Ecuador vive su año más violento: causas del récord histórico de homicidios en 2025

Ecuador atraviesa una crisis de seguridad sin precedentes. Entre enero y julio de 2025 se registraron 5.268 homicidios, un incremento del 40 % frente al mismo periodo del año anterior, según datos del Ministerio del Interior. 

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Si la tendencia continúa, el país podría cerrar el año con cerca de 9.000 muertes violentas, una cifra sin precedentes que consolida al país como uno de los más inseguros de la región. Especialistas en seguridad coinciden en que el repunte de homicidios responde a una combinación de factores estructurales. 

El primero es la fragmentación de las organizaciones criminales tras la captura o muerte de sus principales líderes, lo que desató una disputa territorial entre bandas por el control de rutas del narcotráfico, zonas de microtráfico y redes de extorsión. 

Narcotráfico en la costa ecuatoriana

A esto se suma la expansión del narcotráfico en la costa ecuatoriana, convertida en una ruta clave para la salida de droga hacia Estados Unidos y Europa. “El país pasó de ser un punto de tránsito a un espacio de disputa criminal”, explica el analista en seguridad Daniel Pontón. 

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Otro elemento crítico es la crisis penitenciaria. Desde las cárceles —donde operan las mismas bandas que se enfrentan en las calles— se planifican ataques y ajustes de cuentas. La falta de control estatal dentro de los centros de reclusión ha permitido que estas estructuras mantengan su poder y capacidad operativa, advierte la investigadora en temas carcelarios María Beltrán.

Finalmente, la proliferación de armas ilegales ha incrementado la letalidad de los conflictos. Datos oficiales muestran que más del 80 % de los homicidios se cometen con armas de fuego, especialmente en las provincias costeras de Guayas, Manabí y Esmeraldas.

Para el coronel en servicio pasivo del Ejército Wilson Goyes, la captura de líderes tiene efectos inmediatos, pero no necesariamente duraderos. “La captura de estos líderes de alto perfil interrumpe la cadena de mando, dificulta la coordinación de operaciones y genera desorganización momentánea en el grupo. Sin embargo, en algunos casos, estas organizaciones pueden fragmentarse o surgir luchas internas por el control, lo que puede aumentar la violencia y generar nuevos problemas de seguridad”, sostiene.

El caso de Joaquín el ‘Chapo’ Guzmán es ilustrativo. Tras su captura definitiva en 2016, el Cártel de Sinaloa no desapareció. Por el contrario, se reconfiguró. Surgieron nuevas figuras, como los hijos del capo (los llamados Chapitos), y se intensificaron los enfrentamientos con grupos rivales. La estructura criminal demostró una capacidad de adaptación que desafía la narrativa oficial.

De acuerdo con el experto Andrés Nieto, director del Observatorio de Seguridad de la Universidad Central de Colombia, el país vecino ofrece un entorno propicio para que las redes criminales extranjeras encuentren soporte logístico.

“En Colombia existe una especie de oferta de mano de obra criminal barata. Los delincuentes se han especializado en ofrecer servicios a distintas bandas, bajo un modelo de ‘outsourcing’ (subcontratación o externalización) delincuencial. Aquí se puede contratar cualquier tipo de servicio criminal, con altos niveles de profesionalización y a costos muy competitivos”, asevera Nieto.

Ante la escalada de violencia, el Gobierno ha impulsado una política de seguridad basada en operativos militares, estados de excepción y endurecimiento de penas. En los últimos meses, las Fuerzas Armadas han sido desplegadas en las zonas más conflictivas, mientras se ejecutan acciones focalizadas contra los líderes de grupos criminales. Aunque estas medidas han permitido capturas y decomisos importantes, los resultados no se reflejan todavía en una reducción sostenida de los homicidios. 

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Expertos advierten que el enfoque de “mano dura” resulta insuficiente si no se acompaña de políticas de prevención y fortalecimiento institucional. “El despliegue militar puede contener temporalmente la violencia, pero no resuelve las causas que la originan”, señala el criminólogo Jorge Medina. “El Estado necesita reconstruir su presencia en los territorios y ofrecer alternativas sociales y económicas a los jóvenes que hoy son reclutados por las bandas”. 

La magnitud del problema pone en evidencia las limitaciones de una estrategia centrada únicamente en la represión. Los expertos coinciden en que Ecuador necesita una política de seguridad con control de armas, fortalecimiento judicial, inteligencia penitenciaria y programas sociales

La ciudadanía atraviesa Un desafío de largo aliento

El aumento de asesinatos ha golpeado la percepción de seguridad de los ecuatorianos. Encuestas recientes revelan que ocho de cada diez ciudadanos se sienten inseguros al salir de casa, y muchos han modificado sus rutinas diarias. 

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Comercios, escuelas y transportistas reportan pérdidas por el aumento de extorsiones y por el temor generalizado. “El impacto psicológico y económico de la violencia es tan grave como las cifras mismas”, afirma la socióloga Carolina Pesantes. “Cuando la gente deja de confiar en las instituciones y empieza a vivir con miedo, el tejido social se deteriora y la recuperación se vuelve más difícil”.

Las consecuencias también se reflejan en la economía informal. En Guayaquil, Durán y Esmeraldas, pequeños negocios reportan pérdidas por la caída del consumo y el pago de “vacunas” a grupos criminales. 

Muchos emprendedores optan por cerrar o trasladarse a otras provincias. “La violencia no solo mata personas; erosiona la confianza social”, sostiene Pesantes. “Cuando el ciudadano siente que el Estado no lo protege, comienza a normalizar la violencia o a buscar justicia por su cuenta. Eso es muy peligroso”.

El fenómeno también tiene un costo invisible: la desmovilización ciudadana. Menos participación en organizaciones barriales, escasa asistencia a eventos comunitarios y un retroceso en la confianza entre vecinos. La sociedad se vuelve más cerrada.

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