Godoy, Fabara y Núñez, bajo la lupa del control ciudadano en concurso de judicatura
Los tres funcionarios recibieron al menos 10 de las 17 impugnaciones. Son cuestionados por el caso Pendrive
Desde el inicio del proceso de selección de los vocales de la Judicatura, diversos sectores centraron sus cuestionamientos en tres candidatos: Mario Godoy, actual presidente del Consejo de la Judicatura; Fabián Fabara, presidente de la Corte de Pichincha; e Ivonne Núñez, ministra de Trabajo.
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De las 17 impugnaciones presentadas por ciudadanos contra los candidatos, al menos cuatro corresponden a Godoy, cuatro a Fabara y dos a Núñez. Lo que reflejan una preocupación concreta: asegurar que quienes ocupen cargos estratégicos en el CPCCS cumplan con estándares de ética, honradez, probidad y meritocracia.
Godoy enfrenta críticas por una presunta falta de probidad e idoneidad. Estas fueron presentadas por los abogados Washington Andrade, Mónica Jaramillo, Milton Castillo y Gary Espinoza, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocín).
El caso Pendrive, una mancha que persigue a personajes
Uno de los argumentos que se repiten en estas denuncias ciudadanas se basa en el denominado caso Pendrive, una investigación en curso por obstrucción a la justicia y tráfico de influencias. Se inició cuando la jueza Nubia Vera, denunció que Godoy, junto a otros funcionarios, intentó influir en su fallo en una acción de protección presentada de la entonces vicepresidenta Verónica Abad. La magistrada denunció que recibió un dispositivo USB con un borrador de sentencia.
“¿Qué garantiza que la Fiscalía General del Estado pueda cumplir con una investigación acertada, imparcial y ecuánime en la prosecución de la investigación abierta que se tramita en contra del actual presidente de la Judicatura, Mario Godoy Naranjo?”, planteó Castillo.
A Godoy también se le cuestiona la falta de resultados en el primer año al frente de la Judicatura. No ha logrado sacar adelante ninguno de los temas urgentes. Los concursos del banco de elegibles, de la Corte Nacional de Justicia y de las unidades de Garantías Constitucionales están paralizados. No se ha evaluado a los funcionarios judiciales y los procesos disciplinarios prescriben sin sanción.
La impugnación contra Fabara se centra en un proceso disciplinario que prescribió sin sanción y en el presunto ocultamiento de información.
Sobre este último punto, Mónica Jaramillo destacó que el pasado 9 de julio Fabara afirmó, en su formulario sobre conflicto de interés, no tener ningún proceso disciplinario en curso. Esta afirmación no es cierta, ya que para esa fecha era de conocimiento público su proceso en el Consejo de la Judicatura. De hecho, el 23 de junio de 2025 el juez solicitó a la Judicatura ser recibido en audiencia para defenderse de su sumario.
La búsqueda de una versión
Sobre este asunto, EXPRESO buscó su versión. El juez manifestó que no dejó prescribir el sumario y que en su carrera nunca había sido sancionado.
La actual ministra de Trabajo también fue impugnada por Andrade y Nelson Cañola por inhabilidad legal y falta de probidad. Los juristas señalan que la funcionaria tenía una inhabilidad para ocupar un cargo público y lo ocultó. El pasado 2 de agosto la Corte Nacional archivó una investigación por enriquecimiento ilícito derivada de un informe de Contraloría con indicios de responsabilidad penal.
El documento también cuestiona su actuación en el cumplimiento de una sentencia judicial en el caso de Abad, cuando instaló una placa casi invisible, lo que se interpreta como una burla a la reparación ordenada por la justicia, según Andrade.
El siguiente paso está en manos de la Comisión Técnica. Esta debe verificar los requisitos de los escritos de impugnación presentados por la ciudadanía de manera individual y motivada, recomendando la admisión o inadmisión a trámite.
Entre los miembros de la comisión se encuentra Christian Troya, quien trabajó para Mario Godoy como su asesor de comunicación de la Judicatura en julio de 2024, además de ser exasesor de Fausto Jarrín.
Mario Godoy naranjo, presidente de la Judicatura
El actual presidente de la Judicatura es cuestionado por la falta de resultados en su gestión; por el caso que involucra a la jueza Nubia Vera; por permitir prescribir expedientes disciplinarios y por su pasado como abogado de narcotraficantes.
Fabián Fabara gallardo, juez provincial de Pichincha
En su declaración sobre conflicto de interés, a Fabara se le preguntó si conocía sobre algun sumario disciplinario que se esté gestionado en su contra. Él dijo que no. Firmó el documento el 9 de julio, cuando su expediente por negligencia estaba activo.
Ivonne Núñez Figueroa, ministra de Trabajo
Las impugnaciones se centran en una presunta inhabilidad para ocupar cargo público que habría sido ocultada, además del cumplimiento de la sentencia del caso de Verónica Abad, en donde colocó una placa casi ilegible como reparación.
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