Consulta Popular 2025: El dilema del dinero público para organizaciones políticas

En Ecuador, ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), existen 232 organizaciones políticas. En mayor número están los movimientos cantonales (139), seguidos de los provinciales (61), parroquiales (15) y nacionales (10). Solo hay siete partidos políticos.

No obstante, el Estado puede asignar recursos por medio de dos fuentes. Una de ellas es el Fondo Partidario Permanente (FPP), el cual se entrega de acuerdo con parámetros que no todos cumplen, por lo que no todos lo reciben. También está el Fondo de Promoción Electoral (FPE), que permite que todos puedan promocionarse, en iguales condiciones, en los medios.

Sin embargo, ¿mejoraría la vida de los ecuatorianos si se eliminara esta obligación estatal? 

¿Qué opina la ciudadanía?

Para Johnny Alarcón, especialista en sistemas, de 38 años, esto es necesario porque sería un dinero que el Estado ahorraría y que, a su vez, podría invertir en educación y salud.

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Karina Intriago, de 43 años, comunicadora y docente, opina que los políticos deben generar sus propios recursos, pero que el Estado debe establecer reglas claras para prever que ese dinero no sea producto del narcotráfico. “Se debe vigilar que en las campañas políticas ni en la vida partidaria se involucre dinero sucio o de lavado de activos”.

Pero que esta pregunta, como las otras, mejore la vida no lo cree Carlos Sotomayor, editor audiovisual de 47 años. “Está visto y probado que los políticos pueden proponer cambios, pero estos tienen algo de fondo que siempre termina sin satisfacer las necesidades del pueblo ecuatoriano”, expresa.

¿Cuánto el Estado ha invertido en estos fondos?

En agosto, Esteban Torres, asambleísta oficialista, expuso que desde 2008 el Estado había desembolsado 263’881.960,90 dólares. De ese valor, el 31 % correspondía al FPP y el 69 % al FPE. 

Pero lo que debe tener en cuenta la ciudadanía es que, de los dos fondos que da el Estado, solo uno se suprimiría: el FPP, subraya el analista político Giuseppe Cabrera. El FPE, no.

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¿Cómo evalúan esta propuesta expertos en comunicación política?

“Por lo que no vamos a ir a votar si no estamos a favor de que se financien las campañas, el pautaje que paga el Estado en los medios de comunicación. Vamos a votar solo por el presupuesto que se da a los partidos para que puedan hacer formación, difusión y capacitación de sus actividades”, dice Cabrera.

Asimismo, se debe tener en cuenta, manifiesta Andrés Lozano, director ejecutivo de la Fundación Gobernanza Participativa, que estos procesos de democracia directa no generan cambios de la noche a la mañana en la vida de la ciudadanía. Teniendo eso en cuenta, señala que en Ecuador el sistema de organizaciones políticas está completamente podrido y que eso no ha mejorado con la entrega del FPP.

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“Si no funciona, lo lógico es que, en un momento donde el Ecuador está en un proceso de recuperación económica, donde la economía comienza a calentarse paulatinamente, lo importante es que esto se elimine”, considera Lozano. Caso contrario, dice, “vamos a seguir teniendo partidos o movimientos políticos de alquiler”.

¿Por qué no eliminar el fondo?

Pero en esto difiere Manuel Macías, director de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad de Guayaquil. A su criterio, eliminar estos fondos “debilitaría el sistema de partidos”. ¿Por qué? “Porque crearía un tipo de democracia elitista”.

Es por eso que sugiere que, en lugar de eliminar los fondos públicos, se realice un proceso de fiscalización y rendición de cuentas por parte de las tiendas políticas que reciban dinero del Estado. Eso las obligaría a que los recursos sean utilizados en lo que la ley dicta: actividades de formación, publicaciones y funcionamiento institucional.

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Recursos entregados

De acuerdo con datos del CNE, de 2018 a 2023, la entidad ha destinado 24’357.430,72 dólares a 14 organizaciones políticas. No todas han recibido dinero siempre; las que sí lo han hecho, en ese periodo de tiempo, son Sociedad Patriótica, el Partido Social Cristiano, la Izquierda Democrática, SUMA y Pachakutik, así como Revolución Ciudadana (antes denominada Alianza PAIS).

Y es que esos recursos los reciben pocas agrupaciones, señala Cabrera. En su opinión, lo que se debería modificar es el FPE, para que solo se financie a aquellos que logren cierto porcentaje de representación en el Parlamento. Además, se debería prohibir la fragmentación de la democracia a través de movimientos locales.

Pero “hay que ser sinceros, algunos viven de esos partidos y no tienen actividad económica”, observa Lozano, por lo que sería una mala señal que se premie a los grupos parásitos. Sin embargo, para Macías, “cuando alguien está enfermo, no se trata de matarlo o de quitarle el oxígeno, sino de curarlo”.

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