La Ley urgente: ¿armas contra el crimen o populismo penal?

La ley más temida. En medio de un país golpeado por la violencia, el crimen organizado y la desconfianza institucional, el presidente Daniel Noboa ha lanzado una nueva ofensiva legislativa: una ley urgente que promete atacar las raíces económicas del narcotráfico y devolver la seguridad a las calles.

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El Gobierno la presenta como una herramienta clave en la lucha contra el crimen, y algunos expertos la ven con buenos ojos, rechazando que se trate de populismo penal. La propuesta, enviada con carácter económico urgente, plantea reformas: desde la creación de un Bloque de Seguridad con amplias facultades operativas, hasta la posibilidad de realizar allanamientos sin orden judicial previa, con revisión posterior.

El objetivo central de la ley es cortar el flujo de dinero ilícito, proteger la economía formal y blindar al Estado frente a las mafias que han infiltrado instituciones clave. Según cifras oficiales, en los primeros cuatro meses de 2025 se han registrado más de 3.000 homicidios, además de un alarmante aumento en delitos como la extorsión y el secuestro.

Algunos especialistas han respaldado la propuesta, descartando que se trate de populismo penal. Para César García, director del Colegio de Abogados del Guayas, la ley es “necesaria en nuestro contexto actual e incluso proporcional, considerando que todas las herramientas anteriores han sido insuficientes”.

Expertos destacan los beneficios de la ley urgente

Por su parte, Gonzalo Armas, experto en técnica legislativa, subraya que la norma “no suspende derechos, los regula bajo reglas internacionales. Establece controles y respeta el principio de humanidad”. Añade que “el Estado necesita herramientas para responder rápido y legalmente sin depender siempre del estado de excepción”.

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Una iniciativa similar a la aplicada por Nayib Bukele en El Salvador, donde más de 75.000 personas han sido detenidas bajo un régimen de excepción prolongado. Aunque ha reducido drásticamente los homicidios, esta política ha sido duramente criticada por organismos internacionales por violaciones a los derechos humanos.

En contraste, Colombia ha optado por una vía distinta. El gobierno de Gustavo Petro ha planteado la posibilidad de diálogo con grupos armados como el Clan del Golfo, bajo la premisa de que el conflicto no se resuelve solo con represión, sino también con transformaciones sociales y negociaciones políticas. “La ley se fundamenta en el artículo 417 de la Constitución, el cual establece que el Derecho Internacional Humanitario (DIH) forma parte del ordenamiento jurídico ecuatoriano”, asegura Armas.

En contraparte, la abogada constitucionalista Ximena Ron advierte que algunas disposiciones del proyecto podrían contradecir el marco constitucional. “Los incentivos tributarios sin ley previa, las detenciones y el allanamiento sin orden judicial deben analizarse con mayor profundidad para evitar abusos”, señala. 

Mientras tanto, desde la ciudadanía persiste la preocupación de que la respuesta al crimen organizado sea lenta o insuficiente. “Deben ingresar a sectores peligrosos y capturar a integrantes de las bandas”, asevera Gabriel González, residente de la Isla Trinitaria

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