muchas investigaciones pueden servir para mejorar procedimientos y constituyen ejercicios de transparencia en la administración pública.

Denuncia también la falta de una oposición republicana: "Como la única oposición visible es el correísmo, al Ejecutivo se le hace fácil. Y por eso como ciudadanos, tenemos que ver una alternativa de una oposición democrática”.

Seguridad: ética e inteligencia, no solo fuerza

La entrega de nuevas competencias a las Fuerzas Armadas, se ha producido en un contexto institucional donde el Legislativo ha aprobado con prisa leyes que otorgan un amplio margen de acción a actores militares y de inteligencia, sin establecer límites precisos ni asegurar mecanismos efectivos de control. En una coyuntura donde la asamblea parece cada vez más subordinada al Ejecutivo, el poder otorgado al aparato militar no ha sido discutido con profundidad ni ha sido equilibrado con garantías ciudadanas. Esta asimetría institucional vuelve aún más urgente una reflexión crítica sobre los límites democráticos del uso de la fuerza y el aparato de inteligencia estatal creado por la nueva Ley de Inteligencia.

Ambos expertos coinciden en que las Fuerzas Armadas deben jugar un rol clave frente al clima de inseguridad y el avance del crimen organizado en el país. No obstante, cuestionan el protagonismo excesivo que se les ha otorgado en los proyectos legislativos recientes, sin que existan mecanismos claros de control y rendición de cuentas. Játiva plantea una reflexión crucial: "¿Cedo mis libertades por seguridad? Es una pregunta que todos los países se hacen". Recuerda el caso de Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre y la aprobación del USA Patriot Act, que permitió intervenciones masivas sin orden judicial.

Considera que, si bien el Estado necesita herramientas para enfrentar amenazas reales, estas deben estar sometidas a controles democráticos. "Es fundamental que haya control sobre quién ejerce esa inteligencia del Estado. Puede ser el control político en la Asamblea, o también desde la Corte Constitucional Ese es un tema que debía quedar reglamentado en la famosa Ley de Inteligencia", indica.

Además, advierte que la militarización no puede ser vista como la única solución. "El crimen crece donde no hay Estado. No hay escuelas, ni oportunidades para jóvenes de 12, 13, 14 años. Allí aparece el narco, que les ofrece 4.000 dólares mensuales. Eso es lo que hay que atacar", señala. Játiva sostiene que se requiere una estrategia integral que combine acción militar con inversión social en salud, educación e inclusión. Como ejemplo de las consecuencias de una estrategia desequilibrada, menciona el caso de México bajo la presidencia de Felipe Calderón, quien declaró la guerra al narcotráfico con una fuerte inversión en armas y helicópteros, pero sin fortalecer la institucionalidad. "El narco seguía comprando generales, jueces, sargentos. Por más equipamiento, si no hay ética institucional, no sirve de nada. La derrota fue inevitable", concluye.

Cucalón no se limita a criticar el estado actual del Legislativo y la forma en que se está tramitando la legislación, sino que también propone una serie de reformas estructurales que considera urgentes para fortalecer la institucionalidad del país. Sugiere que se tome como base el documento elaborado por el colectivo ciudadano por la democracia y la institucionalidad, que en 2019 logró reunir más de 300.000 firmas para respaldar una propuesta de reforma constitucional. Según Cucalón, esta iniciativa marca una hoja de ruta clara sobre los puntos donde existe cierto consenso social y político.

Entre los principales ejes de la reforma a la constitución se incluyen:

• Eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), al que considera un núcleo de conflictividad institucional desde la Constitución de Montecristi.

• Redefinir el rol del Consejo de la Judicatura, que, a su juicio, no debería ser un órgano de gobierno sino meramente administrativo, desligado de la designación de autoridades judiciales

• Fortalecer la Fiscalía General del Estado, que debería actuar con plena autonomía, sin depender de otras instancias.

• Transformar la Asamblea Nacional en un órgano bicameral, compuesto por un Senado y un Congreso con un número reducido de legisladores, para garantizar una representación más técnica y territorial.

• Clarificar las competencias de los gobiernos central, provincial y local, en defensa de la autonomía seccional. 

Para Cucalón, estas reformas permitirían construir una arquitectura institucional más equilibrada, eficiente y libre de las distorsiones políticas que hoy afectan la gobernabilidad.

¿Mayoría legislativa para el control o para reformar el Estado?

Pablo Játiva sostiene que, si bien actualmente existe una forma de gobernabilidad, esta es frágil y coyuntural. "No es una base firme sobre la que se pueda construir a largo plazo. Hay gobernabilidad, pero no por una construcción institucional sólida". Detalla que el panorama es complejo si la tendencia política en el Ecuador es armar una mayoría como sea. “Hay que tener la aplanadora para imponer hay una aplanadora que permite imponer", señala Játiva.

Cuestiona que la clase política evite el debate profundo, anulando la posibilidad de que se discutan reformas estructurales que mejoren la calidad de vida de la población. Para Játiva, la gobernabilidad debe entenderse no como mera estabilidad, sino como la capacidad de construir acuerdos democráticos, deliberativos y duraderos.

Cucalón concluye con una pregunta crucial: "¿La mayoría para qué sirve? ¿Para tomarse la justicia o para reformarla? ¿Para evitar conspiraciones o para subordinarse al Ejecutivo? Esa es la gran cuestión que debería estar en el centro del debate democrático".

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