Jueces dictan sentencias bajo miedo y amenazas del crimen
El 91 % de funcionarios viven con temor por su seguridad, según un informe del Observatorio de Derechos y Justicia
El miedo se ha instalado en los juzgados del país. No es una percepción aislada ni una exageración: es una realidad documentada por el Observatorio de Derechos y Justicia.
Jueces, fiscales y funcionarios judiciales están tomando decisiones en un contexto de amenaza constante, inseguridad y desprotección estatal, según revela el informe ‘Desprotección a operadores de justicia que combaten al crimen organizado en Ecuador’, publicado el lunes.
La organización encuestó a 149 operadores de justicia, entre jueces, fiscales y funcionarios judiciales, en 23 provincias. Los resultados dibujan un panorama alarmante: el 91 % afirmó vivir con una preocupación permanente por su seguridad debido al ejercicio de su cargo y el 28 % reconoció haber tenido dudas antes de resolver un caso por temor a represalias.
Ese temor no es abstracto. Tiene sustento en hechos concretos. El 65 % de los operadores consultados aseguró haber recibido amenazas directas, ya sea de manera presencial o a través de redes sociales.
Más casosde amenazas
Érika Alvarado, exdirectora de la Judicatura de Los Ríos, relata, por ejemplo, que en la Unidad Judicial Penal de Babahoyo se habría registrado un intento de ingreso de una banda criminal a las instalaciones. De acuerdo con su testimonio, luego de denunciar redes de corrupción en su provincia, empezó a recibir amenazas. En agosto de 2024 le hicieron llegar unas “rosas fúnebres” con el mensaje: “Que descanses en paz, Érika Alvarado”.
Su historia evidencia que incluso dentro de las propias dependencias judiciales hay graves fallas de seguridad. El 86 % de los funcionarios califican el edificio donde trabajan como inseguro o muy inseguro. La mayoría de los juzgados carece de controles básicos: el 81,8 % no cuenta con detectores de metales, el 95 % no tiene botones de pánico y el 71 % nunca dispone de policías durante las audiencias. A ello se suma un dato crítico: el 94,6 % de las dependencias no tienen un plan ante emergencias.
El informe del Observatorio detalla que muchos atentados contra operadores de justicia ocurren fuera de los juzgados, especialmente durante los traslados entre el trabajo y el domicilio, o en espacios que forman parte de su rutina diaria, como restaurantes y escuelas de sus hijos. Los grupos criminales emplean múltiples estrategias de intimidación, entre ellas mensajes amenazantes, el envío de animales muertos o flores fúnebres, e incluso la colocación de explosivos en vehículos.
La Judicaturadice que trabaja para mejorar las condiciones
El Consejo de la Judicatura abordó este tema el pasado 8 de enero, cuando los vocales Magaly Ruiz, Alfredo Cuadros, Damián Larco y Fabián Fabara se reunieron con jueces especializados en anticorrupción.
En ese encuentro, la entidad explicó que el mayor limitante es la falta de recursos, aunque aseguró que, pese a las restricciones presupuestarias, trabaja en la optimización del talento humano, la rehabilitación de infraestructura, la incorporación de tecnología y reforzar de las medidas de seguridad.
En septiembre pasado, la Judicatura también entregó chalecos balísticos a jueces, como parte del apoyo de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de Estados Unidos.
Sin embargo, pese a estos esfuerzos, el impacto de la inseguridad trasciende lo profesional. El 69 % de los operadores admitieron que sus familiares también viven con miedo por la labor que desempeñan. Cambiar rutas, eliminar redes sociales y reducir la vida social se han vuelto prácticas habituales.
El miedo no solo amenaza la integridad física de los operadores de justicia, sino también la independencia judicial. Para el juez anticorrupción Carlos Serrano, dictar una sentencia implicó poner en riesgo la vida propia. Denunció presuntas presiones del entonces director de la Judicatura de Pichincha, Henry Gaibor, para que falle a favor del narcotraficante serbio Jezdimir Srdan.
- Trabajo. En el país faltan más de 600 jueces, por lo que otro problema que agrava si situación es la sobrecarga laboral.
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