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Caso Las Malvinas: Procuraduría pide que la CC aclare sentencia

La entidad cuestiona el alcance de la sentencia de la Corte Constitucional en el caso de la desaparición de los cuatro niños

Fallo. Según la CC, el Estado es responsable de la desaparición forzada de los cuatro niños del caso Las Malvinas.

Fallo. Según la CC, el Estado es responsable de la desaparición forzada de los cuatro niños del caso Las Malvinas.Foto: Archivo/ Expreso

MONICA JARA CHERREZ
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Mónica Jara Chérrez

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La Procuraduría General del Estado presentó un pedido de aclaración y ampliación a la Corte Constitucional (CC), en el que solicitó que la entidad explique 13 puntos sobre la sentencia del caso 1732-25-EP/26, en el cual el organismo declaró al Estado como responsable de la desaparición forzada de Josué, Ismael, Steven y Nehemías, los cuatro niños de Las Malvinas.

En un documento de 17 páginas, Jorge Albornoz, delegado del procurador, solicitó que la CC aclare cómo justifica la existencia de una desaparición forzada dentro de una acción de hábeas corpus, así como la forma en la que el fallo “no vulneraría el derecho al juez natural”, cuando dicho delito corresponde a jueces penales.

En los otros puntos, además, pide conocer las justificaciones sobre cómo la resolución “no afecta” distintos derechos como la presunción de inocencia y el acceso al doble conforme, y que no deja a los procesados sin el recurso de apelación.

La Procuraduría dijo que solicitaba las aclaraciones al considerar que el máximo organismo de administración de justicia constitucional “invadió las competencias que no le corresponden y desnaturalizó el hábeas corpus”. Esto porque, según la entidad estatal, dicho recurso tiene como fin la recuperación de la libertad de quien haya sido detenido de forma ilegal o proteger la vida de los aprehendidos.

Secretario jurídico también cuestionó a la CC

El pedido de aclaración y ampliación se conoce después de que el secretario jurídico de la Presidencial, Enrique Herrería, cuestionó públicamente la sentencia al considerar que podría generar controversia jurídica. "La Corte aborda el tema y, saliéndose de lo que significa el hábeas corpus, expande sus atribuciones", manifestó el 11 de marzo de 2026, un día después de que la CC emitiera su fallo.

A través del recurso, la entidad que defiende jurídicamente al Estado también cuestionó las medidas de reparación que la CC ordenó a la Asamblea Nacional, al Ministerio de Economía y a los municipios, “si la sentencia afirma que no determina responsabilidades individuales”.

Estas son los temas que la Procuraduría pidió a los jueces de la Corte Constitucional que "aclare":

  • "C√≥mo justifica la Corte Constitucional que, dentro de una garant√≠a de h√°beas corpus, cuya finalidad es verificar la legalidad de la privaci√≥n de libertad y adoptar medidas urgentes de protecci√≥n, se haya declarado la existencia de una desaparici√≥n forzada.
  • Cu√°l es el fundamento constitucional y legal que permitir√≠a a la Corte Constitucional crear la categor√≠a de ‚Äúdesaparici√≥n forzada constitucional‚Äù, inexistente en la Constituci√≥n, en la ley y en el derecho internacional.
  • C√≥mo no se vulnerar√≠a el derecho al juez natural, cuando en la sentencia se afirma que los hechos constituyen desaparici√≥n forzada, pese a que la determinaci√≥n de la existencia de delitos corresponde de manera exclusiva y excluyente a los jueces penales.
  • C√≥mo justifica la Corte Constitucional que, aplicando est√°ndares probatorios propios de las garant√≠as jurisdiccionales ‚Äîcomo la valoraci√≥n de probabilidad, inversi√≥n de carga de la prueba, el uso de presunciones y la flexibilizaci√≥n de la carga de la prueba‚Äî se haya declarado la existencia de desaparici√≥n forzada, pese a que en el proceso penal rige el est√°ndar de prueba m√°s all√° de toda duda razonable.
  • C√≥mo la Corte Constitucional no sustituye al juez penal natural, cuando la sentencia no se limita a constatar una posible vulneraci√≥n de derechos, sino que reconstruye los hechos, los califica jur√≠dicamente y concluye que se configur√≥ el delito de desaparici√≥n forzada.
  • C√≥mo justifica la Corte Constitucional que su pronunciamiento no afecta el derecho a la presunci√≥n de inocencia, cuando declara la existencia de desaparici√≥n forzada pese a que el proceso penal correspondiente no cuenta con sentencia ejecutoriada.
  • C√≥mo la Corte Constitucional no vulnerar√≠a el derecho al doble conforme, cuando su sentencia fija anticipadamente la calificaci√≥n jur√≠dica de los hechos y declara la existencia de un delito, reduciendo el margen de decisi√≥n del tribunal penal llamado a resolver el recurso de apelaci√≥n.
  • C√≥mo justifica la Corte Constitucional que su decisi√≥n no deja sin contenido real el recurso de apelaci√≥n dentro del proceso penal, cuando el tribunal superior debe pronunciarse sobre hechos respecto de los cuales el m√°ximo √≥rgano de control constitucional ya ha afirmado que constituyen desaparici√≥n forzada.
  • C√≥mo sostiene la Corte Constitucional que su pronunciamiento no genera una presi√≥n indebida sobre la jurisdicci√≥n penal, cuando cualquier decisi√≥n distinta a la adoptada en la sentencia constitucional podr√≠a ser interpretada como contraria a lo resuelto por el propio m√°ximo √≥rgano.
  • C√≥mo justifica la Corte Constitucional que, al declarar la existencia de desaparici√≥n forzada dentro de un h√°beas corpus, no se ha producido una desnaturalizaci√≥n de la garant√≠a jurisdiccional.
  • De qu√© manera el an√°lisis desarrollado en la sentencia es compatible con el objeto del h√°beas corpus instructivo previamente delimitado por la propia Corte".

Además, requirió que el máximo organismo de justicia constitucional "amplíe:

  • "De qu√© manera las medidas de reparaci√≥n ordenadas guardan una relaci√≥n directa e inmediata con el restablecimiento del derecho a la verdad.
  • Por qu√© dispone medidas de reparaci√≥n dirigidas a entidades que no fueron parte procesal, como el Ministerio de Econom√≠a y Finanzas, la Asamblea Nacional, los gobiernos aut√≥nomos descentralizados, entre otros, si en la sentencia afirma que no determina responsabilidades individuales, cuando tales medidas solo ser√≠an posibles si previamente se hubiera concluido, en la pr√°ctica, que existi√≥ una desaparici√≥n forzada atribuible al Estado, anticipando as√≠ conclusiones propias del proceso penal y asignando responsabilidad estatal sin que exista sentencia ejecutoriada".
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