El Consejo de Participación habilita hasta a los peores

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) acaba de dar un nuevo paso hacia la metida de mano en la justicia. La comisión técnica de selección que opera en el concurso para elegir a los nuevos vocales del Consejo de la Judicatura ha decidido bloquear todas las impugnaciones (19 en total) presentadas por la ciudadanía contra distintos integrantes de las ternas remitidas por las funciones del Estado. 

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Personajes cuestionados como Mario Godoy, que aspira a la reelección como presidente del organismo, o Fabián Fabara, sobre quien pesa una recomendación de destitución como juez del Tribunal Provincial de Pichincha, tienen así vía libre para integrar la nueva mayoría del organismo a la que aspira el gobierno. 

La decisión de la comisión técnica provocó la retirada de una de las integrantes de la terna del Legislativo, María Emilia Grijalva: hace rato que el proceso dejó de ser confiable, dice en su carta de renuncia. Una vez más, los procesos de selección de autoridades de control a cargo del CPCCS se encuentran bajo sospecha.

Manipulación desde el inicio del concurso

La manipulación de los concursos arranca con la redacción de los reglamentos. Y éste, el “Reglamento para la selección y designación de los vocales del Consejo de la Judicatura”, empieza por inventarse una comisión dizque técnica de selección que de técnica no tiene nada. 

Más aún: esta supuesta comisión técnica, que debería garantizar la presencia de un doble filtro en el proceso de impugnaciones a los candidatos (porque su informe no vinculante debe ser aprobado por el pleno del Consejo de Participación Ciudadana), parece diseñada más bien para disolverlo. 

Así está conformada la comisión técnica

Está integrada no por experimentados juristas provenientes de la academia o los colegios de abogados sino por siete burócratas del CPCCS, uno por cada consejero: ser empleado de ese organismo es el único requisito para formar parte de ella.

Así, la comisión técnica que acaba de rechazar todas las impugnaciones está integrada, entre otros, por Christian Troya, actual asesor de la consejera acusada de peculado Johanna Verdezoto, exempleado de Mario Godoy y hombre de confianza del operador político del presidente de la República en la Función Judicial, el correísta Fausto Jarrín. 

Al frente de la comisión se encuentra la asesora del presidente del CPCCS Lisbeth Galarza, cuyo futuro laboral depende, obviamente, de su jefe. Es más o menos como si el propio Andrés Fantoni estuviera sentado ahí al lado de Daniel Noboa. Que su informe no vinculante deba ser aprobado ahora por el Pleno es, más un doble filtro, una formalidad.

Los excesos de la comisión

Se supone que la comisión técnica así integrada debía limitarse a un análisis formal de las impugnaciones, es decir, verificar si cumplían o no los requisitos y si las argumentaciones se ajustaban a los criterios de orden. Sin embargo, sus integrantes excedieron sus atribuciones e incurrieron en interpretaciones de fondo para las cuales no se encuentran facultados. 

Lo hicieron, para usar un lenguaje coloquial, con-tontera-y-todo. Su exceso más grosero es el que tiene que ver con los cuestionamientos a la probidad notoria de los candidatos, especialmente de aquellos tres contra los que se dirigieron la gran mayoría de impugnaciones: el actual presidente de la Judicatura Mario Godoy, el presidente de la Corte Provincial de Pichincha Fabian Fabara y la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez.

Sobre los tres pesa algún tipo de denuncia que pone en duda su idoneidad. Godoy está acusado de obstrucción a la justicia y tráfico de influencias en el llamado caso Pendrive, iniciado de oficio por la Fiscalía cuando la jueza Nubia Vera, que concedió una acción de protección a la entonces vicepresidenta Verónica Abad, lo acusó de presionarla para que fallara en contra, haberle entregado una sentencia ya redactada y amenazarla con abrir un proceso administrativo en su contra. 

Fabara, el juez que llevó a la práctica esa amenaza y abrió contra Nubia Vera el anunciado proceso administrativo, había sido ya hallado responsable de “negligencia manifiesta grave” en un caso de abuso sexual, y un informe jurídico del mismo Consejo de la Judicatura que hoy pretende integrar había recomendado su destitución. 

Núñez, involucrada también con groseras violaciones constitucionales en la persecución a la vicepresidenta Abad, enfrenta también una denuncia de la que no se conocen detalles porque se encuentra en indagación previa en Fiscalía.

Así se eliminaron las impugnaciones

La manera como la tal comisión técnica se saca de encima los cuestionamientos a la probidad notoria de estos candidatos parece una broma: dice a su favor, literalmente, que la Constitución garantiza la presunción de inocencia, como si la probidad notoria tuviera que ver con sentencias ejecutoriadas y no, como su nombre lo indica, con virtudes y cualidades de rectitud y honestidad que, precisamente por notorias, no tienen que ser demostradas porque son de dominio público. 

La probidad notoria es un concepto jurídico indeterminado que se funda en el hecho de que lo público y notorio no necesita acreditación: es público y notorio. Y ninguna comisión encargada de revisar los requisitos formales de una impugnación tiene atribuciones para calificar el fondo de este asunto.

Otra barbaridad: resulta que Godoy (presidente la Judicatura), Fabara (presidente de la Corte Provincial) y Núñez (ministra de Trabajo) están impedidos, por el reglamento del concurso y por el Código Orgánico de la Función Judicial, de ocupar un puesto en el nuevo Consejo de la Judicatura: ninguna persona que desempeñe un cargo en la función pública puede hacerlo. 

Pero la comisión técnica, excediendo otra vez sus facultades, ha decidido descalificar las impugnaciones que señalan esta inhabilitación con un argumento de lo más peregrino: existe, dice su informe, un criterio de la Procuraduría según el cual cualquier “servidor público de carrera” (no aplicaría para la ministra, que es de libre remoción) “puede prestar servicios en otra institución del Estado mediante comisión de servicios”. 

Supone, pues, que los candidatos mencionados, una vez designados vocales del nuevo Consejo de la Judicatura, recibirán comisiones de servicio de sus instituciones de origen (¡la misma, en el caso de Godoy!) para ocupar esos puestos. Lo cual es de un ridículo subido.

Los excesos de la comisión

¿Más excesos de la comisión? A Mario Godoy se lo impugna por haber sido abogado defensor de dos narcotraficantes, los hermanos Larrea, que además son sus cuñados. Entrando otra vez a un análisis de fondo que no les corresponde, la asesora de Andrés Fantoni, el operador de Fausto Jarrín y los otros miembros de la comisión técnica han decidido que no se puede cuestionar a un abogado por ejercer la defensa de quien fuera, porque ejercer la defensa incluso de un narcotraficante no es ilegal.

Y tienen razón, no lo es. Pero ¿concuerda con la probidad notoria que requiere el cargo? Es el pleno del CPCCS el que debería resolver esa cuestión luego de escuchar los alegatos de las partes.

Y este es el punto fundamental: si el informe de la comisión técnica termina siendo aprobado por el pleno del Consejo de Participación, lo que se estaría coartando es el derecho de los ciudadanos a escuchar los argumentos de los demandantes y la defensa de los candidatos cuestionados. 

Esto debería ocurrir en las audiencias de impugnación que se desarrollarían en el seno del CPCCS en el caso de ser aceptadas las demandas. Y eso, precisamente, es lo que el pleno de ese organismo, presidido por el soldado noboísta Andrés Fantoni e integrado por una mayoría afín a los intereses del Ejecutiva, resolverá la tarde de este 22 de agosto: si merece la pena o no que la ciudadanía conozca los hechos.

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