La violencia en Guayaquil vuelve invisibles a las autoridades

Los guayaquileños ya no pueden más. Reconocen vivir con terror y en un estado de alerta que, cada semana, a causa de los hechos violentos registrados en la ciudad, los mantiene incluso con taquicardia.

En el norte de Guayaquil, en la décima etapa de la Alborada, a Romina Chalén hasta el sonido de las motos la pone tensa. “Siento que son balas, siento psicosis aun estando dentro de casa. El fin de semana anterior, el tubo de escape de una se dañó y el estruendo fue mayor al anterior. Tomé a mi nieto y le dije que se agachara bajo la cama. Eso es insólito. Luego sentí vergüenza y rabia por vivir así. ¿Qué tipo de vida estamos llevando? No hay mes en que no nos quejemos de esto, pero nada se hace para recuperar la cotidianidad. El último asesinato de una familia, registrado este 3 de septiembre en la ciudadela El Rotario, distrito Nueva Prosperina, uno de los más violentos de la ciudad, confirma que el miedo y las amenazas a las que estamos sometidos no son inventadas. Fueron asesinados seguramente por extorsiones, la razón principal del crimen en Guayaquil. Es doloroso”, se quejó Chalén, quien lamenta que las familias se vayan desmoronando o desapareciendo por “culpa de la violencia”.

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La madrugada del jueves 28 de agosto, como publicó entonces EXPRESO, un trabajador del Municipio de Guayaquil y su familia fueron asesinados en el interior de su vivienda, ubicada en el bloque 5 de Flor de Bastión, también en el noroeste.

La Policía atribuyó el violento ataque a la organización Los Tiguerones, por supuestas extorsiones. El caso de este 3 de septiembre, según las primeras investigaciones, apuntaría a lo mismo.

Doménica Peñasco, quien también vive en el norte de Guayaquil, en Los Vergeles, exige que la Alcaldía y el presidente Daniel Noboa pongan fin a estos hechos “de la manera que sea, y con acciones reales”.

Peñasco, una de las víctimas de las extorsiones —razón por la que cerró la heladería que abrió con su padre— ve con incredulidad que la reunión del pasado 2 de septiembre entre Álvarez, los alcaldes de Quito y Cuenca, y representantes del Gobierno, previo a la visita oficial del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio —a quien se le presentará un informe con diagnóstico y propuestas sobre seguridad, migración y cooperación bilateral— dé buenos resultados.

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“Ya perdí la confianza en las autoridades. Todas son espectadoras de lo que pasa: de las masacres que ocurren. Al presidente Noboa no le importa que el ciudadano común viva con miedo. Al alcalde parece que tampoco le importa que, al salir a un restaurante, nos levantemos o se nos paralice el corazón cada vez que llega un motorizado, que termina siendo un delivery. Estamos sobreviviendo, experimentando una vida anormal. Si la llegada de Rubio da paso a nuevas medidas —cadenas perpetuas, 20 o 30 años de cárcel para jueces y fiscales corruptos, no más defensa ni medidas blandas al ladrón, aunque tenga 14 años— ellos no deben ir a los Centros de Adolescentes Infractores, sino a la cárcel de adultos. Ellos no sienten pena por desbaratar una familia o lanzar bombas. ¿Por qué nosotros sí? Suena duro, pero así de duros nos está haciendo este país”, se quejó.

Para líderes barriales como Néstor Moreira y Valeria Sandoval, del sur de la ciudad, lo registrado en Nueva Prosperina refleja lo que sucede en cada rincón del Puerto Principal.

“Nos están cazando donde y como sea. Hay extorsiones en viviendas, tiendas, mercados, iglesias y expresos escolares. Estamos extorsionados casi todos: adultos, niños, ancianos, todos... Nos estamos volviendo locos, llenando los consultorios de salud mental y nadie hace nada”, sentenciaron.

Sobre este punto, los psicólogos guayaquileños Javier Valenzuela y Nicolás Moreno confirman que cada vez reciben más pacientes con apatía, pérdida de interés en la vida cotidiana y sensación de desesperanza.

“Tengo adultos jóvenes de entre 25 y 45 años con insomnio, pesadillas o sueño intermitente; o con inseguridad extrema a la hora de emprender o ir a trabajar. Vienen además con dolores de cabeza o musculares relacionados con la tensión emocional. Su salud se está deteriorando”, reconoció Moreno, quien atiende a un 60 % más de pacientes con estas causas y síntomas que en mayo pasado.

Valenzuela, con estadísticas similares, ha atendido también a jóvenes con taquicardia. “En su círculo cercano, padres, familiares o amigos han sido ‘vacunados’ o recibieron panfletos. Ven la muerte como algo cercano y, por ello, hasta para ir a comprar pan piden vigilancia de sus padres o guardias del barrio”, explicó.

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Esto lo hace, por ejemplo, Julián Pino, de 17 años, en la Pradera 3. A las 6:30 se dirige a una tienda ubicada a cuatro cuadras y su tío lo acompaña desde la puerta.

 “Han matado solo este año a unas cinco personas aquí, incluso por extorsiones. No quiero ser una víctima más. Si pudiera me iría de esta ciudad, incluso del país”, reconoció.

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Para él, y también para la maestra Julissa Robles, de 37 años y residente de la Garzota, aunque desde la Alcaldía se escuchan promesas sobre recuperar Guayaquil, la confianza no se recupera. “Escuché al alcalde decir que estaba dispuesto a apoyar la lucha contra cualquier cartel, cualquiera que sea, porque lo único que quiere es la paz. Y está bien, eso le creo. Mi duda es cómo lo hará si cada semana hay pleitos entre el gobierno local y Daniel Noboa. Hay hojas de ruta que pueden funcionar, pero si no se sientan a hablar, como la gente y priorizando el territorio, todo lo perderemos: empezando por la libertad y la dignidad, y terminando con la vida. Eso es lo que va a pasar”, sentenció.

La violencia obliga a huir a familias enteras

Quince minutos antes de la matanza que acabó con la vida de sus padres, su único hermano y hasta de su mascota, Melanie compartió una merienda con ellos. Luego regresó a su vivienda, ubicada en diagonal a la casa donde sus progenitores habían vivido durante 25 años, en la ciudadela Rotario, en el noroeste de Guayaquil.

La joven, de 24 años, descansaba en su cama cuando escuchó los golpes que los delincuentes daban al candado del cerramiento, una protección improvisada por los moradores, con la intención de ingresar y ejecutar a las tres víctimas.

El crimen de Aida del Carmen Jiménez Vera, de 61 años; Marco Antonio Rosero López, de 63; y su hijo James Marcos Rosero Jiménez, de 28, se registró alrededor de las 00:30 de ayer. Los fallecidos eran cristianos evangélicos. En la puerta de ingreso y en la pared frontal de la casa aún permanecen mensajes bíblicos escritos por la familia.

La sobreviviente relató que desconoce las razones del ataque que segó la vida de su padre, comerciante de zapatos y correas; de su madre, dedicada a pintar uñas; y de su hermano, que vendía arroz.

“Esa noche habíamos merendado juntos. Yo me retiré minutos antes a mi casa y fue a las 00:30 cuando escuché los disparos. Oía cómo intentaban abrir, cómo golpeaban para entrar al sector. Cuando se fueron, llamé por teléfono a mi mamá y como no contestaba salí a ver si estaban bien. Entonces me di cuenta de que eran ellos”, contó Melanie.

Agregó que sabía que varios vecinos habían abandonado sus casas por amenazas, pero aseguró que desconocía si sus padres y su hermano habían recibido advertencias o panfletos extorsivos.

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El teniente coronel Roberto Pastor, jefe del distrito Nueva Prosperina -la jurisdicción con más asesinatos en la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) y del país- indicó que se trató de una muerte selectiva.

“Los causantes ingresaron directamente a esa vivienda. Este joven de 28 años no vivía ahí, solo estaba de visita. Sus padres son víctimas colaterales, lamentablemente. Llegaron en motos, rompieron las seguridades del callejón y luego las de la casa”, explicó.

El oficial detalló que en el sitio se encontraron indicios balísticos de fusiles y pistolas. “Presumimos que una estructura criminal intenta retomar el control de ese territorio”, añadió.

Otra fuente policial informó que en las dos habitaciones se hallaron los tres cuerpos y que, según vecinos que prefirieron no identificarse por temor, James Rosero habría pertenecido a un grupo de delincuencia organizada, información que está siendo investigada.

Sin embargo, residentes contaron a este Diario que varias familias han abandonado sus hogares debido a las constantes extorsiones. “Nos cobraban 100 dólares como cuota inicial y luego 10 dólares semanales. No sabemos si esta fue la razón del ataque contra nuestros vecinos, aunque no nos sorprendería, porque aquí nos extorsionan siempre”, reveló un habitante.                                         AEB

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