Gobierno envía proyecto urgente a la Asamblea para parar flujos ilegales de capitales
Esta es la cuarta propuesta con ese carácter enviada por el Ejecutivo en lo que va del año
El presidente de la República, Daniel Noboa, remitió este 29 de julio a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley Orgánica para el Control de Flujos Irregulares de Capitales, calificado como urgente en materia económica. Esta es la cuarta propuesta con ese carácter enviada por el Ejecutivo en lo que va del año.
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La iniciativa busca establecer un marco jurídico robusto para prevenir, detectar y sancionar movimientos financieros inusuales, especialmente aquellos que podrían estar vinculados a actividades ilícitas como el lavado de activos o la evasión fiscal. El proyecto pone especial énfasis en el control de organizaciones sin fines de lucro, como fundaciones, ONGs y corporaciones, tanto nacionales como extranjeras, que operan en el país.
Según el mandatario, algunas de estas entidades han sido utilizadas como fachada para canalizar recursos con fines desestabilizadores o delictivos. “Se usan fundaciones u organizaciones sin fines de lucro para ingresar dinero y desestabilizar el país, sin ningún tipo de control”, declaró Noboa en una entrevista reciente.
Entre las disposiciones clave del proyecto se incluyen:
- Registro obligatorio en el Sistema Unificado de Información de Organizaciones Sociales (SUIOS) como condición para operar legalmente en Ecuador.
- Transparencia financiera, con publicación de estados auditados, fuentes de financiamiento y políticas de integridad.
- Rendición de cuentas anual, detallando ingresos, proyectos ejecutados y evaluación de impactos.
- Supervisión a cargo de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que podrá imponer sanciones por uso indebido de fondos o incumplimientos contables.
- Medidas excepcionales para la inmovilización de fondos sospechosos por parte de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
- Reformas tributarias, como el cambio en el tratamiento de dividendos empresariales para evitar maniobras evasivas.
Las organizaciones activas tendrán un plazo de 90 días para registrarse en el SUIOS y hasta seis meses para implementar sus sistemas de integridad. El Ejecutivo deberá emitir el reglamento correspondiente en un máximo de 60 días.
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El proyecto se alinea con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2024-2025, en particular con los ejes de seguridad económica, lucha contra economías criminales y fortalecimiento institucional. La Asamblea Nacional tiene ahora 30 días para tramitar la propuesta bajo el procedimiento de urgencia económica.
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