Ecuador y el reto de volver a la institucionalidad: ¿cómo lograrlo?

En Ecuador, cuestionar la solidez de la institucionalidad del Estado dejó de ser una excepción y se ha convertido en una constante, en medio de reiterados señalamientos de presunta corrupción y procesos penales contra funcionarios llamados a resguardar las instituciones públicas.

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Casos como Sobornos, Odebrecht, Metástasis, Purga y Plaga, entre muchos otros, han expuesto el nivel de corrupción política y judicial que ha ido escalando en el país. Sin embargo, la misma institucionalidad llamada a resarcir los daños provocados también está bajo cuestionamiento y no goza de la confianza ciudadana.

Los ejemplos abundan: un cuestionado Mario Godoy preside un Consejo de la Judicatura que tiene pendiente la renovación de servidores judiciales; y un Consejo de Participación Ciudadana, igualmente cuestionado, lidera el concurso para designar al reemplazo de un fiscal general subrogante, también señalado por su supuesta falta de legitimidad.

¿Cómo recuperar la institucionalidad si los propios canales para hacerlo están bajo cuestionamiento?

Según analistas consultados por EXPRESO, la respuesta pasa por lo político y lo jurídico, recordando una premisa básica, pero a menudo olvidada: todos los servidores públicos deben cumplir la Constitución, respetar las instituciones y anteponer el interés general al personal.

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“Construir institucionalidad hoy exige tres cosas a la vez: reglas claras y predecibles (menos discrecionalidad), rendición de cuentas real y legitimidad social”, comenta el exvicepresidente ecuatoriano Otto Sonnenholzner, quien es enfático en señalar que la crisis no se solucionará con más instituciones, en especial si están lideradas por funcionarios cuestionables.

De hecho, Sonnenholzner va más allá y señala que “cuando los canales institucionales se convierten en parte del conflicto, la reconstrucción no puede venir únicamente desde dentro de esas mismas estructuras”, lo que abre la posibilidad de que Ecuador incorpore ayuda extranjera en sus procesos institucionales, en un intento por volver a legitimar sus acciones.

“La ayuda externa puede servir como acompañamiento técnico y garantía de estándares, pero no sustituye decisiones internas ni la voluntad de cambiar reglas capturadas. La crisis institucional no se resuelve con más instituciones, sino con mejores reglas y mayor transparencia”, acota el exsegundo mandatario ecuatoriano.

Una crisis institucional sin precedentes

En esa misma línea se encuentra el jurista y director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Mauricio Alarcón, quien recalca que Ecuador enfrenta una crisis institucional sin precedentes, en la que varios organismos del Estado han estado cooptados por grupos de poder o, más recientemente, por el crimen organizado.

“Estamos en una crisis institucional tan fuerte en Ecuador que la única manera de salir es mediante ayuda externa e independiente. Lo interno es visto como comprometido y lo independiente como peligroso. Por lo tanto, como hemos propuesto desde hace algún tiempo, crear comisiones internacionales puede ser una alternativa, que se encarguen de evaluar, por ejemplo, el funcionamiento de las instituciones y a sus autoridades”, comenta.

No obstante, el constitucionalista y docente universitario José Chalco sostiene que aún hay instancias por agotar dentro del país. “Hay que permitir que el Estado sea Estado y no instrumento de intereses distintos a la Patria. Aquello requiere depurar instituciones, iniciar enjuiciamientos políticos, investigar penalmente, sancionar judicial o administrativamente. Sin obstáculos. Sin pactos. Sin cálculos. Sí encaminarlo. Sí realizarlo”, acota.

¿Qué elementos debe considerarse para una completa depuración?

Esta depuración, continúa, no puede ser parcial, sino que debe implicar un acuerdo y una intervención de carácter general. “Vengo sosteniendo desde hace varios meses que el Ecuador ya no aguanta parches. Usted puede parchar un cuerpo cierto que existe. Usted puede arreglar algo que tiene vida, pero cuando una institución o un órgano ha perdido funcionamiento o vida, de nada sirve un parche: es incompatible. No va a funcionar. Se va a desprender”.

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Chalco se detiene en los cambios necesarios en el sistema judicial ecuatoriano, que —según dice— requiere un reseteo. “El Poder Judicial requiere una refundación. Hay que ser serios. No es menor lo que sucede. Hay buenos jueces y fiscales que son la excepción, y ese es precisamente el problema: no son la generalidad. Así, se debe conformar una comisión país capaz de reestructurar el sistema judicial y presentar al país los caminos posibles”.

Pese a estas observaciones, el jurista Alarcón señala que ejercicios similares no han dado buenos resultados en Ecuador. “Ya vimos que lo interno no funciona; el Consejo de Participación transitorio es el mejor ejemplo”, afirma, y recuerda que varias de las autoridades designadas en el proceso liderado por Julio César Trujillo (+) también resultaron salpicadas.

En ese sentido, Alarcón vuelve la mirada hacia la ciudadanía como una alternativa vigente. “Parte de construir institucionalidad también va trabajando en la ciudadanía. Si como ciudadanos no somos conscientes de la importancia de vivir una cultura de la legalidad, donde mandan las leyes y no las personas, para fortalecer el Estado de derecho, la institucionalidad está condenada. Si queremos ver algo distinto, el único camino posible es activarnos. Solo una ciudadanía activa y empoderada puede hacer la diferencia”

Ecuador ya no confía, según encuestas

Una reciente medición de la encuestadora Click Research, realizada mediante entrevistas a 1.520 ecuatorianos adultos entre el 17 y el 20 de enero de 2026, evidencia el nivel de desconfianza ciudadana hacia las entidades públicas.

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El Consejo de la Judicatura (16,03 %), el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (20,59 %) y la Asamblea Nacional (33,13 %) figuran como las instituciones con menor aprobación de gestión, según el estudio publicado por Click Research.

En contraste, las Fuerzas Armadas (68,66 %) y la Policía Nacional (53,09 %) registran los niveles más altos de aprobación. El presidente Daniel Noboa y los medios de comunicación también mantienen un grado relevante de confianza ciudadana.

La encuesta de Click Research identifica, además, las principales acciones que, a criterio de la ciudadanía, deberían emprenderse para mejorar el funcionamiento del Estado ecuatoriano y de sus instituciones públicas.

Entre las medidas más mencionadas constan la reducción del tamaño del Estado o del gasto público, el fortalecimiento de los organismos de control, la simplificación de trámites, la evaluación de los funcionarios y la garantía de la meritocracia en los cargos públicos.

El estudio también revela una elevada preocupación por la corrupción, que los encuestados consideran ampliamente extendida en el país y atribuida principalmente a los actores políticos, con un impacto directo en su vida cotidiana y una percepción de escasas posibilidades de solución.

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