Impacto de la negativa de la Asamblea Nacional en la autonomía de los GAD en Ecuador
Legisladores de ADN votaron en contra de ratificar transferencia directa de recursos a Gobiernos Autónomos Descentralizados
El jueves 17 de julio, el Pleno de la Asamblea Nacional no ratificó el proyecto de ley que aseguraba la transferencia directa y oportuna de los recursos a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), que ya había sido objetado el 5 de junio del 2024 por el presidente de la República, Daniel Noboa.
La moción para aprobar el texto obtuvo 68 votos en contra, la mayoría de legisladores pertenecientes a Acción Democrática Nacional (ADN), 67 votos a favor y tres abstenciones. Según Lucía Pozo, presidenta de la Comisión de Gobiernos Autónomos, el contenido del proyecto contradice la normativa vigente.
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La asambleísta expuso que el artículo 118 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas determina la liquidación cuatrimestral para los ajustes respectivos, por lo que, según explicó, aplicarlo no es viable.
Esta decisión trajo reacciones inmediatas. En el Concejo Cantonal de Guayaquil, las ediles Cinthia García, del Partido Social Cristiano (PSC); y Blanca López, de la Revolución Ciudadana (RC), rechazaron la decisión de la mayoría parlamentaria respecto a la distribución directa de asignaciones a los GAD.
Retraso en las asignaciones a GAD, una práctica común en los gobiernos centrales
La reciente negativa de la Asamblea Nacional para aprobar la transferencia inmediata de recursos a los GAD refleja una práctica histórica del poder central, según el analista económico Jorge Calderón.
Explicó que los últimos gobiernos -no solo el actual- han preferido manejar los fondos públicos con discrecionalidad, priorizando otras obligaciones por encima de las transferencias a municipios y prefecturas, lo que ha derivado en una constante postergación de pagos.
Calderón calificó esta dinámica como una forma de “bicicleteo”, es decir, un retraso sistemático en la entrega de los recursos, que luego se actualizan con pagos que no corresponden necesariamente a lo que los GAD necesitan en ese momento, sino a deudas acumuladas.
Esta forma de administración, explicó, permite al Gobierno central mantener liquidez para atender otros compromisos, como pagos a proveedores o a organismos multilaterales, lo que en su opinión explica por qué desde el Ejecutivo era previsible el rechazo a un sistema de asignación automática.
El pago con bonos, una opción que merma las asignaciones a los GAD
El proyecto de ley rechazado proponía la creación de subcuentas en el Banco Central para que los recursos recaudados en cada territorio fueran redireccionados de manera directa a los GAD, sin intermediación del Ejecutivo.
No obstante, con la decisión legislativa, continuará el modelo actual de transferencias cuatrimestrales, un esquema que, según Calderón, ni siquiera se cumple de manera regular y que mantiene a los municipios con atrasos que dificultan la ejecución de obras y el cumplimiento de sus planes de desarrollo.
Desde una óptica técnica, Calderón insistió en que lo más adecuado sería que los gobiernos locales reciban sus asignaciones presupuestarias de forma inmediata, ya que los retrasos no solo afectan su planificación, sino que también los obliga a recurrir a mecanismos como la venta de bonos, que terminan castigados por las instituciones financieras con descuentos significativos. Este desfase en los pagos, señaló, implica una pérdida económica adicional para los GAD.
Finalmente, el analista advirtió que mientras no se cumplan las normativas existentes -incluso dentro del modelo actual-, el problema persistirá.
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“Los atrasos han llegado a representar miles de millones de dólares”, dijo, y agregó que la situación fiscal del país se ha deteriorado por factores como la caída del precio del petróleo, lo que agrava la falta de liquidez y amenaza con seguir afectando a los gobiernos seccionales.
Calderón llamó a que, al menos, se garantice el cumplimiento efectivo del modelo vigente, para que los municipios puedan ejecutar sus obras sin depender de pagos inciertos.
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