Inseguridad Guayaquil: A nadie se le cae la cara de vergüenza | Por Roberto Aguilar

Si de verdad el Gobierno del nuevo Ecuador tuviera una política contra el crimen y la inseguridad, un plan, una estrategia, es indudable que algún papel le correspondería en ella al Municipio de Guayaquil, una de las ciudades más inseguras y violentas del país. Como no la tiene, ni siquiera siente la necesidad de coordinar acciones con las autoridades locales. 

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Más aún: hace alarde de despreciarlas. Ayer, la gobernadora del Guayas, Zaida Rovira, estaba invitada a la reunión del Consejo de Seguridad Cantonal, convocada por la Alcaldía, pero prefirió ocupar su tiempo (¿perderlo?) en un nuevo recorrido por la Bahía (que lo haría tres veces por semana, había dicho), para escuchar otra vez las propuestas de los ciudadanos que ya escuchó este lunes, que no habrán cambiado significativamente desde entonces y que ya debería sabérselas de memoria. Es el fetiche del “trabajo en territorio” elevado a la más inservible de sus modalidades: la modalidad desplante.

Lo insólito es que a nadie se le caiga la cara de vergüenza. Entre el primero de enero y el 31 de mayo de 2025, es decir en el lapso de los cinco últimos meses, Guayaquil sumó 1.222 asesinatos reconocidos por el comandante de Policía de la Zona 8 (a razón de ocho diarios) y 384 extorsiones (‘vacunas’) denunciadas, con la fundada sospecha de que las no denunciadas deben ser significativamente más numerosas. 

No entran en este cómputo los crímenes de junio: los cuatro comerciantes cuyos cadáveres fueron encontrados en una cisterna de Nueva Prosperina; los ocho homicidios perpetrados en distintos puntos de la ciudad el pasado fin de semana; la pareja víctima de los sicarios en la puerta de una escuela en Mucho Lote; los diez asesinatos del martes; la bomba que no cobró víctimas en la Bahía pero dejó a la ciudad con el alma en un hilo, porque demostró que en ningún lugar se está a salvo… En medio de la peor crisis de violencia de la historia de Guayaquil, la negativa de las autoridades del Gobierno a conversar con las del Municipio es algo peor que una vergüenza: es una tragedia.

La gobernadora se contradice. El lunes le dijo a Diario EXPRESO: “La seguridad es responsabilidad de todas las autoridades: Gobierno, municipios, de todas”. El martes, ante una invitación del alcalde Aquiles Álvarez (“Le abro las puertas de todo el Municipio, veámonos todos los días”, había dicho), se lo sacó de encima con grosería y todo: “Aquiles tiene que saberlo, no voy a reunirme con él. Aquiles, no me reuniré contigo porque yo no tengo tiempo para tardes de té”. 

O sea que “la seguridad es responsabilidad de todas las autoridades”, pero ¿cada una por su lado? ¿Eso está diciendo la gobernadora? Por lo demás, Zaida Rovira no hace sino repetir la política oficial de Carondelet expresada también por el ministro de Gobierno, José De La Gasca: “Creo que el alcalde tiene cuentas que rendir a la justicia”, dijo él en radio Sucre, “así que, que se ocupe de rendir las cuentas a la justicia antes de estar buscando acá cómo evadir las responsabilidades”.

Absurda declaración, esta de De La Gasca, por partida cuádruple. Primero, porque cuentas que rendir a la justicia también las tiene, y por un caso idéntico (presunto tráfico de combustibles), la empresa Petronoboa, vinculada al hermano del presidente de la República, Santiago Noboa. Segundo, porque Aquiles Álvarez las está rindiendo, no se ha escondido, aunque el proceso se dilata. Tercero, porque el hecho de tener problemas con la justicia no le quita su condición de alcalde de Guayaquil y, por tanto, de autoridad con la que debería contar el Gobierno para ejecutar cualquier estrategia de seguridad para la ciudad (en caso de tenerla, claro). Cuarto, porque no parece estar tratando de “evadir responsabilidades” el alcalde de Guayaquil, al contrario: está reclamando trabajo conjunto. Salvo que De La Gasca sepa algo que no dice.

La pelea entre Julio César Neira y Fernando Cornejo 

A esta serie de desplantes desafortunados que las autoridades del Gobierno han protagonizado en los últimos días, se suma el tira y afloja entre el titular de la Empresa Pública Municipal de Seguridad (Segura EP), Fernando Cornejo, y el secretario de Integridad y director del Servicio de Contratación Pública (Sercop), José Julio Neira. 

Primero, en una entrevista para este Diario, Cornejo responsabilizó al Sercop de haber bloqueado la inversión municipal para poner en marcha un servicio de guardianía. Neira respondió con un vago (en el sentido de poco concreto) comunicado público en el que anunciaba la decisión de suspender esos contratos por haberse detectado en ellos una serie de irregularidades que no termina de especificar. 

En medio de mucha palabrería, algo dice de “prácticas restrictivas que limitan la participación de los oferentes”, pero sin dar ningún detalle. Veinticuatro horas más tarde, cuando Cornejo aseguraba haber respondido ya a la mayoría de observaciones, Neira sorprendía con un bombazo en su cuenta de X: la acusación documentada de que Cornejo carga con más de cien impedimentos para ejercer cargos públicos. Básicamente, por ser deudor del Estado (del SRI, de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, del IESS…).

Lo último es la campaña orquestada en redes sociales contra Cornejo por lo que parece ser un conjunto de cuentas troll al servicio del Gobierno: acusaciones de corrupción que involucran también a la vicealcaldesa Tatiana Coronel, de quien dicen es su novia y benefactora. Que ella le consigue contratos truchos, dicen los trolls.

Así, las posibilidades de que Gobierno y Municipio se sienten en una mesa para coordinar políticas de seguridad en beneficio de Guayaquil se desvanecen en un océano de chismografía. ¿Ha detectado el Gobierno algún problema de corrupción en el director de Segura EP? Sus autoridades deberían señalarlo sin ambigüedades, sin indirectas, sin trolls. Más aún: deberían denunciarlo. ¿Por qué no lo han hecho? Y Cornejo, ¿está impedido de ocupar un cargo público, como asegura Neira? Aquiles Álvarez debería tomar cartas en el asunto. Lo que no puede ocurrir es que las diferencias políticas entre el Gobierno y el Municipio terminen anteponiéndose al bienestar de una ciudad secuestrada por el crimen. Eso es, a su manera, otro crimen.

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