Lucía González: "La violencia del narcotráfico atraviesa hogares y escuelas"
La gestora y activista colombiana uestiona el enfoque tradicional de seguridad y llama a construir respuestas comunitarias
Lucía González Duque, gestora social y exintegrante de la Comisión de la Verdad de Colombia, participó en un espacio académico desarrollado en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, donde invitó a reflexionar sobre las múltiples formas de violencia que atraviesan a la sociedad y su impacto directo en la educación. En este contexto, dialogó con Diario Expreso sobre el avance del narcotráfico, la violencia de género, el rol de las escuelas y la urgencia de construir redes de protección para mujeres, niños y jóvenes, desde una mirada social, educativa y comunitaria.
Desde su experiencia regional, ¿cómo ha impactado el avance del narcotráfico en las formas de violencia que hoy enfrentan las mujeres del Ecuador?
El avance del narcotráfico ha impuesto una realidad profundamente compleja y dolorosa para toda la sociedad, pero de manera particular para las mujeres. Ellas se convierten en sujetos altamente vulnerables dentro de estos contextos, no solo porque habitan territorios atravesados por la violencia, sino porque sobre sus hombros recae una enorme carga social y moral. A las mujeres se les exige responder como madres, como cuidadoras y como responsables de proteger a sus hijos frente a un entorno que las supera. Muchas veces sus propias familias están comprometidas o amenazadas por actores armados, lo que las coloca en situaciones límite para las cuales no siempre cuentan con formación, acompañamiento o herramientas suficientes.
A esto se suma un fenómeno muy peligroso: la seducción del dinero del narcotráfico. Este dinero promete reconocimiento, estabilidad, poder adquisitivo, viajes y bienes materiales que cualquier persona podría desear. No es una seducción exclusiva de los sectores populares; también alcanza a mujeres de clases medias y altas. Sin embargo, se trata de una promesa vacía, porque ese dinero no produce bienestar real, sino deterioro de la vida, frustración y destrucción de los vínculos personales y familiares. A largo plazo, el costo humano es devastador.
Además, no se puede dejar de lado la violencia sexual, que se convierte en un arma de guerra y dominación. Las mujeres, niñas y niños pasan a ser objetos de uso, de castigo o de demostración de poder. Esta forma de violencia deja heridas profundas que marcan de por vida a quienes la sufren.
Redes sólidas que intervengan en los casos de violencia
Frente a este panorama, ¿qué tipo de acciones considera urgentes para proteger especialmente a niñas y adolescentes?
Es urgente construir redes de protección sólidas, visibles y accesibles. Las niñas deben tener espacios seguros donde puedan hablar, denunciar amenazas y expresar lo que están viviendo sin miedo. Estas redes no pueden limitarse a la familia, porque muchas veces el peligro está dentro del propio entorno familiar o comunitario. Deben existir lugares institucionales, comunitarios y educativos que brinden acompañamiento, orientación y mecanismos reales de defensa.
Esta situación atraviesa toda la sociedad y no distingue estratos sociales. Por eso, la respuesta no puede ser fragmentada ni focalizada solo en ciertos sectores. Se necesita una mirada integral que entienda que la violencia ligada al narcotráfico permea todos los niveles y que la protección debe ser colectiva, sostenida y constante.
Usted ha insistido en el papel de la educación. ¿Qué responsabilidad tienen las escuelas frente a esta realidad?
La educación no puede seguir actuando como si esta realidad no existiera. No podemos enseñar convivencia como si viviéramos en países en paz o en contextos ajenos a la violencia. Es necesario hablar de lo que está pasando, poner sobre la mesa el poder del narcotráfico, el horror de la utilización de las mujeres y las violencias sexuales, incluso desde edades tempranas, siempre con enfoques pedagógicos adecuados.
Las escuelas deben convertirse en espacios de protección, de escucha y de construcción de sentido. No basta con transmitir contenidos académicos; es indispensable formar para la vida, para el discernimiento y para la resistencia ética frente a estas dinámicas de poder. Callar estos temas no protege a los niños y jóvenes; al contrario, los deja más expuestos.
El docente sigue siendo docente y el padre sigue siendo padre
En ese contexto escolar, ¿cómo debería actuar un docente cuando sabe que un estudiante proviene de una familia vinculada al narcotráfico?
Es una situación extremadamente compleja. Los hijos de personas vinculadas a estructuras armadas o criminales suelen cargar con un estigma muy fuerte, pero también, en algunos casos, reproducen el poder simbólico del padre y se convierten en figuras intimidantes dentro del aula. El docente no puede actuar desde el miedo ni desde la permisividad.
Es necesario un acompañamiento especial, una conversación clara y firme, donde el maestro no conceda un lugar de poder indebido al estudiante, pero tampoco lo excluya. Además, no se debe renunciar al diálogo con la familia. El docente sigue siendo docente y el padre sigue siendo padre. Si la conversación se da desde el interés genuino por el bienestar del niño y no desde la confrontación violenta, es posible abrir espacios de diálogo. Para ello, el maestro debe sentirse seguro de sí mismo, respaldado institucionalmente y consciente de la importancia de su rol.
¿Cómo se entrelazan la violencia de género y la violencia estructural en zonas marcadas por el narcotráfico, especialmente en sectores populares y rurales?
El patriarcado atraviesa toda nuestra sociedad, pero en contextos de guerra y narcotráfico se manifiesta de manera mucho más brutal. Los actores armados viven demostrando poder desde el miedo y la dominación, y ese poder se ejerce de forma directa sobre los cuerpos de las mujeres y de los niños. La violencia sexual se convierte en una herramienta para imponer control, humillar al enemigo o castigar a comunidades enteras.
En estos territorios, la violencia de género no es un hecho aislado, sino parte de un sistema estructural que refuerza desigualdades históricas. Por eso, destituir el patriarcado no es solo un desafío cultural, sino una necesidad urgente para frenar estas dinámicas de violencia extrema.
El Estado no puede evadir su responsabilidad contra la violencia
Ante este escenario tan complejo, ¿qué rol deben asumir el Estado, la sociedad civil y la academia?
Las grandes transformaciones sociales no suelen surgir únicamente desde los gobiernos. Nacen desde la sociedad civil organizada, desde la academia, desde las comunidades que exigen cambios y cuestionan los paradigmas vigentes. Sin embargo, el Estado no puede evadir su responsabilidad. Debe escuchar las señales del tiempo y transformar enfoques que han demostrado su ineficacia, como el paradigma exclusivamente armado de la seguridad.
La violencia ligada al narcotráfico es, ante todo, un problema social: tiene que ver con la falta de oportunidades, con la ausencia de equidad y con la carencia de redes de protección para niños, niñas y jóvenes. El Estado debe garantizar esas condiciones, pero la demanda debe ser articulada entre sociedad civil, academia y, de manera muy importante, la empresa privada. Tarde o temprano, este problema también los alcanza. La educación es un claro ejemplo de cómo esta responsabilidad es compartida y urgente.
