El Ministerio de Trabajo guarda silencio tras 21 días de bloqueo a Villacís
Aunque presentó certificados de no tener deudas, el Ministerio no responde. Otros funcionarios han sido habilitados en horas
Hoy se cumplen 21 días desde que un impedimento laboral frenó la posesión de Alexandra Villacís como presidenta alterna del Consejo de la Judicatura, sin que hasta el momento el Ministerio de Trabajo haya resuelto la situación.
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Aunque la supuesta inhabilidad se fundamenta en una presunta mora con el Servicio de Rentas Internas (SRI), Villacís ha desmentido técnicamente el registro. La funcionaria presentó certificados del SRI que acreditan que no tiene de obligaciones pendientes, lo que demuestra que el bloqueo registrado en el sistema del Ministerio de Trabajo carece de sustento legal.
“Mi certificado de cumplimiento tributario del SRI dice que estoy al día. No hay tal impedimento. Lo primero que hice fue presentar una solicitud física en las oficinas del Ministerio del Trabajo y otra electrónica a través del sistema, el 10 de febrero, para que se levante el supuesto impedimento, pero no me han dado ninguna respuesta”, señaló.
Un patrón de censura en el caso
Su caso, sostiene, no es un hecho aislado, sino parte de un patrón de censura administrativa contra figuras incómodas para el Ejecutivo. La historia reciente muestra antecedentes.
El primero fue el caso de la Vicepresidencia. En marzo, la disputa entre Daniel Noboa y Verónica Abad alcanzó su punto crítico cuando el Ministerio de Trabajo registró un impedimento contra la vicepresidenta, lo que impidió la sucesión presidencial obligatoria por ley. En ese momento, el debate jurídico quedó relegado por el bloqueo digital del sistema.
Posteriormente, el mecanismo se habría repetido en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). En septiembre, tras la salida de Gonzalo Albán, el reemplazo legítimo, Óscar Ayerve, fue impedido de posesionarse debido a una prohibición registrada en el sistema del Ministerio de Trabajo justo antes del acto. La inhabilidad permitió la titularización de David Rosero, quien vota con la mayoría afín al gobierno.
Trato distintos para funcionarios cercanos a Carondelt
En contraste, cuando se trata de funcionarios cercanos al Palacio de Carondelet, la respuesta institucional habría sido más rápida. Un ejemplo es el del radiodifusor afín al Gobierno, Álvaro Rosero. Pese a mantener una deuda real con el IESS, su registro fue eliminado en menos de 24 horas.
En febrero, el actual director de la Agencia Nacional de Tránsito, Luis Darío Villacrés, logró posesionarse pese a una inhabilidad por deuda patronal, la cual fue levantada en 48 horas. La institución calificó el hecho como un “desfase documental”.
Incluso dentro del propio Consejo de la Judicatura, otros impedimentos han sido tramitados con mayor rapidez. Es el caso de Janneth Vinueza Betancourt, directora nacional encargada de Talento Humano, quien participó en la elaboración de informes relacionados con la inhabilitación de Villacís.
El 21 de febrero registraba un impedimento laboral y el 26 de febrero el Ministerio de Trabajo ya lo había levantado. Situación similar ocurrió con la asistente de Talento Humano, Diana Morales Quishpe, quien también tenía un impedimento el 21 de febrero y seis días después ya estaba resuelto.
EXPRESO contactó al ministro de Trabajo, Harold Burbano, pero no obtuvo respuesta a los mensajes enviados.
El nuevo recurso de Villacís
Ante la falta de solución, Villacís presentó el viernes pasado un habeas data administrativo para solicitar información sobre las razones por las cuales su impedimento continúa vigente. “Fue un viacrucis presentar la petición; tal parece que los funcionarios tenían instrucciones de no recibirla”, afirmó. Contó que el funcionario de ventanilla se negaba a recibir su pedido y que hacía llamadas el subsecretario a pedir autorización. En su pedido Villacís solicitaba información detallada sobre su trámite, rectificar el registro y eliminar su impedimento.
La jurista cita que la Ley de Protección de Datos Personales establece que el tratamiento de los datos debe regirse bajo cinco principios: exactitud, actualización, calidad, finalidad legítima y proporcionalidad.
La pesquisa a Harold Burbano
El ministro de Trabajo, Harold Burbano, enfrenta una investigación previa por la Fiscalía General del Estado debido a un presunto tráfico de influencias relacionado con el levantamiento de la inhabilidad de Álvaro Rosero.
Ha sido citado cuatro veces para dar su versión, pero no ha acudido y la Fiscalía no ha querido pedir la ayuda de la fuerza pública. El denunciante Christian Marín, exfuncionario de Trabajo, afirma que recibió presiones para borrar la inhabilidad de Rosero.
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