Tres brazos del gobierno de Daniel Noboa para alzarse con la justicia

Esta es la historia de cómo se pretende acabar con la democracia en el Ecuador. Es la historia, ya vivida en la década pasada con consecuencias nefastas para el país, de una obsesión: la del presidente de la República por acumular poder. 

(Te invitamos a leer| "La inseguridad pesa en la evaluación negativa de Noboa en Guayaquil")

La idea central de este proyecto es sorprendente por su simpleza: consiste en controlar el sistema de justicia mediante un recurso en apariencia anodino: la declaratoria de emergencia de la Función Judicial que permitirá al Ejecutivo tener a los jueces en sus manos. En esa aparente simpleza están comprometidos los personajes más impresentables (Mario Godoy, el juez Fabián Fabara, el operador político Fausto Jarrín…) y los procedimientos más truculentos de que se tenga memoria desde la metida de mano en la justicia operada por el correísmo.

1. La emergencia de la Función Judicial

El camino que conduce a la tan ansiada emergencia de la Función Judicial, estado ideal en el que quiere gobernar el presidente Daniel Noboa por los próximos cuatro años, está empedrado de ilegalidades. Sólo enumerarlas da vértigo.

Primero: el procedimiento. Los artículos que permiten al presidente del Consejo de la Judicatura declarar la emergencia por tiempo indefinido fueron introducidos en la Ley de Integridad Pública por la ventana, faltando pocas horas para el segundo debate y sin que nadie tuviera tiempo de leerlos.

Orgullosísimo estaba el bienmandado presidente de la Asamblea, Niels Olsen por lo que consideraba un aporte a la ciencia legislativa universal, pues nunca nadie lo había hecho de esa forma. Y claro que no: es ilegal. Su obligación era remitir el texto para segundo debate con 48 horas de anticipación a todos los asambleístas.

Segundo: el futuro presidente reelecto. Para ejecutar la emergencia judicial el gobierno necesita una persona de confianza al frente del Consejo de la Judicatura y nadie mejor que el presidente actual, el ex abogado de narcotraficantes, Mario Godoy. 

Su fidelidad a Daniel Noboa fue puesta a prueba durante el bloqueo a la vicepresidenta Verónica Abad y él demostró que es capaz de todo. Problema: Godoy no era candidato. Para solucionar este pequeño inconveniente, el gobierno movilizó a sus vocales de bolsillo en el CPCCS. Que el pleno de ese organismo decidiera descalificar de manera sumaria a uno de los integrantes de la terna de la Corte Nacional para abrir, de esta forma, un espacio para Godoy, no sólo es una ilegalidad rampante sino que crea un precedente nefasto: de ahora en adelante, en cualquier proceso de selección de autoridades, el pleno del CPCCS podrá filtrar los postulantes que no le gusten.

Tercero: el gran cambiazo. La presidencia de la Judicatura no basta, hay que tener la mayoría. Para garantizársela, el gobierno se apropió de la terna que ya había remitido la Asamblea Nacional en el período anterior. 

Una vez inaugurada la nueva legislatura y proclamado Niels Olsen como presidente, el legislador excorreísta (hoy noboísta) Henry Bósquez propuso una resolución insólita: echar esa terna abajo y conformar otra a gusto del presidente. Fue en el transcurso de esta operación que el bienmandado señor Olsen dictó una nueva doctrina jurídica: en derecho público se puede hacer todo lo que no está prohibido.

Cuarto: el postulante indeseable. Encabezando la nueva terna de la Asamblea se encuentra el juez Fabián Fabara, presidente de la Corte Provincial de Pichincha que brindó inestimables servicios al presidente Noboa en la causa de la persecución a Verónica Abad. Se trata de un personaje descalificado: no sólo tenía un expediente disciplinario abierto en su contra por error inexcusable sino que el mismo Consejo de la Judicatura había recomendado su destitución. 

Hoy, está a punto de convertirse en uno de sus miembros gracias a que el habilidoso Mario Godoy dejó prescribir el expediente con un juego de leguleyadas. Fabara, Godoy y probablemente Ivonne Núñez (la ministra de Trabajo que preside la terna del Ejecutivo) conformarán la mayoría del nuevo Consejo de la Judicatura que administrará la emergencia de la Función Judicial. Todos tienen un rasgo en común: ayudaron a Noboa a perseguir a Verónica Abad.

Quinto: el juicio inventado. Queda todavía un último escollo: Gonzalo Albán, vocal del CPCCS, está en franca minoría pero no deja de ser un agente enemigo infiltrado en medio de una delicada operación: tiene una voz, habla con los medios, comparte información, expresa opiniones… Hay que echarlo. 

El juicio político propuesto en su contra por el asambleísta del oficialismo Keevin Gallardo y alegremente aprobado por el CAL es una pieza de retorcida fantasía. Basta con decir que se acusa a Albán de incumplimiento de funciones por acontecimientos ocurridos antes de que tuviera función alguna. Acontecimientos, además (su supuesta militancia en un partido político) que ya fueron absueltos por el Tribunal Contencioso Electoral cuando calificó su candidatura. 

Con este juicio político, la mesa de Fiscalización de la Asamblea pasará de Comisión de Archivo a Comisión del Cuento.

2. El asedio a la Corte Constitucional.

Todo este delicado y perverso entramado de leguleyadas y ficciones jurídicas, este proceso sacrificado y laborioso de violaciones de los procedimientos, interpretaciones caprichosas e inconstitucionalidades puras y duras cometidas por el gobierno en varios frentes (la Asamblea, el CPCCS, el Consejo de la Judicatura…) corre el riesgo de venirse abajo con una simple decisión de la Corte Constitucional: el enemigo del pueblo.

Bastaría con que sus jueces encuentren que los artículos correspondientes a la declaratoria de emergencia de la Función Judicial, introducidos en la ley de Integridad Pública, deben ser reformados.

Por ejemplo, aquella parte en la que se establece “un régimen especial y expedito de ingreso a la carrera judicial, donde no se generará estabilidad de los servidores judiciales”. Lo cual puede traducirse de esta manera: se nombrará jueces a dedo y esos jueces estarán en manos del gobierno. Es obvio que en este artículo se encuentra el alma de la cooptación de la justicia.

La Corte Constitucional es el único organismo que el gobierno no ha podido controlar. Por eso, en el asedio a los jueces constitucionales el presidente Noboa ha puesto en juego todos sus recursos: la ocupación de las calles para exigirles sometimiento a grito pelado; las campañas de desprestigio con trolls devenidos periodistas y periodistas devenidos trolls, con vallas publicitarias gigantes costeadas por los contribuyentes en las que se responsabiliza directamente a la Corte de decenas de asesinatos, con cadenas nacionales intimidatorias… Y, finalmente, la consulta popular, con la que se espera doblegarla en las urnas.

Este asedio a la Corte es ya, por sí solo, el cese de la Democracia. No es casual que el gobierno y sus trolls lo aborden como la batalla definitiva: lo es.

3. Fiscalía: la pata que falta

Al exministro de Gobierno José De La Gasca le ofendió la comparación: que él no es Galo Chiriboga, dijo, ni se le parece. Y sí, hay diferencias. 

Por ejemplo, Galo Chiriboga tuvo el descaro de participar en el concurso para fiscal sin siquiera tomarse la molestia de renunciar al cargo de embajador en España, porque quería tener asegurado un sueldito u otro. Angurriento hasta la náusea, el caballero. José De La Gasca no es así: primero renunció a su ministerio y luego empezó a contarle al país sus ambiciones.

Por lo demás, el papel que él aspira a desempeñar es exactamente el mismo que desempeñó Chiriboga: el del empleado de Carondelet que ocupa la Fiscalía General del Estado gracias al control político que el gobierno ejerce sobre el CPCCS, que es el organismo que tiene a su cargo el siempre amañado concurso y la designación.

Otra cosa que los asemeja: la incondicionalidad de uno y otro frente a sus respectivos gobiernos. No hay que olvidar que José De La Gasca, como ministro, se pasó por el forro todas las leyes de la República que incomodaron a su jefe, el presidente de la República (para sacarse del medio a la vicepresidenta Verónica Abad, por ejemplo), o baipaseó las disposiciones constitucionales cuando las necesidades políticas así lo exigieron (para que Daniel Noboa fuera candidato sin encargar la presidencia, entre otros casos), todo lo cual lo califica para ser fiscal con sobra de merecimientos, según la óptica del gobierno.

Y esto no hace sino empeorar: pudiendo renunciar al ministerio con sobriedad y discreción (un párrafo habría bastado: motivos personales, agradezco su confianza, le deseo el mejor de los éxitos, etc.), De La Gasca eligió la verborrea del adulo innecesario. 

Su carta de renuncia (dos páginas indigeribles por los excesos de su estilo candongo y melifluo) es un auténtico manifiesto de noboísmo militante. “Señor presidente: sépalo bien, renuncio al cargo pero no a la causa”, llega a decir. 

Aun sin considerar los otros antecedentes, esta carta por sí sola descalifica al exministro de Gobierno para postularse a un cargo que exige, sobre todo, equidistancia frente a las causas políticas del color que sean. Como van las cosas, nada impide que sea el próximo fiscal.

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