Una frase se viralizó el año pasado. ¡No hay plata! Este año, la situación sigue igual en Argentina. Como no lo hay, el presidente Javier Milei ha planteado que de lo que hay en las arcas del Estado no sea para las organizaciones políticas. Sin embargo, ¿esta iniciativa debería tratarse también acá?

La falta de dinero es una realidad en varios países. Ante esto, Milei ha puesto sus ojos en las agrupaciones políticas que se han proliferado. De acuerdo con datos de la Dirección Nacional Electoral de Argentina, allá existen 769 tiendas políticas. Aquí, la población, hasta 2021, llegó a los 45’808.747.

Acá, hasta 2021, éramos 17’757.000; además, hasta enero de este año existen 262 organizaciones políticas aprobadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Es decir, somos un poco más que un tercio de la población argentina. Si hacemos un proporcional de los grupos políticos, la realidad sería similar. Y en Ecuador, el primer mandatario ha mencionado que no hay presupuesto y que se requiere de más dinero para financiar el conflicto armado interno.

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Entonces, esta iniciativa, que es parte del proyecto argentino de la “Ley Anticasta”, ¿debería discutírselo acá? Para dos de los analistas políticos consultados por este Diario, por ahí no iría el debate, pero de que hay que hacer reformas, hay que hacerlas.

Primero, porque la Corte Constitucional ya se pronunció, indica la politóloga Tatiana Quinga. En enero de 2020, ante la propuesta de enmienda constitucional respecto de la eliminación del Fondo Partidario Permanente y del Fondo de Promoción Electoral, el organismo declaró que “no es apto”. De acuerdo con las consideraciones planteadas en el dictamen No. 10-19-RC/20, esto “podría provocar la restricción de derechos y garantías constitucionales”.

Sin embargo, para Sofía Merino, asesora de Estrategia y Comunicación Política, docente y coordinadora de la maestría de Comunicación Política de la Universidad Hemisferios, el Fondo Partidario Permanente debería ser eliminado, debido a que las organizaciones políticas no rinden cuentas ni hay una evaluación de su correcto uso, como es determinado en el numeral 13 del artículo 331 del Código de la Democracia.

Además, este presupuesto solo puede ser entregado a las agrupaciones políticas nacionales, por lo que, a su criterio, este fondo debería ser eliminado porque no ha sido usado como indica la norma. “No debemos permitir que personas específicas agranden sus billeteras y se hagan millonarias con recursos públicos para la formación y capacitación de nuevos cuadros”.

Quinga cree que no debería suprimírselo, ya que “eso no va a asegurar que van a ser mejores partidos”. 

Con ella concuerda David Norero, abogado, experto en Derecho Constitucional, excandidato a la vicepresidencia y exvicepresidente de Junta Provincial Electoral en Guayas. 

Para él, si se abolan los fondos, esto podría dar pie a que las agrupaciones narcodelictivas pudieran financiar a las agrupaciones políticas, pero “no estamos seguros si esto no ha pasado ya”, conjetura Merino. Esto, porque “ya ha se ha visto que grupos delincuenciales son parte de grupos políticos y generan recursos”, señala la docente.

Es por esto por lo que el CNE debe controlar, mucho más ahora, el financiamiento que tienen las tiendas políticas, porque en la mayoría de las instituciones están totalmente viciadas por la corrupción, subraya Quinga. “¿Cómo determinamos que esos grupos no aportan a las campañas políticas?”.

Pero esta inseguridad del origen y del tratamiento de los fondos se da debido a que no hay un control del uso de los fondos públicos ni del dinero privado de estos grupos, por parte del CNE, de la Contraloría General del Estado y del Tribunal Contencioso Electoral, manifiesta Merino. Y, aunque con el Fondo de Promoción Electoral se busca que no exista desnivel entre los competidores, “muchos partidos políticos comisionan en las pautas de los medios”.

Norero coincide con Merino y afirma que “se ha hecho un negocio de esto con la entrega del pin electoral para la pauta en televisión, radio y prensa”, pero las redes sociales no son reguladas por el CNE porque “no tiene la capacidad para hacerlo”.

Para la politóloga, el sistema político del país es disfuncional y no abona a la democracia. Es por esto por lo que los tres expertos creen que ante la crisis del sistema de partidos políticos se debe mejorar y fortalecer la institucionalidad.

Por lo que Quinga propone que se hagan reformas al Código de la Democracia para fortalecer la institucionalidad de estas organizaciones políticas, como el formar cuadros, realizar planes de gobierno, tener actualizado sus nóminas de simpatizantes y adherentes, también que sus páginas webs contengan información detallada de la organización. “Del cumplimiento de esto es responsable el CNE”.

El numeral 12 del artículo 25 del Código de la Democracia determina como una de las funciones del CNE “vigilar que las organizaciones políticas cumplan con la ley, la normativa secundaria y sus estatutos”. Pero no controla, afirma Quinga.

No obstante, ante la cantidad de tiendas políticas, “Ecuador debería ser la cuna de la democracia y ejemplo en Latinoamérica”, pero al tener más organizaciones políticas que cantones (221) hace frágil a la democracia, asegura Norero. Es por eso por lo que, en su opinión, solo debería haber cinco partidos y ningún movimiento político.

De esa forma, asegura el abogado, se obligaría a que los partidos fortalezcan sus bases. A su vez, no habría una proliferación de candidatos y existiría filtros para los cuadros que no tienen representatividad y no podrían candidatizarse. “Así solucionaríamos los problemas”.

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