Derechos humanos y gremios denuncian hostigamiento del Ejecutivo contra la Corte

Organizaciones de Derechos Humanos y colectivos de la naturaleza en Ecuador emitieron una "Alerta Urgente" en la que denuncian un "desmantelamiento del estado de derecho" por parte del gobierno. En un comunicado conjunto, señalan que una nueva "Ley de fondos" busca imponer un control estricto sobre las organizaciones sociales. Los grupos afirman que el proyecto, que se impulsa bajo la excusa de regular flujos irregulares, es en realidad un mecanismo para la estigmatización y el silenciamiento de la sociedad civil.

Según el documento, este proyecto busca "controlar a organizaciones de sociedad civil que realizan acciones de defensa de derechos territoriales y ambientales". De aprobarse, la ley incrementará la indefensión de las víctimas y la vulnerabilidad de defensores, persiguiendo a quienes se oponen al extractivismo. El comunicado acusa al gobierno de utilizar estos proyectos para "desestabilizar al país, particularmente a aquellas que presuntamente impulsarían la minería ilegal".

Organismos denuncian hostigamiento y criminalización

De acuerdo con las organizaciones, el gobierno de Noboa está creando un ambiente de criminalización y persecución, lo que "representa una restricción indebida del derecho a la libertad de asociación".

La alerta también subraya el hostigamiento del Ejecutivo hacia la Corte Constitucional, acusándolo de emprender una "campaña mediática de ataque" y amenazar su independencia. La movilización de gremios hacia la Corte Constitucional, convocada por el presidente, es señalada como una grave falta de respeto al estado de derecho. "Exigimos que el Ejecutivo se abstenga de hostigar por cualquier medio a personas defensoras de derechos humanos, colectivos y de la naturaleza", se lee en el texto.

Exigencias y demandas de los colectivos

Ante este escenario, los gremios sociales y de derechos humanos emitieron varias exigencias al gobierno de Noboa. Entre ellas, piden que se detenga el hostigamiento a la Corte Constitucional y a los defensores de derechos, y que se respete la independencia judicial. También solicitan que se suspenda de forma definitiva la "Ley de fondos" y otras normativas que buscan precarizar y criminalizar la labor social.

Finalmente, el documento critica al gobierno por no atender las necesidades de educación, salud y el agro, mientras recorta presupuestos para pagar la deuda externa. Los colectivos tildan a la administración de Noboa de "indolente, mentiroso e incapaz", y reiteran su llamado a la comunidad internacional a estar vigilante. Los firmantes insisten en la importancia de defender la democracia y la Constitución.

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