Economías Criminales: ADN controló debate y ley urgente se perfila sin oposición

El camino parece allanado para que el oficialismo apruebe la ley para desarticular las economías criminales en poco más de una semana. Ayer, el Pleno trató la propuesta del presidente Daniel Noboa, y ADN acaparó por completo la discusión, sin que el correísmo tuviera opción de oponerse más allá de un par de intervenciones en el hemiciclo.

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La ley fue rebautizada por el oficialismo tras su llegada a la Asamblea el pasado 17 de mayo. El nombre escogido fue Ley de Solidaridad Nacional, con el objetivo de centrar el debate en uno de los artículos claves de la iniciativa: las donaciones de las empresas privadas a la Policía y Fuerzas Armadas.

Sin embargo, la mayor preocupación, evidenciada ayer en el Pleno, radica en el régimen penal especial incluido en el proyecto. En la discusión se plantearon dos posturas: ADN defendió la ley como una herramienta para enfrentar al crimen organizado con nuevas reglas en el ámbito penal; mientras que el correísmo, en su primer intento por ejercer una oposición más estratégica, ensayó una propuesta alternativa al proyecto del Ejecutivo. Con eso intentó alejarse de acciones como dar la espalda al Pleno o recorrer el Legislativo con un megáfono.

El correísmo frente al oficialismo

Jahiren Noriega, asambleísta de Revolución Ciudadana, reconoció posibles coincidencias conceptuales respecto a la necesidad de la ley, pero insistió en que la iniciativa no combate al crimen organizado ni tampoco a sus economías.

En el Pleno, acusó al oficialismo de priorizar intereses económicos. “La diferencia entre ustedes y nosotros es que piensan con los bolsillos. Piensan en ahorrarse unos centavos en impuestos y abonar a un Estado de donaciones”, señaló.

La respuesta de ADN vino del legislador Andrés Castillo. Como ha sido su costumbre desde la instalación de la nueva Asamblea, el parlamentario aprovechó el debate para arremeter contra el correísmo. “Érase una vez una Asamblea con un proyecto político que la dominaba, allá por el 2014. Aprobaron un ‘documentucho’ conocido como Código Orgánico Integral Penal (COIP)”, expresó.

Con esas palabras, Castillo intentó centrar la discusión en la necesidad de reformar la legislación para evitar lo que, según él, son las excesivas garantías a favor de los delincuentes.

A pesar del largo del debate, no hubo un enfrentamiento directo por el contenido de la normativa, ni una oposición férrea que evidenciara obstáculos significativos para su aprobación.

La alternativa presentada por RC

El correísmo presentó un texto alternativo, basado en tres pilares: fortalecer el control del lavado de activos, luchar contra la corrupción y mejorar las políticas sociales para combatir el reclutamiento de menores y los desplazamientos forzados producto de la violencia.

Por su parte, Alfredo Serrano, del Partido Social Cristiano (PSC), mencionó que para evitar ambigüedades en la definición de grupos de delincuencia organizada, se debe incluir la noción de conflicto armado interno. Asimismo, propuso que se aclare qué implicaría el pertenecer de manera indirecta a una estructura criminal.

Pero en sus palabras se evidenció la conciencia que existe entre varios sectores de que la ley podría enfrentar problemas ante la Corte Constitucional. “Cambiando los tres primeros artículos del proyecto se quita la razón de ser económico urgente. Les estamos dando instrumentos para quienes sostienen que este proyecto no tiene esa característica”, argumentó Serrano.

El oficialismo apostó por elevar la ley urgente a la categoría de recurso clave para “asfixiar a las economías criminales”.

El trámite final

Ahora, el trabajo queda en la Comisión de Desarrollo, encargada de incluir las observaciones pertinentes. Una de ellas vino del oficialismo: Castillo solicitó que se retome la idea de los “jueces sin rostro” para que se sancionen delitos y no a personas.

En esta mesa, ADN tiene mayoría. El bloque oficialista podría sumar al menos siete votos y garantizar la aprobación del informe para el debate definitivo.

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