¿Cómo afecta la ley urgente a los barrios?: entre el alivio y la sospecha

Entre la confianza de unos y el recelo de otros. La Ley Económica Urgente, promovida por el Gobierno Nacional en el contexto del conflicto armado interno, ha comenzado a transformar el panorama en barrios golpeados por la violencia. La normativa permite establecer zonas de seguridad, confiscar bienes de origen ilícito y fortalecer la inteligencia financiera para debilitar a las estructuras delictivas. No obstante, estas medidas generan tanto aprobación como inquietud en la ciudadanía.

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“En el barrio ahora se ven patrullas y militares todo el tiempo. Ha bajado el miedo, pero también sentimos que nos observan como si todos fuéramos sospechosos”, comenta María Palacios, habitante de Bastión Popular en Guayaquil.

Según el Ministerio del Interior, al menos 10 zonas de seguridad han sido declaradas en ciudades como Guayaquil, Esmeraldas y Quito, con presencia reforzada de fuerzas del orden. En estas áreas se han llevado a cabo más de 300 operativos, varios de ellos con resultados como decomisos de armas, drogas y dinero en efectivo.

¿Cómo ven la presencia militar en los sectores?

Para algunos ciudadanos, la presencia militar ofrece una sensación de resguardo. “Antes no podíamos salir tranquilos en la noche, ahora por lo menos lo hago un par de horas. Hay respeto a la autoridad”, dice el comerciante Wilson Paredes.

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Sin embargo, no todos comparten esa visión. Hay líderes barriales que han manifestado su preocupación por la falta de un representante de la ciudadanía en zonas de seguridad. “El objetivo es altamente positivo, pero es vital que ese engranaje incluya a un representante de la ciudadanía que esté plenamente familiarizado con la seguridad comunitaria. Por más que contemos con un delegado del Ministerio del Interior, su visión será parcial, basada en informes de escritorio. Vivir la inseguridad desde los barrios es muy distinto, y ese conocimiento es el que hace falta”, expresa Gustavo Rivadeneira, líder del barrio del Salado y gestor de seguridad de Guayaquil.

Asimismo, Ivonne Pinzón, líder de la ciudadela 9 de octubre, cree que este proyecto de ley toca mucho el derecho internacional humanitario, “pero es una forma drástica de querer tapar una herida abierta y sangrante de nuestro Ecuador”. “Pienso que hay que revisar ciertos parámetros para tratar de evitar enfrentamientos entre los autores de este desenlace y que la población civil no sea la más perjudicada”, sostiene.

En las calles, la ciudadanía expresa una mezcla de esperanza y escepticismo. Aunque valoran los esfuerzos del Estado por recuperar el control territorial, también demandan que estos se implementen sin vulnerar derechos ni libertades.

“Lo que él (Daniel Noboa) está haciendo está bien. Ahora le falta mano dura. Yo tengo 62 años y en todo este tiempo nunca he visto tanta maldad con los ecuatorianos. Los otros gobiernos solo se han beneficiado del dinero ajeno. Es momento de que esos delincuentes no estén en este país y si hay que matarlos, hay que hacerlo”, sentencia Gabriel Piza, vendedor de periódicos.

Por su parte, María Ruiz no está segura de obtener buenos resultados. “Queremos paz, pero una paz con justicia. No basta con sacar a los criminales si después no podemos confiar en quienes vienen a cuidarnos”, reflexiona. En sectores con alta vulnerabilidad como la isla Trinitaria, los jóvenes se sienten atrapados entre el crimen organizado y la militarización.

“A veces parece que todos somos sospechosos solo por vivir aquí. Queremos vivir sin miedo, pero también sin ser señalados”, dice Esteban Cedeño, de 20 años.

Desde la Defensoría del Pueblo se ha solicitado al Ejecutivo que garantice mecanismos de supervisión independientes. “La seguridad no puede construirse a costa de los derechos fundamentales. Necesitamos transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana real”, señaló en un comunicado la institución. “No hay abuso de poder porque los delincuentes no ven nada”, considera Nelly Garcés, estudiante universitaria.

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