Jueces para el conflicto armado en Ecuador, una reforma que genera críticas
Las dudas surgen porque ya existe la Unidad Anticorrupción que ya trata causas como delincuencia organizada
En las reformas penales que propone el proyecto de Ley Contra la Economía Criminal se incluye la creación de jueces y fiscales especializados en delitos de conflicto armado interno.
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En teoría, estas acciones buscan establecer estructuras judiciales especializadas y estrategias orientadas a debilitar el poder económico y organizativo de las organizaciones criminales que operan en Ecuador.
Sin embargo, su pertinencia debe ser analizada. El art. 651.7 establece un procedimiento unificado para el juzgamiento de delitos cometidos durante un conflicto armado interno, con el objetivo de emitir una sentencia en un plazo de 15 días.
Para Fausto Murillo, expresidente encargado del Consejo de la Judicatura, la vía no debería ser la creación de judicaturas específicas para el conflicto armado interno, sino el fortalecimiento de la Unidad Judicial Especializada para el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado.
Esta Unidad está conformada por 14 jueces, con competencia para resolver, desde Quito, 44 tipos penales, entre ellos: peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, tráfico ilícito de migrantes, trata de personas, tráfico de drogas, sicariato, minería ilegal, entre otros.
“Se pueden complementar los tipos penales y sumarlos a la Unidad”, sostuvo Murillo.
Agregó que el procedimiento especial para juzgar delitos en un conflicto armado interno en 15 días “puede ser físicamente imposible, ya que afectaría la seguridad jurídica y el debido proceso. En ese plazo, los fiscales deben reunir elementos suficientes para demostrar un delito y el grado de participación”.
El caso de las mafias italianas
Durante las décadas de 1980 y 1990, Italia atravesó una etapa crucial en la lucha contra la mafia, especialmente contra la Cosa Nostra, en Sicilia. En respuesta a la violencia y al poder creciente de las organizaciones mafiosas, se implementaron una serie de reformas y estrategias judiciales y legislativas clave.
Por ejemplo, se creó el tipo penal de “asociación mafiosa”, que define a una organización de este tipo como un grupo que utiliza la intimidación sistemática, el poder de intimidación del grupo y el silencio (omertà). Esta figura permitió procesar a los mafiosos por el simple hecho de pertenecer a la organización, incluso si no se les podía atribuir un delito específico. Pero se criticó que esta tipificación podía dar lugar a interpretaciones amplias que afectaban los derechos procesales.
Italia también creó un “pool antimafia”, liderado inicialmente por el magistrado Rocco Chinnici y continuado por Giovanni Falcone y Paolo Borsellino. Esta estrategia fue una de las más efectivas, pero, en buena parte, dependía de la voluntad individual de los jueces.
André Benavides
Jueces investigados por Fiscalía
En Ecuador, hay jueces anticorrupción investigados por la Fiscalía, por presuntos acercamientos con los Comandos de la Frontera, para favorecer a los cabecillas en un juicio.
Para el abogado Leonardo Stagg, la propuesta de ley es necesaria. “Esta ley es necesaria y positiva. Permite actuar con más firmeza, se crean zonas seguras, se protegen escuelas y hospitales, y se activan jueces preparados para estos casos. Además, permite acciones rápidas con control judicial, porque en esta guerra la lentitud cuesta vidas”, opinó en su cuenta de X.
El abogado constitucionalista André Benavides considera innecesario nombrar jueces para el conflicto armado interno. “Porque en algún momento este conflicto terminará; podrá durar dos meses, un año o dos”. Ese lapso no justifica la creación de juzgados de primera y segunda instancia y Corte Nacional.
“Este conflicto armado se da en el marco de la delincuencia organizada, y ya existen juzgados con competencia en este ámbito, que son los de Anticorrupción. A estos se les puede otorgar esta competencia y simplemente añadir en el membrete ‘conflicto armado interno’”.
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