El gobierno asalta la justicia con operadores fieles y sin escrúpulos

El bienmandado presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Suing, hizo (como siempre) lo que el gobierno esperaba de él: puso a Mario Godoy, por segunda vez, en la terna para presidir el Consejo de la Judicatura. Con un agravante: entre la primera y la segunda median exactamente doce meses de conflictos de interés e ineficiencia pura y dura. El año pasado, nominar a Godoy era nominar al abogado que se sirvió de la espuria ley de comunicación del correísmo para evitar la difusión de noticias sobre las actividades ilegales de sus dos excuñados narcotraficantes. Hoy, nominar a Godoy es nominar a ese abogado pero también al presidente de la Judicatura que fue incapaz (entre otras cosas) de organizar un solo concurso para elección de autoridades y una sola evaluación de jueces y fiscales. Un funcionario incompetente cuyo mérito consiste en actuar como operador político del gobierno en la Función Judicial. Todo parece indicar que el CPCCS (cuya mayoría también rinde cuentas a Carondelet) lo reelegirá. Yo-no-fui, dirá José Suing.

Así, el proceso de metida de mano en la justicia avanza viento en popa. En esta historia todo es escandaloso, empezando por el procedimiento ilegal que aplicó el CPCCS para sacar de manera sumaria a uno de los integrantes de la terna de la Corte Nacional y abrir así un espacio en esa terna para permitir que Suing volviera a colar a Godoy en la carrera. A Marco Rodríguez Ruiz (significativamente el único juez integrante de la terna de la Corte Nacional) le quedó claro que todo el proceso es un fiasco: “desde mi óptica jurídica, no (se) garantiza que en esta designación primen parámetros de méritos, experiencia y conocimiento”, escribió en el oficio que dirigió ayer a Andrés Fantoni, presidente del CPCCS, en el que renuncia de manera irrevocable a ser parte de la terna. Ya se conseguirán otro que se preste para ser comparsa.

Si escandaloso es lo ocurrido en el CPCCS y la Corte Nacional, lo de la Asamblea es descarado e impúdico. La terna que había sido debidamente nombrada en la legislatura anterior (y que la actual echó abajo con el peregrino argumento, confusamente expuesto por el presidente Niels Olsen, de que aquello que no está prohibido, permitido está) acaba de ser reemplazada por otra francamente impresentable. Basta con decir que está presidida por Fabián Fabara, presidente de la Corte Provincial de Pichincha, investigado por prevaricato y sobre quien pesa una declaración jurisdiccional previa de negligencia, razón por la cual, el pasado 28 de mayo (como quien dice: anteayer), la dirección disciplinaria de la Judicatura de Pichincha recomendó su destitución. En resumen: la Judicatura quiere destituirlo como juez por negligente y la Asamblea pretende nombrarlo vocal de la Judicatura.

Un plan que funciona como reloj suizo

Como si esto fuera poco, otro integrante de esa misma terna, Walter López, es un asambleísta alterno. Por la jeta. Propuso su nombre (de hecho: propuso los tres nombres, es decir, la terna completa) el legislador Pablo Jurado: su asambleísta principal, que es aliado del oficialismo. Todo en familia. Esta promiscuidad no parece molestar a Niel Olsen, empeñado como dice estar en la extirpación de argollas del seno de la Asamblea. Así las cosas, la abogada internacionalista María Emilia Grijalva resulta ser la más calificada de la terna por la simple razón de que nadie la conoce ni en pelea de perros.

Por lo demás, con siete meses de retraso durante los cuales mantuvo bloqueado el proceso de renovación del Consejo de la Judicatura, el presidente Daniel Noboa envió por fin la terna del Ejecutivo. En ella destaca el nombre de Ivonne Núñez, su ministra del Trabajo, famosa por haber pretendido destituir a la vicepresidenta Verónica Abad con una acción de personal, haciendo de la Constitución un chicle: antecedente que la califica plenamente para el cargo.

Núñez, Godoy, el juez Fabara… Los tres nombres con los que Carondelet aspira a formar mayoría en el Consejo de la Judicatura tienen en común el hecho de haber participado activamente en el acoso a la exvicepresidenta. La ministra Núñez, con el ya mencionado desvarío de la acción de personal; el presidente Godoy, presuntamente presionando a la jueza Nubia Vera para que negara la acción de protección que había solicitado Verónica Abad con el fin de recuperar el cargo del que ilegítimamente le había privado el Ministerio del Trabajo; finalmente el juez Fabara, iniciando contra Nubia Vera un proceso de destitución que terminó en manos de la jueza Lady Ruth Ávila, su presunta cómplice en el caso de prevaricato por el que se le investiga. La persecución a la exvicepresidenta parece haber sido la prueba máxima de confianza exigida por el régimen, la línea roja de inconstitucionalidad que los fieles tenían que atravesar sí o sí para garantizarle al gobierno que, en esto de meter las manos en la justicia, están dispuestos a todo.

Con esta mayoría en el Consejo de la Judicatura (siempre y cuando Fabara consiga superar la etapa de impugnaciones, lo cual sería un escándalo) y con Godoy en la presidencia, Daniel Noboa pretende administrar los al menos cuatro años de emergencia judicial que le permitirán gobernar cómodamente.

Accede a contenido exclusivo. Únete a nuestra comunidad informada