Ley para el Control de Flujos de Capitales empezó su trámite en Desarrollo Económico
Delegados de la UAFE y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria acudieron a la comisión
La tarde del 5 de agosto del 2025, la Comisión de Desarrollo Económico conoció la resolución del Consejo de Administración Legislativa (CAL), que le asignó el tratamiento del proyecto de Ley Orgánica para el Control de Flujos Irregulares de Capitales. La sesión empezó con retraso, hasta que se integre Valentina Centeno, la presidenta de la mesa.
José Julio Neira, director general encargado de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), señaló que este proyecto de Ley es concebido como una herramienta clave para cumplir con estándares internacionales de prevención de delitos financieros. Las fundaciones como actores jurídicos deben garantizar transparencia en el manejo de recursos, en especial, aquellas que administran fondos provenientes del exterior o canalizan recursos a través de terceros.
Además, Neira sostuvo que buscan hacer controles sin criminalizar a cientos de fundaciones que trabajan por el desarrollo del país y que la regulación clara no es sinónimo de persecución. Detalló que buscan que las organizaciones cumplan con el registro financiero, con obligación de reportar actividades sospechosas, trabajen en relación con la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y con el Ministerio de Gobierno.
Freddy Monge, intendente general técnico de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, actualmente muchas fundaciones operan sin un marco homogéneo de supervisión. Esta ley permitirá definir competencias claras entre las entidades de control, establecer obligaciones mínimas de gobernanza y rendición de cuentas.
¿Qué cambios se deben hacer en el sistema judicial para combatir el lavado de activos?, pregunta Sergio Peña
El asambleísta Sergio Peña dijo que "las operaciones inusuales suman aproximadamente 300 millones de dólares. De 73 casos investigados en el sistema judicial, desde el 2016 hasta la actualidad hay 12 sentenciados". Preguntó, ¿qué se está haciendo p qué se puede hacer para combatir el lavado de activos usando el sistema judicial?
Neira contestó están proponiendo que se apruebe una medida cautelar de inmovilización de fondos porque la falta de congelamiento preventivo debilita la prevención en temas de lavado activos y expone a riesgos reputacionales al país. En Argentina y Perú se pueden congelar los fondos por 72 horas.
¿Qué dijo Liliana Durán, de la RC5?
Liliana Durán, asambleísta de la RC5, señaló su "profunda preocupación" por este proyecto de ley. Dijo que "es un intento de imponer control político sobre organizaciones sociales, criminalizar la participación ciudadana y darle al Gobierno herramientas para congelar fondos por orden judicial. Exigir plataformas digitales inaccesibles no es combatir la corrupción, es silenciar. Las mujeres nos asociamos para poder emprender, para buscar el pan del día para nuestra familias y los trabajadores por defender derechos laborales".
Según Mishell Mancheno, de ADN, no hay entes competentes para supervisar a las organizaciones sociales
La legisladora de ADN, Mishell Mancheno, aseguró que no existe una institución con la competencia para realizar controles posteriores a las fundaciones.
Monge contestó que ahora supervisan a 398 entidades financieras, cooperativas de ahorro y crédito y mutualistas de vivienda y a 17.000 organizaciones tipo asociaciones, cooperativas de producción y de transporte. Con las nuevas competencias que les otorga el proyecto de ley -comentó- se encargarían de vigilar a un poco más de 60.000 fundaciones, organizaciones de la sociedad civil y ma´s de 1.000 cajas de ahorro.
El funcionario manifestó que gran parte de problemas ocurre por la falta de capacitación en temas de gobernanza.
Neira afirma que hay organizaciones que reciben de $ 5 a 15 millones de dólares sin ningún control
José Julio Neira indicó que el enfoque no será excesivo sino proporcional al tamaño de las organizaciones, habrá diferentes parámetros, para identificar el riesgo que muestra. Hay fundaciones que reciben de 5 millones a 15 millones de dólares al año, sin ningún control; y otras hasta 500 dólares al año, que requieren más ayuda para captar donaciones.
"Queda claro que el objetivo de la ley que es encontrar el flujo de capitales que usan como pantalla a estas organizaciones para cometer delitos", dijo Valentina Centeno.
