Noboa y la Corte Constitucional: el conflicto que tensiona la democracia en Ecuador

El conflicto entre el Gobierno de Daniel Noboa y la Corte Constitucional (CC) ha escalado a niveles sin precedentes en Ecuador, tras la suspensión de 24 artículos de tres leyes urgentes impulsadas por el Ejecutivo. La ofensiva política, comunicacional y simbólica contra los jueces ha sido descrita por organismos internacionales como un atentado a la independencia judicial. Esta es la cronología de un enfrentamiento que marca un momento crítico para el equilibrio de poderes en el país.

30-31 de julio: la campaña anticipada

Antes de que la Corte se pronunciara, voceros del Gobierno y periodistas cercanos al oficialismo comenzaron a difundir en redes sociales la idea de eliminar la Corte Constitucional, acusándola de obstaculizar leyes clave contra el crimen organizado. Se planteó reemplazarla por una sala de asuntos constitucionales en la Corte Nacional de Justicia y se sugirió que sus jueces deberían estar sujetos a juicio político.

4 de agosto: la Corte suspende artículos de las leyes clave

La Corte Constitucional resolvió suspender parcialmente tres leyes urgentes: la Ley de Inteligencia, la Ley de Integridad Pública y la Ley de Solidaridad Nacional. Las medidas cautelares responden a demandas de inconstitucionalidad y buscan prevenir afectaciones a derechos fundamentales mientras se analiza el fondo del caso. Se anularon disposiciones que permitían acceso a información sin orden judicial y que habilitaban la conversión de cooperativas en bancos.

4 de agosto (noche): ofensiva institucional en cadena nacional

La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, y el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, aparecieron junto a policías y militares en una cadena nacional para condenar la decisión de la Corte. Alegaron que se dejó al país sin herramientas para enfrentar al crimen y criticaron que el fallo fue comunicado "sin dar la cara".

5 de agosto: Noboa lanza consulta popular con pregunta contra la Corte

A primera hora del 5 de agosto, el presidente anunció las siete preguntas para una consulta popular prevista para diciembre. Entre ellas se incluyó una sobre si los jueces de la Corte Constitucional deberían ser sujetos a juicio político por la Asamblea, lo que ha sido interpretado como una amenaza directa a la independencia judicial.

6 de agosto: Noboa convoca a una marcha contra la Corte

Desde Daule, Noboa dio un paso inédito en la historia democrática del país: convocó a una marcha “pacífica” para el 12 de agosto en Quito, con destino a la sede de la Corte. “No podemos permitir que nueve personas entronadas nos tiren abajo las leyes que pueden dar paz a sus familias”, dijo el mandatario, quien encabezará personalmente la movilización.

7 de agosto: bloque de seguridad arremete y apela al pueblo

Los ministros de Defensa, Gian Carlo Loffredo, y del Interior, John Reimberg, difundieron un video acusando a la Corte de obstaculizar la lucha contra el crimen. “Los delincuentes solo tienen dos caminos: la cárcel o el infierno”, dijo Loffredo, mientras Reimberg pidió sensibilidad “ante el clamor del pueblo”.

Valla en Quito que cuestiona a la Corte Constitucional y la seguridad en Ecuador

Una valla publicitaria instalada en Quito, específicamente en la intersección de Ladrón de Guevara y 12 de Octubre, ha generado controversia al mostrar un mensaje contra la Corte Constitucional del Ecuador. El cartel, que destaca la suspensión de artículos clave por parte de la Corte, también presenta un contador con las muertes violentas registradas en agosto de 2025, acompañados del mensaje "Ecuador merece paz". Este acto ha sido interpretado por algunos como una campaña de desprestigio hacia los magistrados. Aunque se ha confirmado la instalación de la valla por parte de la empresa Alac Outdoor Ecuador, aún no se ha esclarecido si se trata de una campaña financiada por fondos públicos.

Reacciones nacionales e internacionales

Organizaciones de derechos humanos y colectivos sociales denunciaron el “asedio” del Gobierno a la Corte Constitucional y emitieron una alerta urgente sobre la amenaza al Estado de derecho. La relatora especial de la ONU, Margaret Satterthwaite, advirtió que “la democracia no puede sobrevivir sin un poder judicial independiente”.

El Ejecutivo alega que las leyes suspendidas son vitales para combatir el crimen organizado, pero las organizaciones civiles alertan sobre retrocesos en derechos y garantías. La Corte mantiene que su rol es garantizar la constitucionalidad y el respeto a los derechos fundamentales, y que sus decisiones responden a criterios técnicos, no políticos.

Lo que comenzó como un trámite judicial ordinario por demandas de inconstitucionalidad ha derivado en una confrontación sin precedentes. La presión institucional, la convocatoria a marchas y la intención de someter a juicio político a jueces constitucionales abren un nuevo capítulo en la historia política del Ecuador, con profundas implicaciones para la vigencia del Estado de derecho y la separación de poderes.

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