Descargas industriales al río Daule siguen sin responsables públicos
Informes oficiales y auditorías revelan un control disperso de las descargas industriales. Los nombres siguen sin conocerse
La alerta está encendida y la molestia ciudadana crece en Guayaquil. No se trata solo de una percepción aislada ni de comentarios en redes sociales. La semana pasada, el propio Municipio informó que al menos 90 industrias registran descargas no domésticas en el sistema de alcantarillado de la ciudad, una práctica que no está permitida por la normativa ambiental vigente y que, de acuerdo con criterios técnicos, afecta el tratamiento de las aguas residuales que finalmente desembocan en el río Daule.
Según información técnica difundida por EMAPAG, estos vertidos recorren extensos tramos del alcantarillado sanitario hasta llegar a las lagunas de oxidación Guayacanes–Samanes, en el norte de la ciudad, y a la futura Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Los Merinos, actualmente en construcción. En ese trayecto, como ha publicado EXPRESO, se alteran los procesos biológicos del sistema, se genera inestabilidad operativa y se explican, en parte, los episodios de malos olores, que se intensifican durante la temporada invernal.
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Sin nombres, sin sanciones visibles
La reacción ciudadana no ha tardado en manifestarse, sobre todo porque, pese a la gravedad de la alerta, los nombres de las empresas involucradas no se han hecho públicos y el estado de los eventuales procesos sancionatorios no ha sido detallado.
“Si están descargando químicos, ¿por qué no las clausuran? ¿Quiénes contaminan el río? ¿Nuestra salud está en riesgo?”, se pregunta Horacio Beltrán, residente del sector Samanes, una de las zonas que convive a diario con los olores que emanan de las lagunas.
Las limitaciones técnicas detrás del silencio
Desde una lectura jurídica, el abogado con experiencia en derecho ambiental y delegado provincial de la Defensoría del Pueblo hasta diciembre pasado, Gonzalo Ortega, sostiene que la falta de información pública no responde únicamente a decisiones administrativas, sino también a limitaciones estructurales del sistema de control ambiental.
Explica que Guayaquil opera con dos sistemas diferenciados de drenaje: sanitario y pluvial, y que parte de las descargas irregulares no ingresaría al sistema sanitario monitoreado, sino al pluvial, que no cuenta con mecanismos de control en tiempo real ni sensores de calidad.
Ese escenario, señala Ortega, dificulta la identificación precisa del origen de los vertidos y retrasa los procesos administrativos correspondientes. A diferencia de otras ciudades que han incorporado monitoreo inteligente y sensores de bajo costo, Guayaquil continúa dependiendo de inspecciones puntuales y cruces de información posteriores.
“La tecnología hoy permite identificar descargas en tiempo real. Aquí, en muchos casos, se actúa cuando el problema ya es evidente”, indica.
El debate público se cruza, además, con la discusión sobre transparencia y acceso a la información ambiental. Ortega subraya que el debido proceso debe respetarse, pero recuerda que la información ambiental tiene carácter público, especialmente cuando están involucrados derechos colectivos.
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El informe defensorial y el agua potable
En paralelo, un informe de la Defensoría del Pueblo del Ecuador, al que tuvo acceso EXPRESO, concluyó en diciembre de 2025 que no existen evidencias de afectación a la salud de la población por el agua potable distribuida en Guayaquil. El pronunciamiento consta en el Informe Final N.º 105-DPG-2025, elaborado tras una investigación iniciada de oficio por posibles descargas contaminantes al río Daule.
El documento recoge resultados de monitoreos realizados por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA), que señalan que el agua para consumo humano cumple con la norma técnica INEN 1108. Con base en esos datos, la Defensoría determinó que no se configura una vulneración al derecho a la salud ni al servicio público de agua potable.
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No obstante, el informe también reconoce la existencia de descargas fuera de norma y la apertura de procesos administrativos contra Interagua, además de advertir que la contaminación del río Daule no puede evaluarse de manera aislada, ya que existen fuentes de afectación aguas arriba, asociadas a industrias con descargas no autorizadas, sobre las cuales no se evidencia un control sostenido.
Ese punto es central en el análisis de Ortega, quien considera que la respuesta estatal sigue siendo sectorizada frente a un problema de escala de cuenca. A su criterio, sin una gestión integral, los controles locales resultan insuficientes.
La disputa por las competencias ambientales
La situación se enmarca, además, en una disputa de competencias institucionales. Hasta enero de 2025, el Municipio de Guayaquil ejercía el control ambiental local, pero perdió la acreditación tras una auditoría del Ministerio del Ambiente y Energía, que detectó 105 inconformidades. Desde entonces, la Prefectura del Guayas asumió esa competencia de forma temporal.
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Desde la Prefectura, la prefecta Marcela Aguiñaga confirmó a EXPRESO que ya recibieron el informe remitido por EMAPAG y que, a partir de esa información, se identificaron dos grupos de empresas.
“Hay un grupo que ha sido notificado, en el que se presume el incumplimiento de la normativa ambiental, y otro conformado por industrias de gran tamaño que generan empleo y sostienen la balanza comercial del país”, señaló.
Aguiñaga explicó que el enfoque de la Prefectura no apunta a clausuras inmediatas, sino a la implementación de planes de intervención de corto, mediano y largo plazo, que incluyan inversiones orientadas a mitigar progresivamente los impactos ambientales. Indicó que varias empresas ya han sido notificadas y deberán presentar planes de cumplimiento ambiental.
Sobre la coordinación interinstitucional, precisó que el Municipio habría notificado a otro grupo de empresas directamente al Ministerio del Ambiente, por lo que la Prefectura solicitó que esas notificaciones sean remitidas formalmente, al tratarse de una competencia que actualmente le corresponde ejercer.
En cuanto a las eventuales sanciones, sostuvo que el objetivo de la gestión ambiental no es recaudatorio, sino reducir los efectos contaminantes. No obstante, advirtió que si las empresas no cumplen con la normativa, una vez agotados los procedimientos, sí se aplicarán sanciones económicas.
Auditorías, observaciones y el rol de EMAPAG
Sobre este escenario, la ministra del Ambiente, Inés Manzano, afirmó que no existieron vacíos institucionales, al señalar que las competencias quedaron en manos de la Prefectura. También confirmó que el ministerio mantiene una auditoría en curso para verificar el ejercicio de esas funciones y que, de encontrarse incumplimientos, se podrían adoptar medidas adicionales.
La ministra recordó, además, que una de las observaciones detectadas en la auditoría fue la falta de control sobre las descargas industriales. En respuesta a EXPRESO, EMAPAG confirmó la identificación de aproximadamente 90 industrias con descargas no domésticas y señaló que esa información ya fue notificada a las autoridades competentes.
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La empresa pública reiteró que la PTAR Los Merinos está diseñada para tratar aguas residuales domésticas y que no puede reemplazar la obligación legal de las industrias de tratar sus propios efluentes, una situación que, de asumirse, implicaría costos adicionales para el sistema público de saneamiento.
Para Ortega, mientras no exista coordinación interinstitucional, monitoreo tecnológico y acceso oportuno a la información, el control ambiental seguirá siendo limitado. “El marco legal existe y la tecnología también. El reto es ordenar la cuenca como un solo sistema”, concluye.
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