‘Intermediarios, los favoritos del Hospital Valdivia Sur del IESS’, tituló este Diario un artículo publicado el 2 de julio pasado, que reseñaba los resultados de seis procesos de adquisición de medicinas efectuados este año por esa casa de salud pública.

Desde afuera resulta difícil entender por qué una institución no compra directamente a quienes producen los fármacos en lugar de hacerlo a terceros. Incluso, a personas o empresas sin mayor trayectoria en ese campo.

Más difícil resulta aceptar que este tipo de procesos sea legal. Y que estos casos se produzcan justamente por la aplicación de una compleja normativa creada con el fin de evitar anomalías en las adquisiciones efectuadas con dinero público.

En el otro extremo está el sector privado, que sin necesidad de una normativa, tiene clara su estrategia al momento de comprar medicamentos e insumos para sus hospitales, clínicas o centros de salud: directamente al productor o importándolos.

Paradójicamente, en el sector público es común que actores del sistema se quejen o acusen a la citada normativa de las irregularidades en las adquisiciones de fármacos; o de trabarlas y causar desabastecimiento.

“El sistema de compras públicas debería llamarse sistema de coimas públicas, todo está hecho para la trampa, para la corrupción”, asegura el exministro de Salud, Francisco Andino.

Aunque la normativa es amplia, de manera general se puede decir que la ley y el reglamento de compras públicas ofrecen diversas vías pare ese fin. Entre ellas, las adquisiciones a través del catálogo electrónico oficial, donde constan los productos con sus precios aprobados; los convenios de pago; las compras de ínfima cuantía; las adquisiciones por régimen especial; o las subastas inversas, donde los proveedores participan ofreciendo un valor más bajo que el precio referencial.

Esta última implica un proceso de al menos 50 pasos, divididos en tres grandes fases: preparatoria, precontractual y contractual. Y al final, con todos los pasos previos, la adquisición la ejecuta el Servicio Nacional de Compras Públicas (Sercop).

Las entidades contratantes deben primero justificar la necesidad de adquirir un producto y la cantidad, crear comités distintos por cada una de las fases y se invita a proveedores que están calificados por el Sercop.

En teoría, el marco es favorable para los laboratorios o empresas productoras de fármacos y dispositivos, porque además el Sercop les da un puntaje adicional a los fabricantes nacionales.

¿Entonces, por qué gana un intermediario? Consultado por EXPRESO, Miguel Palacios, director ejecutivo de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos del Ecuador (ALFE), reseña algunas prácticas que se dan.

Entre ellas, que las bases o condiciones que suelen establecer las entidades contratantes los dejan afuera desde el inicio.

Por ejemplo, sacan un proceso de compra de ítems muy diversos, que en ocasiones mezclan insumos médicos con otros de limpieza. Entonces, los fabricantes que elaboran solo uno o varios de ellos, pero no todos, no pueden participar. Algo que sí puede hacer un distribuidor, aunque a mayor precio.

Igual ocurre con las cantidades requeridas y plazos de entrega. Por ejemplo, una compra de un millón de pastillas de cierto fármaco para ser entregados a la brevedad. Palacios explica que los fabricantes no suelen tener tantos productos en inventario. Y aunque pudieran entregarlos gradualmente, eso no lo permiten las bases del proceso.

También está el precio referencial. Los laboratorios locales no participan en casos donde el producto tiene un valor mayor al de su costo de producción. Por lo general, usualmente lo gana un producto importado, ofrecido por un intermediario.

¿Entonces, si los propios productores no pueden tener un millón de pastillas de cierto fármaco, para entregarlos a la brevedad, por qué un intermediario sí puede hacerlo? Ricardo Ramírez, coordinador en Guayas de la Comisión Anticorrupción, tiene clara la respuesta: Porque esa persona sabe con anticipación, y muchas veces, con exclusividad, que habrá ese proceso de compra y por eso está listo.

Ramírez, quien como parte de la Comisión ha investigado y denunciado diversos casos de corrupción en las compras que efectúan los hospitales públicos, agrega que hay concursos tan específicos en los requisitos y sus bases que solo falta ponerle el nombre del proveedor.

Entre las formas más usuales de corrupción esa es una de las primeras. Otra es poner requisitos tan difíciles que nadie concursa, entonces se lo declara desierto y se hace una compra de emergencia o compra directa. A un precio mayor, claro.

Hay también otras que, aunque conocidas y antiguas, se siguen repitiendo: los concursos que cumplen con la participación de al menos tres proveedores, aunque luego se descubra que están relacionados entre sí o pertenecen a un mismo grupo.

Se suman los convenios de pago, en que una entidad alega falta de presupuesto al momento y pide a un proveedor la entrega del producto para pagarlo posteriormente, con condiciones favorables para el vendedor.

Y las llamadas compras de ínfima cuantía, que son por montos por debajo del tope que la ley exime de cumplir los pasos formales. Son legales, pero se suele abusar de su uso o utilizarse para hacer compras grandes pero divididas en partes.

A ello Andino agrega los procesos que “se caen” porque no se los realiza con los pasos y requisitos de la normativa y entonces son observados o rechazados por un jefe superior o el Sercop; y las presiones que sufren los directivos de hospitales por grupos internos o externos que manejan los contratos.

El fin es generar un desabastecimiento de fármacos o dispositivos para recurrir a una compra de emergencia; o crear una falsa necesidad de estos; o exagerar la cantidad requerida...

“En los procesos de compras públicas de medicinas, donde quiera que usted pone el dedo salta la pus”, expresa Ramírez.