¿Las leyes de Daniel Noboa son suficientes para combatir las economías criminales?

Aunque la Ley de Solidaridad ya fue presentada como una herramienta, el Ejecutivo ha retomado el combate a las economías criminales en la propuesta de Ley para el Control de Flujos Irregulares de Capitales, argumentando una supuesta contaminación en las ONG.

Esta nueva iniciativa, actualmente en trámite en la Asamblea Nacional, pone la lupa sobre las organizaciones de la sociedad civil, ya que el Gobierno asegura tener información “empírica” de que a través de estas se estaría lavando dinero proveniente de grupos del crimen organizado.

Sin embargo, ya existen mecanismos y organismos competentes para fiscalizar el dinero ilícito, y la propia Ley de Solidaridad -cuya reglamentación entró en vigor hace un mes- aborda estos temas. Incluso, analistas consultados por EXPRESO cuestionan la necesidad de este nuevo marco normativo.

Hace falta fortalecer instituciones clave para el lavado de activos en  Ecuador

El penalista Julio César Cueva considera que estas propuestas del Ejecutivo responden a los reiterados llamados de la Corte Constitucional para que se deje de utilizar los estados de excepción como herramienta permanente. No obstante, advierte que las nuevas leyes no han sido suficientes.

De hecho, critica que las normas se queden en el simbolismo. “Se crea un impuesto, pero no se destinan fondos a la UAFE, la Dirección de Registro de Datos Públicos, la Fiscalía o la Corte”, apunta. Este Diario intentó comunicarse con la UAFE para consultar sobre su gestión, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Además, recuerda que si se trata de una ley para combatir el lavado de activos, esta debería contener normas específicas y no imponer tributos desvinculados del objetivo principal. También objeta que se viole el principio de unidad de materia porque genera un marco legal confuso, como ha pasado con propuestas de ley anteriores.

La justicia también es un factor importante en la lucha contra el lavado de activos

Por su parte, el analista económico Alberto Acosta Burneo señala que las leyes no han sido lo esperado. “Son parches, reformas cosméticas que no cambian el fondo. Desde la lógica política, han ayudado al Gobierno a consolidarse, pero desde la económica o ciudadana, no generan cambios reales”, sostiene.

Más allá de las leyes aprobadas, Acosta enfatiza que la lucha contra el crimen organizado debe abordarse desde múltiples frentes: económico, judicial, militar y tecnológico. En ese sentido, considera fundamental reforzar los controles en puertos, aeropuertos y todos los puntos por donde pueda transitar droga, por ejemplo.

Incluso menciona que, además del fortalecimiento de entidades como la UAFE, hay otros pendientes: “Implica mejorar las capacidades del sistema judicial: jueces sin rostro, jueces en el exterior. Es decir, mecanismos que ofrezcan mayor seguridad y fortaleza institucional para que este combate, que tiene muchas aristas, sea efectivo”.

La ayuda internacional también es clave en la lucha contra el lavado de activos

Cueva, en ese mismo sentido, identifica un problema estructural: sin tecnología, personal capacitado ni claridad normativa, la persecución del delito se vuelve ineficaz e incluso peligrosa. Coincide en que no se ha fortalecido a la UAFE, y subraya que el aumento de penas tampoco es una salida.

En ese contexto, Acosta reconoce que Ecuador no puede enfrentar esta batalla en solitario, sino con cooperación internacional. “Esta lucha no puede hacerse solo. Es un enemigo transnacional. Se necesita apoyo internacional, y hay que seguir profundizando esos espacios de colaboración”, concluye el analista económico.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!