El proyecto de Ley contra el crimen, sin propuestas económicas claras

El nuevo proyecto de Ley urgente plantea al menos siete puntos clave -relacionados con lo económico- para enfrentar al crimen y atender a las personas afectadas por este fenómeno. La iniciativa remitida por el Ejecutivo a la Asamblea propone entregar ayudas, reducir impuestos, destinar los bienes y dinero incautados a entidades públicas y otros.

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La propuesta legislativa, que está en manos de la Comisión de Desarrollo Económico, plantea, por ejemplo, que el Presidente de la República definirá vía decreto las medidas económicas y financieras para afrontar el conflicto, desarticular las economías criminales; y, proteger a la población y sus bienes.

Además, establece que los bienes muebles e inmuebles incautados a grupos vinculados a economías criminales serán administrados por la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria. Mientras tanto, el dinero en efectivo pasará al Ministerio de Economía y Finanzas.

Los contribuyentes que realicen donaciones a favor de la Policía Nacional o a las Fuerzas Armadas, en equipamiento y suministros nuevos y en buen estado para la protección interna obtendrán una rebaja del Impuesto a la Renta (IR), con un límite del 30% del impuesto causado, sin derecho a devolución.

De acuerdo al Servicio de Rentas Internas (SRI), las tarifas del IR varían entre 5 % y 37 %, según el nivel de ingresos y la rebaja de ese impuesto se calcula como el 18 % del total de gastos personales, hasta un límite máximo (ver gráfico).

Estos planteamientos, sin embargo, requieren todavía ser pulidos. Mauricio Pozo, exministro de Economía y Finanzas, precisa que al involucrar en este proyecto temas de seguridad y económicos, se debe tener claridad sobre las acciones para evitar que la iniciativa no pase una eventual revisión de la Corte Constitucional. Este organismo archivó ya en enero de 2025 la Ley de Lavado de Activos.

Los temas pendientes del proyecto de Ley

En el caso de la medida que propone una reducción en el pago del Impuesto a la Renta, Pozo menciona que se requiere conocer antes cuál será el tratamiento tributario del nuevo Gobierno, durante los próximos cuatro años, para que el sector productivo decida aportar o no en este sentido. “Si no hay señales de estabilidad tributaria, el contribuyente, así le den estos incentivos, no va a entrar, porque no va a saber si mañana va a haber otros impuestos que anulen el impacto positivo de esta propuesta”.

Además, estas asignaciones para compensar al sector privado por este aporte y las eventuales ayudas que el Ejecutivo podrá entregar vía Decreto a otros segmentos, según este proyecto de Ley urgente, deberán contar con financiamiento y ser registradas dentro del Presupuesto, refiere Rodrigo Gómez de la Torre, analista político y económico. Así, el Estado evitará generar un mayor déficit fiscal.

“El Estado tiene la obligación de otorgar garantías mínimas como la seguridad y al no poder cumplir debe resarcir a través del Presupuesto para compensar al sector productivo”, señala De la Torre.

Para Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal, esta iniciativa -que ha generado polémica por la presunta afectación de derechos- tiene una importancia económica porque la inseguridad ahuyenta la inversión, reduce el consumo y afecta al crecimiento económico.

Por esta razón, precisa que el Legislativo debe mejorar este proyecto y fijar límites para lograr un equilibrio que permita combatir el crimen. El Estado, por su parte, deberá fortalecer sus capacidades. “No se trata de entregar un cheque en blanco ni de afectar los derechos de los ciudadanos honestos”. Caso contrario, se alejaría a la inversión y reduciría aún más el crecimiento por la incertidumbre.

En la confiscación de bienes, Acosta Burneo señala que se debe contar con una sentencia en firme porque sino se provocará una inseguridad adicional sobre la propiedad privada.

Además, en las entidades públicas deberá haber una gestión eficiente, para que los bienes incautados no terminen convirtiéndose en un esfuerzo “inútil”.

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