José Molina Gallegos | El ‘fallo’ del sistema judicial
¿Qué busca reprimir esta infracción penal? La respuesta es sencilla: el indebido proceder de ciertas autoridades
A menudo escuchamos sobre una figura legal llamada ‘prevaricato’. Para quienes no se desenvuelven en el círculo de la abogacía es un término que podría generar dificultad en entenderlo, sobre todo en cuanto al alcance de esta infracción penal (delito). Sin embargo, por la frecuencia casi cotidiana con la que se presenta, considero muy importante que las personas no vinculadas con el mundo profesional del Derecho, puedan conocer de qué se trata.
La prevaricación deriva del verbo latino ‘prevaricare’, que quiere decir “desviarse del camino recto y caminar torcido”, lo cual a algunitos, les fascina.
¿Qué busca reprimir esta infracción penal? La respuesta es sencilla: el indebido proceder de ciertas autoridades (ej. jueces, fiscales, árbitros) al aplicar la ley.
El art. 268 del Código Orgánico Integral Penal dispone que cometen este delito quienes resuelvan, dictaminen o fallen contra ley expresa en perjuicio de una de las partes; o, procedan contra ley expresa, haciendo lo que prohíbe o dejando de hacer lo que manda. También, esta infracción se extiende a los abogados en libre ejercicio, quienes, por un ápice de decencia, por ética y por prohibición legal, no podemos revelar los secretos de nuestros defendidos a la parte contraria, ni tampoco, después de haber defendido a una parte y enterarnos de sus medios de defensa, abandonarla y defender a la otra, pues prevaricaríamos.
Para unos, el remedio es sencillo; para otros, realmente complicado: ser correctos y actuar conforme lo que determina la ley. Así, por ejemplo, si existe una norma que dice que un juez no puede conocer dos veces sobre un mismo pedido si éste ya ha sido negado, pero alguna de las partes ‘astutamente’ le pide al juez que lo haga, y éste, ‘inocentemente’ lo acepta, ha prevaricado y debe responder a la sociedad por lesionar un objeto de protección legal que nos cobija a todos: la tutela judicial efectiva.
Cumplir las normas, nos guste o no, es una mínima regla para vivir en un Estado de derecho, donde todos deberíamos respetarlas, no por miedo a la sanción, sino por una sana convivencia.