Johanna Verdezoto, el eslabón multiuso para poder controlar el CPCCS

El conflicto de interés como un tema inhabilitante para que un determinado funcionario o juez pueda actuar o decidir en una causa parece que ha dejado de existir como tal. O está en vías de extinción. Y eso es sumamente grave si se considera que para que una sociedad tenga confianza y crea en el Estado de Derecho, no puede haber dudas sobre si determinado funcionario o juez tomó una resolución en la que él o alguien relacionado con él pueda salir beneficiado. Cuando los funcionarios públicos empiezan a actuar pensando en el beneficio que él o los suyos puedan cosechar a partir de una resolución, la confianza en el sistema de derecho ha muerto y con él una parte sustancial de la vida en democracia. En esa etapa está el Ecuador.

Lo que ocurrió el miércoles 30 de julio en el seno de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea fue un ejemplo aterrador de este fenómeno. Ese día, la asambleísta Ana Herrera, del correísmo, hizo una observación absolutamente coherente y lógica: Usted, señor presidente, le dijo a Ferdinan Álvarez, debe dar un paso al costado en esta investigación sobre las mafias hospitalarias porque ha sido mencionado por uno de los acusados de que forma parte de ellos. Se refería a las afirmaciones de Xavier Jordán, el dueño de la narcopiscina en Miami, que había afirmado que Álvarez era parte de las mafias y que iba a probarlo con documentos. A pesar de tener un rabo de paja inmenso por ser correísta (el correato montó el sistema corrupto de compras públicas), Ana Herrera tenía la boca llena de razón. Pero Álvarez, cuyo alias de Tilín reveló Jordán, salió del cuestionamiento con una respuesta cargada de cinismo y sinvergüencería: si tuviera algún conflicto de interés, ya habría renunciado, dijo.

Otro caso de conflicto de interés, entre los muchos que hay, es el de Johanna Verdezoto, consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Esta funcionaria, que es una bienmandada del gobierno de Daniel Noboa, como lo fue hasta no hace mucho del correísmo, no tuvo empacho en nombrar como delegado suyo a la comisión para elegir a los miembros del Consejo de la Judicatura, a Christian Troya, quien había sido hasta horas antes asesor de Mario Godoy, el principal candidato para presidir el nuevo organismo. Es decir, nombró como su delegado a alguien que tendría la responsabilidad de calificar la candidatura de su exjefe. Una relación, además, tremendamente sospechosa porque Troya duró como asesor de Godoy apenas 10 días, lo que deja en claro que tan pronto como los operadores que trabajan en la toma del sistema de justicia vieron que era la persona más adecuada para calificar a su propio exjefe y por eso lo pusieron en el CPCCS como asesor de Verdezoto para que esta lo designe. No hay que olvidar que para ser miembro de la comisión supuestamente técnica que calificará a los candidatos al CJ, hay que ser empleado del CPCCS. ¡Bingo, Troya ya lo era!

El conflicto de interés en el caso del nombramiento de Troya para la comisión era más que grosero: el calificador calificando la candidatura de su exjefe. Y si uno se pone un poco más exigente, podría decir que el conflicto de interés de Troya es aún mayor: fue asesor y es amigo cercano de Fausto Jarrín Terán (hay fotos en redes sociales que dan cuenta de esa amistad), el operador del gobierno hecho cargo de las gestiones para tomarse la justicia y de cuya célebre adhesión fanática a Rafael Correa nadie ha tenido noticia aún de que ha acabado. Y aquí nuevamente el cinismo: cuando la consejera del CPCCS Piedad Cuarán anunció que solicitará al presidente del organismo, Andrés Fantoni, una investigación sobre la legalidad de la participación de Troya en la comisión técnica que selecciona a los nuevos vocales del CJ, Johanna Verdezoto sale con que todo el mundo tiene derecho al trabajo. Sí, ese fue el argumento de Verdezoto: que Troya tiene el derecho al trabajo y que por eso no se lo puede sacar de la comisión por el conflicto de intereses que hay en esta historia.

En realidad, el caradurismo de Ferdinan Álvarez y Johanna Verdezoto es solo una parte pequeña de todo el complejo y alucinante entramado de relaciones personales que hay entre los involucrados en la selección de las personas que harán parte del nuevo CJ. El conflicto de interés, en este tema, no es sino parte del operativo montado por Fausto Jarrín para que el gobierno de Noboa pase a controlar la justicia, luego de que se decrete la emergencia en el sector y la nueva Judicatura haga la intervención en él.

Verdezoto, además, es una pieza en la que no se puede dejar de poner el ojo en este proceso. Se trata de una funcionaria que tiene tras de sí una serie de problemas que la convierten en la parte más vulnerable para que actúe como el gobierno quiere que lo haga, como ya lo hizo hace poco con el correísmo: ella tiene un proceso penal por una causa en el fondo insignificante, pero que finalmente le da mucho poder a quien maneja a los jueces, en este caso al gobierno. Verdezoto uso su bono de vivienda (ella llegó de Los Ríos) para alquilar el departamento de su novio utilizando un contrato chimbo firmado por su asesora. La consejera sabe perfectamente que podría ir la cárcel si ese proceso llega a cabal término y eso, también lo sabe, es algo que está en manos de los operadores del gobierno. No hay que olvidar además que la rectitud de esta consejera ya quedó en 2024 en tela de duda cuando se descubrió que había mantenido reuniones secretas con un postulante a defensor público conocido por sus vínculos con el narcotraficante Leandro Norero. Esos son los conflictos de interés de los que ya nadie parece alarmarse.

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