La Judicatura dejó prescribir el sumario de Fabara: excusas y conflictos de interés

En los tribunales del país abundan prácticas poco éticas: cambio de abogados pocas horas antes de una audiencia, enfermedades repentinas o viajes al extranjero. En el Consejo de la Judicatura pasa exactamente lo mismo.

Un ejemplo es el tratamiento del expediente disciplinario contra el juez Fabián Fabara, presidente de la Corte de Justicia de Pichincha y cabeza de la terna enviada por la Asamblea controlada por el partido gobiernista ADN, para integrar el próximo Consejo de la Judicatura. 

La Judicatura, presidida por Mario Godoy, permitió que el sumario contra Fabara prescribiera. Y la justificación es una leguleyada. El primer hecho favorable para el juez fue el tiempo: Godoy convocó a un pleno extraordinario a pocas horas de que el caso prescriba. Luego, se abstuvo de votar porque, según dijo, tiene un conflicto de interés con Fabara, relacionado con la denuncia de la jueza Nubia Vera.

Vera denunció en diciembre de 2024 que Godoy supuestamente la presionó para que fallara a favor del Gobierno en una acción de protección presentada por la entonces vicepresidenta Verónica Abad. El mecanismo para esa presión pasaba por las manos de Fabara, ya que, como presidente de la Corte de Justicia de Pichincha, debía autorizar el inicio del trámite para una futura destitución de la jueza.

Godoy alega tener un conflicto de interés, pero se mantiene en el pleno

Godoy ha replicado el comportamiento de la exvocal Maribel Barreno: excusarse en el pleno pero quedarse para dar quórum. La práctica de la exvocal durante la destitución del juez Walter Macías, en 2023, derivó en un caso que la llevó a ser sentenciada a nueve años de cárcel por obstrucción a la justicia.

A pesar de que el "conflicto de interés"  entre Godoy y Fabara data de diciembre de 2024 y de que el Presidente de la Judicatura es el único miembro con un vocal alterno, decidió quedarse en el pleno.  La decisión quedó en manos de las vocales Solanda Goyes y Yolanda Yupanqui, quienes mantuvieron posturas diametralmente opuestas.

Yupanqui defendió la tesis de no sancionar a Fabara ni a los otros jueces sumariados: Leonardo Xavier Barriga Bedoya e Inés Maritza Romero Estévez. Goyes, en cambio, sostuvo que debía sancionarse con destitución a Barriga, y con una amonestación a Romero y Fabara, explicó.

Yupanqui argumentaba que el proceso era nulo porque Fabara había solicitado ser recibido en audiencia, pero la Subdirección de Control Disciplinario, dirigida por Christian Berrezueta, no atendió su pedido, vulnerando su derecho a la defensa. 

“Resulta que coincidencialmente ese derecho a la defensa se reclamaba porque no les atendía una audiencia que pedían el día de ayer (31 de julio). Es decir, el día de ayer, cuando ya prescribía el caso se puso en conocimiento y el día de ayer pedían que se les atienda en audiencia. Eso ya es ya es imposible”, explicó la vocal Solanda Goyes. 

Para Yupangui, "existencia de vicios sustanciales y vacíos jurídicos que comprometían la validez del trámite disciplinario. En consecuencia, esta vocalía propuso acoger la recomendación del área técnica respecto a la nulidad de los procedimientos", explicó en un comunicado.

Las vocales no lograron llegar a un acuerdo. Tampoco había tiempo para que el expediente regresara a los equipos técnicos, se hiciera la audiencia que pedía Fabara, se emitiera el informe y se convocara nuevamente al pleno. Así, aunque los jueces sumariados tenían una declaratoria de negligencia manifiesta, la Judicatura dejó el caso en la impunidad por su propia negligencia en la tramitación del expediente.

Fabara respira y sigue en el proceso para llegar a la Judicatura

Ahora, libre de este sumario, la hoja de vida de Fabián Fabara —al igual que la de Mario Godoy, quien también aspira a la reelección en la Judicatura por la terna enviada por la Corte Nacional— deberá ser revisada y calificada por el equipo técnico del Consejo de Participación. Uno de los comisionados asignados a esta tarea es Christian Troya, excomunicador de Godoy y exasistente de Fausto Jarrín, antiguo abogado de Rafael Correa y ahora cercano al gobierno.

Si Fabara era sancionado con la destitución, como lo había recomendado el área técnica de la propia Judicatura, quedaba automáticamente fuera del proceso de selección para integrar el nuevo Consejo. De hecho, el reglamento de ese concurso, en su artículo 11.16, establece que no pueden participar funcionarios que hayan sido destituidos o que tengan sanciones en firme por responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas.

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