No es un caso aislado. Es una práctica extendida en el sistema de contratación pública y que hoy constituye una de las irregularidades más recurrentes en la compra de insumos médicos. Se trata de la falsificación de documentos.

La Contraloría ha detectado varios casos entre 2019 y 2022, en las entidades de salud del IESS. Uno de estos es el proceso SIE-IESSMANTA-108-19.

En noviembre de 2019, el Hospital General de Manta entregó un contrato a Médica Ecuador Equipos e Insumos Médicos (Medecu C.A.) por un valor de 298.148,79 dólares.

La Contraloría dice que Medecu C.A. entregó un certificado supuestamente emitido por la empresa Distribuidora Farmacéutica Ecuatoriana (Difare S.A.), de fecha 22 de noviembre de 2019. Con este acreditó tener autorización para comercializar sus productos.

El equipo auditor requirió información al representante legal de Difare sobre la autenticidad del escrito. El 8 de septiembre de 2022 respondió: “Debemos informar que el certificado a nombre de la empresa Médica Ecuador e Insumos Médicos no ha sido emitido por mi representada compañía, en tal caso el certificado no es auténtico”.

En 2020, otro proceso en el que se presentaron documentos falsos es el SIE-IESSMANTA-70-20. En este, el Hospital de Manta compró 153.736 dólares en medicinas. El proveedor era Labovida. Para ganar el contrato, presentó una autorización de Ecuaquimica para representar sus productos. De nuevo, los auditores de la Contraloría se contactaron con la compañía y confirmaron su falsedad.

En ese mismo centro médico, en el proceso SIE-IESSMANTA-108-20, el proveedor Víctor Guevara Peñaranda presentó un certificado falso para acreditar buenas prácticas en el almacenamiento de medicinas, un contrato con una empresa privada y una acta de entrega recepción. Todo era un engaño. “Nunca he conocido la existencia de persona alguna que corresponda a los nombres indicados. Ni he tenido siquiera conocimiento del documento, más aún la firma, en la que puedo identificar, veo que los rasgos no me pertenecen. Son mis nombres y apellidos, pero el que aparece como RUC en realidad es mi número de celular”, indica la representante de una empresa farmacéutica.

De 2019 a 2021 se detectó la misma práctica en siete procesos de contratación del Hospital General IESS de Babahoyo. Ocho proveedores, la mayoría personas naturales, presentaron documentos adulterados.

La Contraloría se contactó con 22 farmacéuticas, industrias químicas e importadoras que, supuestamente, emitieron los escritos. Pero negaron haber entregado autorizaciones para la distribución de sus productos.

En mayo pasado, la Contraloría envió 17 informes con indicios de responsabilidad penal a la Fiscalía para que investigue.

Allí también reposan otras 78 denuncias que el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) ha presentado por el mismo delito, cometido entre 2018 y 2023. Todas siguen en la fase de investigación previa.

Solo en los hospitales generales de Manta y Babahoyo, y en el Hospital del Día Efrén Jurado López, de Guayaquil, los contratos con estas irregularidades suman 15,9 millones de dólares.

En el Hospital de Día se detectó la misma modalidad. En ocho contratos los proveedores presentaron certificados de experiencia previa y de su personal técnico que nunca fueron emitidos por las empresas allí mencionadas. Las comisiones técnicas que actuaron entre 2019 y 2022 tenían que rechazar a los oferentes. En cambio, recomendaron su contratación.

El Sercop indica que si un proveedor proporciona información falsa, la Dirección de Denuncias iniciará un proceso administrativo sancionador. “En el caso de determinar el cometimiento de la misma, concluirá con la suspensión del proveedor en el Registro Único de Proveedores por un lapso entre 60 y 180 días, conforme lo establece el artículo 107 de la Ley de Contratación Pública”.

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En la vía penal, el Sercop recuerda que la única que puede determinar un delito de falsificación es la Fiscalía.

EXPRESO envió comunicaciones a Medecu, Labovida y el proveedor Víctor Guevara, señaladas por la Contraloría, pero no respondieron.

En el portal de Compras Públicas se pudo evidenciar que las empresas han seguido contratando con el Estado y cada vez son más grandes. Solo en 2023, Medecu ha recibido tres contratos por 155.571 dólares.

En el caso de Labovida, cuando ocurrió la irregularidad (2019), la empresa era poco conocida y tenía pequeñas ventas con el Estado, entre uno y cuatro contratos anuales. Para 2022, la cifra creció, obtuvo 291 ventas que sumaron 9,1 millones de dólares. Hasta abril de este año, ha obtenido 104 contratos, que suman los 2,9 millones de dólares. Varios de estos fueron subastas inversas en las que ganó adjudicaciones sin pujar contra ningún oferente.

Empresas vinculadas ‘compiten’

Otra irregularidad común en la compra de medicina en los hospitales es la presencia de dos, tres y más empresas vinculadas entre sí y que pugnan por un mismo contrato, pero previamente se ponen de acuerdo para mantener precios altos, “violando los principios de concurrencia, trato justo, igualdad y transparencia”, dice la Ley de Contratación Pública. De nuevo Labovida es señalada por la Contraloría, pues en el proceso SIE-IESSMANTA-20-19 aparece relacionada con la Distribuidora Meinjor Import Medik.

• 78 denuncias por falsificación en contrataciones públicas siguen en investigación desde 2018 en la Fiscalía General. 

• El delito de uso doloso de documento falso se encuentra tipificado en el art. 328 del Código Integral Penal y contempla penas que van de tres a siete años de prisión. La ley es más dura para la falsificación de documentos públicos.