Plan de seguridad en Ecuador: cómo el dinero del crimen mueve la estrategia

El Gobierno del presidente Daniel Noboa presentó un nuevo componente de su estrategia de seguridad enfocada en debilitar económicamente a las bandas criminales, mediante el fortalecimiento del control financiero, la persecución del lavado de activos y la incautación de bienes vinculados a actividades ilícitas.

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Esta medida se suma a las acciones implementadas desde 2024, que incluyeron la declaratoria de conflicto armado interno, estados de excepción y el despliegue de las Fuerzas Armadas en tareas de control interno. 

A diferencia de esas iniciativas, centradas principalmente en la presencia militar y policial en calles y centros penitenciarios, el nuevo enfoque apunta a interrumpir los flujos de dinero que sostienen las operaciones del crimen organizado.

Las políticas iniciales del actual Gobierno priorizaron el control territorial y la captura de cabecillas. Aunque estas acciones derivaron en operativos y decomisos, no han logrado frenar de forma sostenida los niveles de violencia. 

Mayor control sobre operaciones financieras

El nuevo plan incorpora herramientas adicionales como un mayor control sobre operaciones financieras sospechosas, procesos más ágiles para la incautación de bienes vinculados a actividades ilícitas, cooperación internacional para el rastreo de activos en el exterior y el refuerzo institucional de los organismos encargados del análisis financiero.

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El sociólogo y experto en seguridad Abraham Pineda sostiene que el crimen organizado en Ecuador opera bajo una lógica empresarial, en la que los ingresos provenientes de economías ilegales se reinvierten en armas, corrupción y expansión territorial.

En ese contexto, considera que limitar esos recursos puede debilitar de manera significativa la capacidad operativa de las organizaciones. Por su parte, la analista Milena Arcos advierte que el lavado de activos se ha integrado a sectores formales de la economía, lo que obliga a contar con sistemas de inteligencia financiera más precisos. A su criterio, “sin capacidades técnicas suficientes, las políticas de persecución económica pueden resultar ineficaces o mal focalizadas”.

Desde una perspectiva económica, distintos estudios señalan que el dinero ilícito representa una porción relevante de los flujos financieros que circulan fuera del control estatal, lo que refuerza la necesidad de mecanismos de trazabilidad y supervisión más estrictos.

El experto en crimen organizado Martin Verrier añade que las organizaciones delictivas suelen adaptarse con rapidez a los cambios en las políticas públicas. “Cuando se restringen ciertas rutas financieras, es posible que migren hacia métodos alternativos, como el uso de empresas fachada, transacciones informales o mecanismos digitales de transferencia de valor”, explica.

Este fenómeno, conocido como “efecto desplazamiento”, ya se ha observado en otros países de la región y constituye un desafío para las autoridades, que deberán actualizar de forma permanente sus sistemas de control y cooperación internacional.

Desde una perspectiva operativa, Wagner Bravo, exsecretario de Seguridad del Estado, destaca que la incautación de 270 toneladas de cocaína en Ecuador impidió que alrededor de 3.000 millones de dólares ingresaran al mercado ilegal internacional, ya sea en Estados Unidos, Europa u otros destinos.

“No se trata solo de confiscar droga, sino de evitar que ese dinero financie a las organizaciones criminales. Esos recursos no llegaron a los mercados ilegales de destino y, probablemente, tampoco generaron un pago directo ni un retorno inmediato para los productores”, señala.

Según sus estimaciones, de ese monto, cerca de 2.000 millones de dólares se habrían quedado en el exterior, mientras que alrededor de 1.000 millones se distribuirían entre Colombia y otros países, de los cuales unos 500 millones podrían haber llegado a Ecuador.

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No obstante, otro aspecto que genera preocupación es el impacto que estas medidas podrían tener sobre sectores económicos formales. Actividades que manejan grandes volúmenes de efectivo (como el comercio, el transporte o algunos servicios) podrían quedar sujetas a controles más estrictos.

El analista Pablo Criollo advierte que, si no se establecen criterios claros, existe el riesgo de tener investigaciones prolongadas o incautaciones que afecten a empresas y ciudadanos sin vínculos con actividades ilícitas. Por ello, subraya la importancia de que estas políticas se apliquen con supervisión judicial y con mecanismos de apelación efectivos.

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