Pese a las promesas de Noboa, hay Consejo de Participación para rato

¿Qué pasó con la promesa de acabar con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS)? Resulta curioso, por decir lo menos, que el discurso oficial sobre este asunto se haya silenciado por completo. 

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Objetivo largamente acariciado por los ciudadanos demócratas del Ecuador pero siempre burlado por los políticos, en la Asamblea y fuera de ella; explícita oferta de campaña electoral del candidato Daniel Noboa, que hablaba de ese organismo como lo que es desde el día uno de su funcionamiento: una fuente de “corrupción e inestabilidad”; oportunidad perdida de dos consultas populares en dos gobiernos consecutivos… La eliminación del Consejo de Participación Ciudadana o, por lo menos, su reforma para restarle facultades y privarle del peso político que tiene en la actualidad, está siendo nuevamente postergada. Para variar.

De un lado, el oficialismo consolida lo que parece ser una firme mayoría parlamentaria y, con ello, empieza a desvanecerse (no deja de ser un alivio) la idea de una Asamblea Constituyente, en la que el destino del CPCCS habría sido un tema obligatorio. 

En su lugar, se afianza la idea de manejar una serie de puntuales y urgentes reformas constitucionales (administradas con criterio harto demagógico) por la vía parlamentaria. Pero resulta que en la lista de reformas constitucionales prioritarias del gobierno el capítulo CPCCS no aparece por ningún lado: ¿hace cuánto que el presidente y sus voceros no lo mencionan?

Los ofrecimientos en torno al Consejo de Participación

La historia de los intentos de reforma de este organismo es una suma de oportunidades perdidas. Primero fue la equívoca consulta popular de Lenín Moreno, en febrero de 2018: de un lado, desmanteló el CPCCS en funciones y nombró uno transitorio con la facultad de deshacer todos sus entuertos; de otro, sin embargo, estableció que los futuros miembros del CPCCS fueran elegidos por voto popular, lo cual reforzó su legitimidad en lugar de debilitarla. 

Una segunda consulta, impulsada por Guillermo Lasso en febrero de 2023, no hizo sino empeorar las cosas. Para entonces el presidente se encontraba en el punto más bajo de su popularidad (mejor dicho: el más alto de su proverbial impopularidad) y habría perdido sin importar lo que preguntara. Y así fue: propuso quitar al CPCCS su facultad de nominar autoridades de control y perdió; propuso que sus integrantes fueran electos por la Asamblea y no en las urnas y perdió. Doble candado de seguridad, pues, a favor de esta institución indeseable.

El CPCCS hace parte de un conjunto de microorganismos públicos provistos de macropoderes casi mágicos que creó el correísmo para procurarse el máximo control político con el mínimo esfuerzo.

Para empezar, está el Consejo de Administración Legislativa (CAL), una miniasamblea de siete legisladores dentro de la Asamblea, que concede a la mayoría parlamentaria de turno el enorme poder de bloquear o permitir el trámite de leyes, juicios políticos, procesos disciplinarios… Cuyas reuniones, además, por ley no escrita que ha sido celosamente respetada en todas las legislaturas, ni siquiera son públicas: se celebran en reserva entre las cuatro paredes de la sala de reuniones del despacho presidencial. 

Otro microorganismo macropoderoso es el Consejo de la Judicatura: cinco personas, elegidas por el CPCCS a partir de ternas remitidas por los poderes del Estado, tienen en sus manos, vía control disciplinario, la facultad de seleccionar, evaluar, ascender, sancionar, mover, destituir, en fin, administrar en todos sus detalles la carrera de los jueces, lo que se ha traducido más de una vez (con Gustavo Jalkh durante el correísmo, por ejemplo) en el control absoluto del sistema de Justicia. 

Basta con cuatro votos en el CAL, tres en el Consejo de la Judicatura y otros cuatro en el CPCCS, organismo nominador de todas las autoridades de control, desde los superintendentes hasta el fiscal general, pasando por el contralor, el procurador y las defensorías, para tener en las manos al Estado entero. Sale baratísimo.

Y resulta (no es una coincidencia sino una estrategia exitosamente aplicada) que el gobierno del nuevo Ecuador los tiene.

Primero: el CAL. Es suyo. Y lo es hasta el perverso extremo de haber colocado ahí, en representación del correísmo, a una disidente del correísmo. No se pueden quejar los correístas: ellos hacían lo mismo. ¿No constituyeron una comisión dizque multipartidista integrada por seis asambleístas disidentes de otros partidos y aliados suyos, más un oficialista, con la manifiesta misión de tumbar a Guillermo Lasso?

Con el CAL en sus manos, el presidente Niels Olsen se complace en repartir multas y sanciones disciplinarias colegiales a impuntuales, faltones y malportados, muy apropiadas para la Asamblea de mi-primera-chamba. Por lo demás, este dominio es la expresión de lo que ocurre en el Pleno. Esta semana, en la votación de la Ley Orgánica de Seguridad, la bancada oficialista demostró que es capaz de alcanzar la mayoría sin necesidad de contar con los socialcristianos, que hasta ese momento se creían una visagra imprescindible. No lo son. 

La estrategia de ADN

Para lograr los 77 votos decisivos, al gobierno le bastó con virar a un correísta, David Arias. Que lo compraron, dijo Paola Cabezas, y el expresidente prófugo Rafael Correa, alias Jerónimo, alias Ají con Mote, alias Cuatro Pelos, lo llamó “tipejo”. 

Un tipejo al que ellos mismos pusieron como candidato, porque es lo que hay, mejor dicho: lo que tienen. Xavier Lasso se sinceró en una radio y admitió estar preocupado por la desbandada. Parece claro que siempre habrá un tipejo de ese lado para sumar 77 o más.

Segundo: el Consejo de la Judicatura. También lo tienen. De la manera más arbitraria, esta mayoría parlamentaria echó abajo la terna que correístas y socialcristianos ya habían aprobado para la renovación parcial de ese organismo, actualmente reducido a tres de sus cinco miembros. El otro saldrá de una terna del propio Ejecutivo.

Tercero: el CPCCS. Resulta curioso que le dé lo mismo si el cambiazo de las ternas en la Asamblea es constitucional o no. Una vez que la mayoría oficialista echó abajo la terna ya designada, el presidente Andrés Fantoni no perdió el tiempo y ya pidió que le manden una nueva.

Reconocimiento a la ilegalidad en el Pleno

En otras circunstancias este asunto habría sido objeto de largas y engorrosas consultas al procurador o a la Corte Constitucional. Ahora, sin embargo, el CPCCS se allanó de inmediato a la voluntad del oficialismo, por ilegales que sean sus métodos. Instinto de supervivencia, que le dicen.

Así las cosas, la pregunta para el gobierno es la siguiente: ¿por qué diantres habría de eliminar o reformar un organismo que puede ofrecerle tan invalorables servicios? Para los políticos de débiles convicciones democráticas (y está visto que las de quienes integran el gobierno del nuevo Ecuador son escuálidas) el problema con el CPCCS no está en cómo sacárselo del medio o como quitarle facultades hasta tornarlo inofensivo, sino en cómo controlarlo. Porque para los políticos con débiles convicciones democráticas el CPCCS es la clave que conduce hacia lo que tanto buscan: el poder total.

En conclusión, todo parece indicar que habrá CPCCS para rato. Este organismo anómalo y perverso, diseñado en Montecristi para controlar el Estado o para volverlo ingobernable, según se tercie, puede resultar tan útil para el gobierno de Daniel Noboa como lo fue para el de Rafael Correa. Los apóstoles del nuevo Ecuador se acomodan perfectamente con las aberraciones del viejo.

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