A Margarita Vásquez le diagnosticaron acromegalia hace quince años, cuando ella tenía 51. Entonces se atendía en el hospital Abel Gilbert Pontón, del Ministerio de Salud Pública (MSP), también conocido como Guayaquil o del Suburbio. Allí tenía su historia clínica y un especialista que llevaba su caso. Pero debido a su condición de afiliada al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), pronto le indicaron que debía tratarse en un hospital de esa entidad. Así, le tocó empezar otra vez desde cero pidiendo una consulta con un médico general para que después la derivaran a un especialista. Eso incluyó que le abrieran una nueva historia clínica, tener que contarle al doctor cómo había empezado su mal, los exámenes que le habían ordenado y todos los medicamentos que le habían prescrito.

Eso ocurre porque son sistemas de salud desconectados entre sí, aunque son de una misma red. Una situación que no es nueva y que varios gobiernos han ofrecido solucionar, pero en la práctica la situación se mantiene.

Por ejemplo, en el gobierno de Rafael Correa, un diagnóstico oficial confirmó una extrema fragmentación y segmentación del sistema de salud. Además del MSP y el IESS, brindaban atención médica de manera independiente las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y las universidades. Aparte del extenso sector privado.

Ante ello se conformó la Red Integral Pública de Salud (RIPS), que agrupaba a los establecimientos del MSP y las unidades del IESS, Policía (Isspol) y Fuerzas Armadas (Issfa).

Pero más allá de los anuncios y hasta de la firma de acuerdos interinstitucionales que hubo entonces, en la práctica esa desconexión se ha mantenido.

En mayo de 2021, al inicio de su gestión, el vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, aludía a esta desconexión y esbozaba una propuesta.

“Queremos un sistema de salud diferente, queremos un sistema donde todos participen, donde no solamente estén los hospitales de las instituciones públicas, sino que sea un sistema nacional plano, donde esté lo público, donde esté lo privado y todos los que quieren aportar a una visión de la salud distinta”, expresó entonces.

La idea no se cumplió. En ese fin lo más visible es el Gabinete Sectorial de Salud, que preside Borrero. Pero aunque allí se sientan todas las entidades, en la práctica actúan por separado. Cuando el Gobierno anunció el año pasado el ‘Plan Medicina Cerca’ o de externalización del servicio de farmacia, uno de los obstáculos para su aplicación fue la desconexión entre los subsistemas del MSP y del IESS. Inclusive, entre unidades de un mismo subsistema.

El resultado fue que Salud solo aplicó el plan en una veintena de hospitales y no en toda su red de casi 2.000 unidades. Y el IESS apenas hizo un piloto. También en las compras de medicinas e insumos por el desabastecimiento van divididas.

Margarita Vásquez, a su vez presidenta de la Fundación de Apoyo a Enfermos con Trastornos Hipofisiarios (Faeth), dice que otros compañeros han sufrido los efectos de esa desconexión. Por ejemplo, aunque el Estado y el Seguro Social tienen la obligación de prestarles atención en salud como ciudadanos y afiliados, algunos de ellos se ven obligados a comprar las medicinas por su cuenta.

En el país son casi inaccesibles: un frasco de 100 pastillas de octreotida puede costar en el mercado local 1.500 dólares. Vásquez asegura que en Argentina, donde lo adquieren algunos compañeros, cuesta solo $ 400.

A la falta de fármacos suele sumarse la de disponibilidad de consultas con especialistas. Ante ello, algunos recurren al sector particular y van a una clínica o algún local de un seguro médico privado. Allí, al igual que en el sector público, les toca otra vez empezar de cero. “Hay que contarle al doctor desde cuándo uno sufre de la enfermedad, lo que toma, todo”, dice.

Además, en las primeras, les toca pagar adicionalmente por las medicinas y exámenes que les recetan; y en los segundos, un porcentaje de su costo.

Por todos estos motivos ella es partidaria de que exista una historia clínica universal a la que se pueda acceder desde cualquier unidad médica pública o privada, con solo un código o clave personal del paciente. De la misma manera que ocurre en otros países como España.

Así lo confirma un artículo adjunto sobre el sistema de salud español; así como detalles de los de Colombia y Perú, presentados en las notas relacionadas con esta, elaboradas por periodistas en esos países, cuyos enlaces están a continuación.

España: una sola tarjeta da acceso a medicinas y atención en cualquier hospital o farmacia

Perú: Un portal permite elegir el mejor lugar y precio para comprar las medicinas

Colombia: El sistema de salud se parte entre un sector pagado y otro gratuito

• Exministro de Salud: La normativa se quedó "en un enunciado lírico"

“La red pública integral de salud será parte del sistema nacional de salud y estará conformada por el conjunto articulado de establecimientos estatales, de la seguridad social y con otros proveedores que pertenecen al Estado, con vínculos jurídicos, operativos y de complementariedad”.

Lo dice el artículo 360 de la Constitución y lo repite también un acuerdo interinstitucional firmado en abril de 2012 entre las entidades involucradas. En la práctica, la autoridad rectora del sector, el Ministerio de Salud Pública, suele ver limitadas sus decisiones a sus propias unidades.

“Lo que dice el artículo 360 de la Constitución se quedó en un enunciado lírico. Pero tenemos que ir a ese sistema público que sume a las instituciones más grandes en una sola estructura”, insiste el exministro de Salud, Francisco Andino, para quien, si eso se cumpliera, el sector privado debería constituir apenas el 10 %.