Organizaciones sociales bajo presión por nueva ley en Ecuador: piden diferenciación
Apoyan el control contra lavado de activos pero piden no generalizar y publicar evidencias de delitos
Abogados y directivos de organizaciones de la sociedad civil revisan en detalle el proyecto de Ley Orgánica para el Control de Flujos Irregulares de Capitales. Coinciden en que generaliza, por lo que impactará a organizaciones pequeñas que cuidan de adultos mayores, víctimas de trata y defienden derechos de las personas LGBTIQ+, así como a asociaciones de padres y madres de chicos con autismo, uniones barriales y a los socios de la Red Ecuatoriana de Cooperación Internacional y Desarrollo (Recid).
Vladimir Andocilla es abogado y preside la Asociación de Padres y Amigos para el Apoyo y la Defensa de los Derechos de las Personas con Autismo (Apada). Reitera que no se oponen a los controles para evitar el lavado de activos para todos los sujetos obligados: organizaciones, fundaciones, bancos, joyerías, notarios, jueces... Pero sí pide diferenciar entre fundaciones y corporaciones.
“La ley no lo hace. Lo deja para el reglamento. Este proyecto incide en el derecho a la libertad de asociación, obliga a contar con un contador, un oficial de cumplimiento contratado. Quizá para organizaciones que reciben más de 120 mil dólares al año, pero cómo haremos las que a duras penas manejamos 10.000 a 15.000 dólares al año”, sostiene.
“Apoyamos los controles frente a economías criminales. Pero en Ecuador existen miles de organizaciones sociales que mayoritariamente trabajan de manera adecuada, alineadas a derechos humanos y bajo normativas expresas de ministerios, que tienen su rectoría y les dieron personería jurídica”, dice, por su parte, Daniel Rueda.
Lo que piensan las organizaciones de la sociedad civil sobre el proyecto de ley
Daniel Rueda es vocero de la Red Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil, que suma 70 agrupaciones que cuidan de niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, víctimas de trata y de violencia, en Pichincha, Tungurahua, Chimborazo, Azuay, Guayas, Cotopaxi, Santo Domingo de los Tsáchilas e Imbabura.
“Nos parece que buscan tener un mayor control sobre las organizaciones de la sociedad civil y potestad de disolución, con auditorías permanentes que pueden desnaturalizarse y dar lugar a persecución”, señala.
¿Qué opina la Red Ecuatoriana de Cooperación Internacional y Desarrollo?
Patricia Lozano, vocera de la Red Ecuatoriana de Cooperación Internacional y Desarrollo, comenta que el viernes 1 de agosto del 2025 se juntaron 114 organizaciones en una mesa virtual. Entre otras, fundaciones como Esquel, Hermano Miguel y Ecociencia. Les parece un avance la supervisión basada en análisis de riesgo, que se alinea con el estándar Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Así como la obligación de publicar información financiera y de gobernanza.
Ayer, la vocera de Carondelet, Carolina Jaramillo, dijo que la labor de las organizaciones de la sociedad civil que defienden causas loables no puede verse empañada porque pocas o muchas estén cometiendo presuntos delitos.
En ese sentido, la Recid respalda sanciones a entidades que sirvan de fachada para actos criminales y pide que los entes de control inicien procesos y publiquen la evidencia, nombres de los responsables y las sanciones aplicadas o por aplicarse.
La defensa de ADN a su proyecto de ley
Nathaly Farinango, asambleísta de ADN, en entrevista con EXPRESO manifestó que entienden las preocupaciones legítimas de las organizaciones por “la mala experiencia del Decreto 16 (del 2013), que buscaba la persecución, a diferencia de esta ley que será construida en el ámbito democrático”.
Al comentarle que las ONG buscar ser escuchadas en la Asamblea, expresó: “Nuestra jefa de bancada (Viviana Centeno) nos dijo que serán una parte fundamental en el debate”.
Farinango recalcó que con este proyecto de ley se busca seguir la recomendación 8 del GAFI acerca de controles preventivos. “Vimos lo que pasó con Mayra Salazar y su fundación Renova. El MIES habla de 26 fundaciones con personería jurídica que se suponía firmaban convenios con el Estado, pero no cumplen con ello”, manifestó.
FARO pide tomar en cuenta la diversidad de organizaciones sociales
Gabriela Suárez Buitrón, directora ejecutiva de FARO, indica que el proyecto de ley debe tomar en cuenta la diversidad y heterogeneidad del ecosistema de organizaciones en Ecuador. Coincide en la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas.
“En FARO hemos promovido e implementado estándares y herramientas en esta línea, convencidos de que deben aplicarse a todos los sectores de la sociedad. No obstante, estos principios deben ser exigidos con criterios claros y objetivos”, apunta.
Y agrega que “el diálogo abierto y colaborativo es clave para lograr una ley que no restrinja sino que potencie el trabajo de quienes aportamos al bien común desde la sociedad civil”.
¿Qué dicen UNICEF y Pachamama?
Consultada al respecto, Unicef contestó que no tenía un pronunciamiento. Voceros de Pachamama no estuvieron disponibles por reuniones desarrolladas durante toda la mañana.
