Roberto Aguilar | La repugnante promiscuidad del CPCCS
La trampa, como suele ocurrir en organismos de paja como el CPCCS, está en el reglamento
El mapa de relaciones que se ha tejido en el CPCCS a propósito del nombramiento del nuevo Consejo de la Judicatura, para cuya presidencia se prepara la reelección del impresentable Mario Godoy, es un monumento viviente al conflicto de intereses, cuando no al tráfico de influencias. Lo desentrañó, con paciencia de arqueóloga, la periodista de EXPRESO Sara Ortiz, y lo publicó este Diario en su edición de ayer.
En ese mapa hay esposos, novios, amantes, hermanos, hermanos de los amantes, socios, asesores, abogados de los socios, abogados de los socios que también son esposos… En fin: una promiscuidad repugnante coordinada por el más repugnante de los tinterillos: el operador político de Daniel Noboa para temas judiciales Fausto Jarrín Terán: extestaferro de negocios inmobiliarios truchos, exabogado y exasambleísta de bolsillo de Rafael Correa, quien sospechosamente no ha dicho ni pío de su traición abierta, salvo que no haya tal traición y ellos sigan conchabados como siempre, para que todo sea perfecto.
Así es este gobierno: por poco que uno rasque en cualquier lado, aparece un correísta.
La trampa, como suele ocurrir en organismos de paja como el CPCCS, está en el reglamento. El que norma la selección de integrantes del Consejo de la Judicatura contempla el nombramiento de una llamada “comisión técnica de selección” de siete miembros, elegidos a razón de uno por cada consejero. ¿Quiénes la integran? ¿Juristas de reconocida trayectoria? Qué va: burócratas del CPCCS. Trabajar en esa cloaca es el único requisito que deben cumplir quienes elegirán a la nueva Judicatura. Por supuesto, su futuro laboral depende de sus jefes, los miembros del pleno, cuya mayoría es fiel al gobierno de Noboa. La consejera Johanna Verdezoto, por ejemplo, nombró directamente a Christian Troya, su asesor, que también lo fue del operador de Carondelet Fausto Jarrín. Así, la manipulación del proceso no sólo está garantizada sino que resulta obligatoria.
Johanna Verdezoto es un caso de estudio. No porque sea la peor de quienes han pasado por el CPCCS. Al contrario: los ha habido abogados de mafiosos, manipuladores de jueces, defraudadores del fisco, conspiradores a sueldo… Sobre ella, en cambio, sólo pesa una denuncia por peculado relacionada con un chanchullo en torno al bono de arrendamiento que ofrece el CPCCS a sus consejeros que vienen de provincias. Ella lo recibía pero vivía con su novio en un departamento de él mientras forjaba un contrato de arrendamiento ficticio con una subalterna para seguir cobrando. Fruslerías. El novio, por cierto, es Javier Bósquez, que en las elecciones para el Colegio de Abogados de Pichincha fue compañero de lista de Dolores Vintimilla, esposa de Mario Godoy. Johanna Verdezoto fue quien apadrinó el ilegal procedimiento de abrir un espacio para Godoy en la terna de la Corte Nacional. Así se lo mandaron y cumplió. Porque si no cumple, le cae el hacha: por chanchullera. Porque no es que Johanna Verdezoto sea consejera del CPCCS a pesar de su denuncia por peculado, sino precisamente por causa de su denuncia por peculado. Su rabo de paja la convierte en la consejera ideal para cualquier gobierno y ella está dispuesta a lo que sea con tal de no ver ese rabo de paja arder. Eso es el CPCCS: sin gentuza, no existe.
