Guayaquil respira lo que las industrias descargan en su red sanitaria

Guayaquil enfrenta un desafío ambiental y sanitario. La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (Emapag) advirtió el pasado 13 de enero lo que por años los guayaquileños han venido denunciando “sin ser escuchados”: que prácticas industriales inadecuadas están afectando el sistema de tratamiento de aguas residuales, diseñado principalmente para recibir descargas domésticas.

Entre los principales problemas se encuentran los efluentes industriales sin tratamiento previo obligatorio y el uso excesivo de químicos en procesos productivos, que generan sobrecargas en la red sanitaria y amplifican los malos olores que afectan a barrios cercanos a las plantas de tratamiento.

Un problema que la ciudad viene denunciando desde hace años

En sectores como Sauces, Guayacanes, Samanes y distintas etapas de la Alborada (solo por citar algunos de los más afectados), el olor se percibe de forma constante. En determinadas ocasiones, según han denunciado residentes también a EXPRESO, la fetidez alcanza incluso a La Puntilla, en Samborondón.

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“Este es un problema histórico que nunca ha sido remediado, pese a las denuncias, reclamos y cuestionamientos que, sin mayor efecto, incluso llegaron años atrás a la Asamblea. Guayaquil siempre ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que las empresas estén realizando pésimas y peligrosas descargas de aguas hacia nuestros ecosistemas. A eso se sumó, en su momento, el colapso de las plantas de aguas residuales, lo que agravó aún más la situación. Hoy, por fin, un informe nos da la razón. Sin embargo, habrá que ver qué cambios se logran a partir de esto”, manifestó la ingeniera ambiental Hellen Zapata, residente de Samanes.

90 industrias incumplen la normativa de vertidos

Sobre los hallazgos, el gerente general de Emapag, David Ortiz, informó a través de un comunicado que aproximadamente han sido identificadas 90 industrias que incumplen la normativa nacional sobre vertidos.

Los desechos (entre ellos restos de harina de pescado y productos químicos industriales) recorren extensos tramos de la ciudad hasta llegar a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Los Merinos, ubicada junto a las lagunas de oxidación Guayacanes-Samanes, lo que afecta la eficiencia de los procesos biológicos de depuración.

“Imagínense desechos de harina de pescado que vienen desde la vía a Daule, cruzan toda la ciudad hasta llegar acá. Y con el calor es justamente cuando se generan mayores olores”, advirtió Ortiz.

Químicos y tensoactivos que colapsan el sistema

Las alertas ciudadanas no son nuevas. Los reclamos se repiten no solo por los olores fétidos, sino por la falta de control y de acciones concretas por parte de las autoridades locales y del Gobierno central. “Siempre se dice que quienes provocan la contaminación en los ramales del estero Salado son las industrias. Pero nadie hace nada: no hay sanciones, no se dan nombres, todo queda en papel”, lamentó Homero Santander, residente de la ciudadela Kennedy.

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Otra amenaza detectada corresponde a los tensoactivos, presentes en jabones y detergentes industriales, cuyos niveles triplican la norma internacional y dificultan los procesos biológicos en las plantas de tratamiento. De acuerdo con Emapag, esta situación genera riesgos tanto para la salud de la población como para el medio ambiente, al afectar ríos, lagunas y la calidad del aire en zonas aledañas.

Expertos advierten fallas estructurales en el control estatal

A este diagnóstico se suma el criterio del ingeniero Xavier Salgado, especialista en Agroecología y Desarrollo Sostenible, quien subraya que toda empresa está obligada a contar con su propia planta de tratamiento de aguas y que este tipo de incumplimientos no debería persistir.

Añade que el agua debe ser devuelta a las cuencas hídricas filtrada y depurada, libre de químicos que alteren el equilibrio del recurso hídrico. Y que una vez identificadas las industrias responsables, corresponde aplicar medidas inmediatas mientras se verifican los procesos de tratamiento.

Salgado advierte que este no es un problema reciente. Recuerda que ya en 2010 fueron identificadas cerca de 200 empresas que vertían químicos en los ecosistemas, un escenario que derivó en sanciones ambientales que, con el tiempo, quedaron sin efecto. Para el especialista, la persistencia (e incluso agravamiento) de la contaminación evidencia una falla estructural en el control estatal.

Frente a este escenario, Emapag ha solicitado una acción conjunta con el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de la Producción, con el objetivo de garantizar que las industrias cumplan la normativa vigente y reduzcan los riesgos para la ciudad.

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Ortiz recalcó que asumir desde la Municipalidad el tratamiento de estos vertidos industriales implicaría un alto costo económico que terminaría trasladándose a la ciudadanía, pues significaría subsidiar procesos que por ley deben ser asumidos por las empresas.

El reclamo ciudadano: nombres y sanciones

Con el fin de ofrecer más información a la ciudadanía, EXPRESO solicitó una entrevista con el gerente general de Emapag para profundizar en los alcances del problema, conocer qué industrias han sido identificadas como responsables de las descargas sin tratamiento y qué medidas concretas se han adoptado frente a esos incumplimientos. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición la entrevista no fue concedida.

Este Diario también pidió precisiones sobre el volumen de vertidos industriales que recibe diariamente la planta Los Merinos, el impacto de estas descargas en su eficiencia operativa y las acciones que se están ejecutando para mitigar los malos olores. Asimismo, se consultó qué medidas se adoptarían en caso de que los ministerios no concreten una reunión para abordar esta problemática de manera interinstitucional. Pero las respuestas quedaron en el aire.

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Para Zapata, urge que el caso se transparente. “Guayaquil merece saber quiénes lo están contaminando. Y más allá de eso, merece saber qué están haciendo las autoridades al respecto. Decir que 90 contaminan es no decir nada. Necesitamos nombres y sanciones. Que las clausuren hasta que dejen de manchar nuestros cuerpos de agua”, sentenció.

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