Exviceministro colombiano: "Ecuador sufre de inseguridad, no un conflicto armado"

El 2025 se perfila como otro año aun más violento para Ecuador. Hasta abril, las autoridades ya registran más de tres mil homicidios, lo que mantiene la tendencia marcada en 2024, cuando se contabilizaron más de seis mil muertes violentas en todo el territorio nacional.

La crisis de violencia en Ecuador no muestra señales de verdadera mejoría. Esa es la visión de Rafael Nieto, exviceministro de Justicia de Colombia, quien 18 meses después de su última conversación con EXPRESO sostiene que los retos del Gobierno del presidente Daniel Noboa en materia de seguridad siguen siendo los mismos, e incluso mayores, que al inicio de su gestión. 

Sin una inteligencia sofisticada, una fuerza pública fortalecida, ni una sociedad comprometida en preservar la ética pública, advierte que cualquier cambio normativo que impulse el poder de turno corre el riesgo de quedarse solo en el papel y no traducirse en una mejoría importante en la calidad de vida de los ecuatorianos.

Terrorismo y el conflicto armado interno: un punto de no retorno para Ecuador

- En noviembre de 2023 usted advertía que Ecuador empezaba a seguir el camino de violencia que Colombia vivió en los 90. ¿El país ha logrado alejarse de esos pasos? 

Desafortunadamente, mis predicciones de entonces se han cumplido. La tasa de homicidios en Ecuador es hoy más alta que la de Colombia y la más alta en la historia del país. Los enfrentamientos entre bandas narcotraficantes y la fuerza pública son constantes. Hay una penetración y control de estas bandas en el sistema carcelario y penitenciario ecuatoriano. Eso es sumamente preocupante.   

- Ecuador abrió el 2024 con un hecho sin precedentes: la toma armada, en vivo, de un canal de televisión. ¿Hablar de terrorismo marca un punto de no retorno? 

Sí, es un punto de no retorno porque evidenció el enorme poder, la capacidad de hacer daño y de generar violencia que tienen estos grupos organizados. El mensaje fue claramente intimidatorio porque la violencia no se ejerció contra la fuerza pública, sino contra civiles, y se hizo en televisión en vivo para amplificar el impacto. El afán de generar miedo fue evidente. Sin embargo, el tema del conflicto armado no internacional sigue siendo controversial.

- ¿Por qué el conflicto armado es un tema controversial? 

Porque no se dan todas las características que establece el Derecho Internacional Humanitario. Creo que Noboa decidió calificarlo así porque, en ese tipo de conflicto, la norma de aplicación principal es el Derecho Internacional Humanitario, y los derechos humanos quedan en segundo plano. El Gobierno seguramente consideró que tendría más margen de acción, pero es una decisión polémica. La política de seguridad del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha seguido un camino similar en los últimos 18 meses.

Al Gobierno del presidente Daniel Noboa le hace falta efectividad

- Sin embargo, la política de seguridad del Gobierno ecuatoriano no se ha traducido en tranquilidad ciudadana. Incluso en 2025 se mantiene la tendencia de homicidios de 2024. ¿Es una señal de que el crimen está ganando la batalla?    

No diría que el crimen está ganando. Lo que ocurre es que esos grupos, que inicialmente se dedicaban al narcotráfico, ahora también se involucran en otras actividades ilícitas muy lucrativas, como el secuestro y la extorsión. Al diversificar sus fuentes de ingresos, plantean un reto aún mayor al Estado.

- ¿Por dónde debería el Gobierno de Daniel Noboa abordar este difícil reto?  

Ese es otro problema. En principio, enfrentar a estos grupos es tarea de la Policía, no de los militares. En Colombia hubo un momento en que la combinación de grupos guerrilleros y mafiosos obligó a involucrar a las Fuerzas Armadas, con el respaldo de EE. UU. (Plan Colombia). La pregunta es si los militares y policías ecuatorianos están realmente dispuestos a enfrentar adecuadamente a estos grupos. Mi sensación es que no.

- En Ecuador se instauró el denominado Bloque de Seguridad, que coordina el trabajo entre Policía Nacional y Fuerzas Armadas...

Eso explica por qué el presidente Noboa insistió en calificar el conflicto con estos grupos como un conflicto armado no internacional. Sin embargo, mi duda persiste: más allá de esa participación formal, ¿existe una participación efectiva de las Fuerzas Armadas ecuatorianas en la lucha contra estos grupos delictivos? No estoy seguro de que así sea.

Las claves para enfrentar al narcotráfico y al crimen organizado

- ¿Cuáles son las claves para un combate efectivo contra los grupos criminales?

Se requiere capacidad de inteligencia humana y técnica, grupos élite menos vulnerables a la corrupción, una coordinación rigurosa con jueces y fiscales, y golpear las finanzas de esos grupos, que son el corazón de su actividad criminal. Si solamente se golpea la estructura humana de esas organizaciones, la capacidad de reemplazo que tienen es altísima porque les queda muy fácil reclutar nuevos miembros a partir de su capacidad económica. Por eso, pegarles en las finanzas es vital y eso no se puede hacer sin unidades de lucha contra el lavado de activos, cooperación con la Fiscalía y los jueces.

- Casos judiciales como Metástasis, Purga y Plaga han revelado vínculos entre crimen organizado y justicia. ¿Cómo se puede pelear sin saber quién está del lado de la ley?

A veces, las agencias de inteligencia internacionales tienen mejor información sobre la infiltración del narcotráfico en el sistema judicial que los propios cuerpos de inteligencia nacionales. Hay que garantizar la seguridad de los jueces que sí hacen su trabajo, porque la intimidación es una herramienta muy poderosa para quebrar su voluntad.

La leyes urgentes de Daniel Noboa rayan en la ilegalidad

- En su afán por atacar el problema estructural, el Gobierno ecuatoriano ha impulsado un proyecto de ley que contempla allanamientos sin orden judicial, indultos preventivos, audiencias expeditas, entre otros temas. ¿Se trata de empujar la ley al límite con tal de combatir al crimen organizado?

Cuando fui viceministro, invertimos la regla de la extinción de dominio: el ciudadano debía probar el origen lícito de sus bienes, y si no podía, el Estado podía extinguirlos. Sin embargo, otra cosa es permitir allanamientos sin orden judicial. Ahí el Estado se equivoca, porque vulnera tratados internacionales de derechos humanos. Es un camino riesgoso, no solo para los ciudadanos, sino también para los miembros de la fuerza pública que ejecuten esas acciones.

- ¿Se puede combatir al crimen solo con leyes y discursos? 

Se requieren los elementos que ya mencioné, y también conciencia ciudadana sobre el riesgo del narcotráfico y su penetración en la sociedad. No basta con cambiar las normas. Si no hay efectividad en la ejecución, todo se queda en el papel. Al menos, se percibe voluntad política para enfrentar el fenómeno. Pero eso no es suficiente por sí solo.

Mira la entrevista completa con el exviceministro colombiano, Rafael Nieto

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