La CNT niega documentos clave sobre su alianza con HealthBird

Pese a estar obligada por ley a transparentar la información en su poder, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT EP) decidió cerrar el acceso a todos los documentos relacionados con su acuerdo comercial con la empresa HealthBird. Así consta en su respuesta negativamente a un pedido formal de información realizado por EXPRESO.

En un oficio firmado el 19 de diciembre de 2025 por el gerente general (s) de CNT, Ronald Oscar Spina, la empresa pública informó que no entregará ninguno de los documentos solicitados, incluidos el contrato, los informes de viabilidad, las órdenes de servicio ni el detalle de pagos realizados antes y durante la alianza con HealthBird; ni siquiera entregará el Plan Operativo Anual (PAO) 2025, que debería estar colgado en su página Web para acceso público.

La respuesta llega luego de que este Diario solicitara, el 10 de diciembre, información amparada en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP).

CNT no entrega un solo documento. Por el contrario, clasifica todo el contenido solicitado como reservado o confidencial, bajo el argumento de que se trata de información comercial y estratégica protegida por la Ley Orgánica de Empresas Públicas.

Dos expertos cuestionan la respuesta de CNT

Mauricio Velandia, experto en Derecho de la Competencia (antitrust), sostiene que un contrato público no puede mantenerse en reserva.

“Desde el punto de vista del derecho público, un contrato debe permitir la competencia: debe conocerse quién contrata, para qué contrata, cuándo y bajo qué condiciones. En estos casos, el interés público está por encima del interés privado, y esa naturaleza no se pierde ni siquiera durante la ejecución del acuerdo”, explica.

El experto reconoce que en la fase de ejecución, pueden existir cláusulas específicas protegidas, como patentes, propiedad intelectual o canales de distribución de la empresa, “pero el contrato en sí debe ser absolutamente público. Guardarlo es una práctica desleal, porque al mercado le interesa conocer los pliegos, las razones de la contratación y sus condiciones”.

Para Juan Carlos Solines, abogado experto en temas de tecnología, la respuesta de CNT es “una aberración jurídica”.

Señala que el oficio mezcla normas que no aplican al caso. Explica que el artículo 46 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas se refiere a la protección de sistemas de información y secretos comerciales, mientras que la referencia al Código del Trabajo alude a las obligaciones de confidencialidad de los trabajadores, no a la publicidad de los contratos suscritos por una empresa pública.

“Un funcionario debe tener cuidado de no divulgar información sensible, pero eso no tiene ninguna relación con la obligación legal de publicidad y transparencia que rige los procesos de contratación pública y el uso de recursos del Estado”, dice.

Aunque CNT reconoce que el acceso a la información pública es un derecho constitucional, invoca excepciones legales para bloquear el acceso durante hasta 15 años, sin explicar qué partes del contrato son un riesgo para el interés público

Solines insiste en que CNT debe justificar la declaración de reserva de la información ante la Asamblea y a la Defensoría del Pueblo. “Lo que hace CNT es embarrar más el tema, evidenciando una ostensible opacidad y una falta de voluntad para transparentar un contrato público”, concluye.

• Antecedente. El presidente Daniel Noboa anunció de forma reiterada que HealthBird tendría un contrato sin concurso son el IESS.

Un caso que genera más dudas

El caso HealthBird se volvió público a mediados de 2025, cuando la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT EP) anunció una alianza con la empresa tecnológica HealthBird Ecuador S.A.S. para el desarrollo y operación de una plataforma digital vinculada a servicios de salud. El proyecto se presentó como una iniciativa de innovación tecnológica impulsada desde el Estado; pero desde su anuncio surgieron cuestionamientos sobre la naturaleza del acuerdo, falta de competencia y el uso de recursos, así como sobre el acceso a datos de millones de ecuatorianos. La polémica se intensificó cuando CNT evitó entregar información y HealthBird anunció su salida del país sin responder nada.

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