Plantón en el Consejo de la Judicatura-Mario Godoy
Quito. El 29 de enero de 2026, ciudadanos, exjueces y un grupo afín al correísmo realizaron un plantón afuera de la Judicatura.Franklin Jácome / Expreso

Renuncias, denuncias y más presión sobre Mario Godoy

La Judicatura atraviesa una turbulencia por la salida de altos funcionarios cuestionados, pero su presidente sigue firme

El Consejo de la Judicatura enfrenta un periodo marcado por la salida de varios altos funcionarios y por denuncias de presuntos actos de corrupción.

La renuncia más reciente es la de Tatiana Sampedro Alomoto, quien ocupaba el cargo de directora nacional de Transparencia, un puesto clave, ya que tramita las denuncias ciudadanas contra jueces y funcionarios por presuntos hechos de corrupción.

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Sampedro presentó su dimisión el 28 de enero, en medio de cuestionamientos internos por la filtración de una denuncia que involucra a altos funcionarios. La queja fue planteada por el vocal Fabián Fabara en el pleno del 22 de enero, tras la difusión de una denuncia contra Alex Gallo Lema, ex director nacional administrativo del Consejo de la Judicatura, y Miguel Caicedo Almeida, subdirector nacional de Servicios Generales. Ambos fueron mencionados por un oferente, quien aseguró que le habrían solicitado el 14 % de un contrato para el mantenimiento del parque automotor. Gallo presentó su renuncia y Caicedo fue separado hace una semana.

A la lista de funcionarios que han dejado la institución se suma la renuncia de Roger Tumalli, exdirector de Asesoría Jurídica y uno de los hombres de mayor confianza de Mario Godoy, presidente del organismo, quien fue denunciado por una asesora de la entidad por presunto abuso sexual. La posible víctima presentó la denuncia el 28 de noviembre de 2025. El 8 de diciembre pidió que se inicie un sumario administrativo, pero el Pleno del Consejo de la Judicatura tardó 56 días en pronunciarse sobre este caso.

Salidas sin sanciones, por ahora

Para María Dolores Miño, directora ejecutiva del Observatorio de Derechos y Justicia, lo preocupante es la forma en que se producen estas salidas. “Si los funcionarios han incurrido en irregularidades o en actos de corrupción, la salida que correspondería sería una sanción. Sin embargo, vemos que estos funcionarios salen mediante renuncias, lo que los blinda de las consecuencias jurídicas de una destitución, como la imposibilidad de volver a acceder a cargos públicos”, alertó.

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El 29 de enero de 2026, en los exteriores del edificio de la Judicatura, en Quito, ciudadanos se concentraron para pedir la renuncia de Godoy, quien ha decidido mantenerse en el cargo mientras enfrenta un juicio político en la Asamblea Nacional.

Ese proceso se originó a partir de la denuncia del juez anticorrupción Carlos Serrano, quien afirmó haber recibido presuntas presiones de Henry Gaibor, exdirector de la Judicatura de Pichincha y amigo de Godoy, para favorecer con un fallo al narcotraficante serbio Jezdimir Srdan. En ese caso, el acusado fue defendido, en la fase de investigación previa, por Dolores Vintimilla, esposa de Godoy.

Por su parte, Luis Ávila, vocero de la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (Aemaj), señaló que “para garantizar la estabilidad del Poder Judicial y la confianza ciudadana, estos procedimientos no deben quedarse únicamente en renuncias, sino que deben investigarse y, de ser el caso, sancionar a los responsables”.

Desde el Consejo de la Judicatura se ha informado que en las sesiones plenarias en las que se aceptaron las renuncias, sí se abrieron sumarios administrativos en los casos de Gaibor, Tumalli y Gallo. Contra Sampedro no hay denuncias, pero sí quejas sobre su gestión.

  • Asamblea. Desde el 1 de febrero, la Comisión de Fiscalización recibirá a Mario Godoy y los interpelantes de su juicio político. Ellos son asambleístas de la RC.

Transparencia, en entredicho

Samantha Lozada, exdirectora de la Judicatura de Orellana, quien fue víctima de un ataque armado en el que resultó herido su padre, en octubre de 2025, señaló que Sampedro inició un proceso disciplinario en su contra por supuesto abandono del puesto de trabajo, y que este sumario se inició por la denuncia de un abogado de Orellana al que Sampedro denunció previamente por actos de corrupción.

Mónica Jaramillo, del Observatorio de Control Ciudadano, también habló sobre las alertas de actos de corrupción en la Judicatura de Pastaza, las cuales no habrían sido atendidas por Transparencia.

Y Solanda Goyes, exvocal de la Judicatura, dijo que Sampedro era del círculo de confianza de Godoy.

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