Con una Judicatura alineada, la justicia será cuestionada

Las sospechas no cesan en torno al concurso de selección para renovar a los vocales del Consejo de la Judicatura (CJ). De hecho, esa desconfianza se concretó en las 17 impugnaciones que presentaron varios profesionales y activistas, principalmente, en contra de tres postulantes: Mario Godoy (4), actual presidente del CJ y nominado por la Corte Nacional de Justicia (CNJ); Fabián Fabara (4), titular de la Corte de Pichincha; e Ivonne Núñez (2), actual ministra de Trabajo.

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Aunque la funcionaria no cuenta con tantas refutaciones como Godoy, ya había dudas que rondaban sobre ambos, principalmente por su cercanía a Daniel Noboa.

Las actuaciones de Godoy y Núñez

Mario Godoy es investigado en el caso Pendrive, luego de que la jueza Nubia Vera lo denunció por, supuestamente, haberla presionado para que emita un fallo en contra de la exvicepresidenta, Verónica Abad, quien mantenía una pugna con Noboa en su primer mandato.

Núñez también participó en ese caso. El ministerio que ella dirige destituyó del cargo a Abad, vía sumario administrativo. La medida desató un gran debate jurídico sobre la violación a la Constitución, que señala que solo la Asamblea puede remover del cargo al primer o segundo mandatario por causas específicas. 

También Núñez es recordada porque colocó sobre una placa transparente las disculpas públicas que ordenó Vera, como parte de la sentencia para restituir el cargo a Abad.

“Son cuestionados justamente porque el sistema le permite a la ciudadanía conocer los antecedentes de quienes entran en los concursos. Si han sido observados y no pueden superar los cuestionamientos, no pueden ser candidatos”, dice Marcelo Merlo, excontralor del Estado.

Además de los antecedentes, la forma en que ambos candidatos llegaron a ser nominados confirmarían las dudas. A inicios de año Noboa no envió la terna, luego la Asamblea desconoció el listado de la Legislatura anterior, se descalificó al postulante Edison Toro y se añadió a Godoy. 

¿Una Judicatura alineada al Gobierno de Noboa?

“Por todo lo que ha venido sucediendo, debemos poner atención en cómo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS= va a dar tratamiento a las ternas. Si vemos que hay elementos para desconfiar de Godoy o la ministra, probablemente, el Consejo actúe de manera rara, se vería que no está siendo independiente y que favorecería para que exista un CJ que responda a oficialismo”, analiza Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.

El exvocal de la Judicatura, Jorge Moreno, considera que otro punto que se cuestiona de Godoy es que no ha desarrollado los procesos de selección que el CJ tiene a cargo. “Eso ya sería una causal para que no puedan avanzar quienes estén como miembros de la terna”.

Las consecuencias de contar con vocales afines a Noboa

La eventual inobservancia a las impugnaciones, a fin de mantenerlos como candidatos, generaría efectos legales y hasta dañaría la legitimidad del CJ.

Según Espinel, se podrían presentar acciones de protección que retrasarán más el proceso, habría sospechas sobre los nuevos vocales y la nueva Judicatura carecería de legitimidad. “Estas denuncias aumentan el halo de desconfianza que ya existe. Se venía denunciando, pero no se ha puesto los ojos de manera debida en el CPCCS”. Será clave mirar cómo tratan las impugnaciones, pero aún no se podrán activar esos mecanismos hasta conocer los informes, aclara el directivo.

Otro punto que merma la aceptación del proceso es el conflicto de intereses que existe con el miembro de la comisión calificadora, Christian Troya, quien trabajó con Godoy. Para Merlo, si bien ese integrante está cuestionado, el resto del equipo y el Consejo tienen que actuar. 

“Las objeciones tienen que ser analizadas y luego la veeduría debería tener una actitud apolítica y ser muy severa”. Cree que si no se solventan las observaciones, el presidente de la Función de Transparencia debería activar, de oficio, un proceso de investigación.

Por su parte, Moreno manifiesta que aquel conflicto genera inconvenientes no solo desde lo ético, sino en el ejercicio del cargo. Considera que el CPCCS “es contrario a democracia y esto conlleva en vaciarle de contenido a la sociedad, por ello debe desaparecer”. 

Aunque ve como una opción que los ciudadanos presenten una eventual acción de protección, cree que ese mecanismos en la Corte Constitucional tendrá un camino gris. “Está criticada por el Gobierno y, en ese sentido, difícilmente vamos a encontrar una medida cautelar. No tendremos los mejor designados, sino los que tienen mejores palancas”, lamenta.

​Análisis de impugnaciones

El Consejo de Participación informó este 18 de agosto de 2025 que ocho postulantes a la Judicatura, de 15 inscritos, registran 17 impugnaciones.

Actualmente, la comisión técnica de selección tiene tres días para analizar los requisitos de las objeciones y elaborar un informe con los motivos de las impugnaciones y recomendaciones. El documento pasará al Pleno.

• Comisión. Lizbeth Galarza, Andrés Mantilla, Mariela Mosquera, Luis Cueva, Angie Falconí, Christian Troya (cuestionado) y Danilo Orozco son los delegados que analizarán las impugnaciones.

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