Richard Calderón, prefecto de Imbabura: mirada a su gestión y los retos que enfrenta

El paro nacional va en su segunda semana. Pero esta no solo se está caracterizando por las manifestaciones, sino también por presiones política contra dirigentes y autoridades del sector indígenas, entre ellos a Richard Calderón, prefecto de Imbabura.

¿Quién es?

Calderón llegó a la Prefectura de Imbabura con la bandera del movimiento Revolución Ciudadana (RC), en 2023. Antes, fue asambleísta nacional por la RC durante el período 2013-2017. En esa época fue se desempeñó como presidente de la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio.

Él llegó a la política al ganar la Alcaldía de Antonio Ante, cantón de Imbabura, en 2005, de la mano del Partido Socialista. Al término de su periodo fue reelegido.

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Una evaluación a su gestión como prefecto

Para Carol López, socióloga y analista política, la gestión de Calderón se ha basado mucho en el impacto territorial de obras de infraestructura, como, el fortalecimiento de los canales de riego. A eso, le suma que dotó de seis camionetas para la Policía para la seguridad de la provincia.

A criterio de Florencio Delgado, antropólogo y catedrático de la Universidad San Francisco de Quito, aunque Calderón ha hecho un buen trabajo, algunas vías requieren mantenimiento y eso no se ha hecho. Pero “a mi modo de ver su gestión, no está debajo ni encima de ningún otro prefecto”.

La provincia y su participación en el paro

Sin embargo, es menester, indica, que se analice la provincia como tal en el marco de las protestas sociales. De acuerdo con la opinión del antropólogo, Imbabura es una provincia multicultural, donde se tejen disputas y tensiones entre comunidades mestizas y las comunidades indígenas.

Pero, las protestas en la provincia, subraya Delgado, no es debido a la poca gestión del gobierno provincial o local, sino que tiene que ver con las disputas con el Gobierno Nacional. Además, antes de que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) declare el paro, desde Riobamba, el 18 de septiembre, Imbabura ya estaba levantada.

Eso se debe, expone López, porque Imbabura tiene un órgano estructurado de organización social, por eso todas las comunidades han plegado al derecho a la resistencia. Y lo que se ha visto, expone la socióloga, es que una fuerte represión en la provincia y no se ve una salida ni una resolución de conflictos por parte del presidente Daniel Noboa. Eso, en su opinión, dificultará muchísimo la posibilidad de salir de este conflicto social.

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Situación de las autoridades provinciales

Además, dentro de la coyuntura del paro, existe la idea de que son autoridades locales que apoyan el paro, dice Delgado. Más aún por ser parte de un movimiento antagónico; y, como no está cerca políticamente al régimen, es incómodo para el régimen, analiza Delgado.

De igual forma, agrega el docente, las provincias de Azuay y Pichincha. Estas son vistas como instigadoras. No así Tungurahua, Chimborazo y otras prefecturas afines al régimen. Aunque ahora Guayas rápidamente se ha distanciado del partido que lidera la oposición.

¿Qué retos enfrenta Calderón?

Ante esto, Calderón es uno de los investigados por la Fiscalía General del Estado por un presunto enriquecimiento privado no justificado. Eso se dispuso desde el 25 de septiembre de 2025.

Tampoco es coincidencia, recalca López, que a él como a otros dirigentes indígenas y autoridades locales electas por votación popular les congele las cuentas. “Es sorprendente como, a través de mecanismos de la ofensa y de persecución judicial, puede establecerse una suerte de amedrentamiento a autoridades locales”.

Asimismo, que ese ejercicio se haga dentro del marco de las protestas sociales, el actuar de la Fiscalía siempre va a parecer como persecución, menciona Delgado. “Fiscalía utiliza el peor momento, por lo que se va a ver como político”, por lo que la ciudadanía podría sentenciar que las investigaciones por parte de este organismo son a quiénes le son incómodos al régimen.

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Y, aunque está entre la espada y la pared, observa el antropólogo, él no puede apoyar al Gobierno, seguramente tampoco aparecerá beligerante frente al paro. Su mejor opción es instigar al diálogo, expresa.

Con él concuerda Rommel Salazar, sociólogo, analista político, exdirector general del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias y docente de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de Guayaquil. Pero en ese diálogo no solo debe estar convocados la Conaie, el Gobierno Nacional y los gobiernos locales, también deben estar la academia, la iglesia, las organizaciones sociales y ciudadanía.

Pero ese diálogo, a su vez, debe tener un objetivo, dice Salazar: el que se logre resultados que beneficien no solo a los manifestantes, también a la fuerza pública y al país. De esa forma el momento caótico por el que transita el país culminaría, sostiene.

A la vez, López espera que Calderón logre que los servicios a la población no se suspendan. Tampoco las políticas de protección, como el proyecto social que ejecuta la provincia: Warmi Imbabura.

Por otro lado, cree Delgado, que Calderón debe aprovechar el descontento que evidencia la provincia, como un elemento que permita mejorar el presupuesto que el Estado central le asigna.

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