Recorte estatal: los funcionarios con contratos ocasionales en desventaja
Los funcionarios contratados bajo esta figura tienen menos beneficios. La liquidación es mayor para nombramientos
Los 5.000 funcionarios del sector público que saldrán, a propósito del recorte estatal, recibirán liquidaciones diferenciadas, según su tipo de contrato. Mientras algunos obtendrán solo el desahucio, otros cobrarán compensaciones calculadas por cada año trabajado en el Estado.
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En la liquidación de los funcionarios con contratos ocasionales, por ejemplo, constarán los proporcionales de ley: desahucio y haberes pendientes como décimos y vacaciones. “No tienen ningún costo en la desvinculación o son costos muy marginales”, manifiesta Andrés Isch, exministro de Trabajo.
Los cargos contratados a través de esta figura no requieren procesos de selección competitivos. Son designados de forma directa, dice Raúl Clemente Ledesma, también exministro de Trabajo.
Por ello, “la misma autoridad puede darlos por terminado sin necesidad de justificación alguna”, precisa Solimar Herrera, docente de Derecho Laboral de la Universidad Central.
Liquidaciones para funcionarios con nombramiento
La situación cambia para quienes ingresaron al Estado mediante concurso de méritos y oposición. Estos funcionarios con nombramientos definitivos tienen estabilidad laboral, lo que incrementa significativamente el costo de su desvinculación.
En estos casos, la indemnización se calcula por año de servicio, según las remuneraciones históricas que hayan percibido, detalla Herrera. Esta diferencia puede representar montos considerablemente superiores.
La Ley de Integridad Pública facilitó los despidos masivos. Antes, la Ley Orgánica del Servicio Público (Losep) obligaba a reubicar forzosamente a los funcionarios con estabilidad o, como último recurso, mantenerlos en nómina. Esto generaba costos administrativos enormes. Ahora simplemente se los indemniza y se termina la relación laboral, menciona Ledesma
Isch aclara que la clave en estos procesos es decidir inteligentemente los despidos. El Estado debe enfocarse en los espacios que van a producir un “menor costo”, especialmente mediante la no renovación de contratos que vencen naturalmente. Así se evitan costos de indemnización y conflictos legales.
El Gobierno asegura que tiene los recursos para pagar las liquidaciones
La portavoz gubernamental Carolina Jaramillo afirmó el 24 de julio que el Estado tiene los recursos para liquidar a los funcionarios de manera formal. Pero no se precisó qué monto representará.
Remigio Hurtado, presidente de la Confederación Nacional de Servidores Públicos, expresó en Teleamazonas que había alternativas menos lesivas, como la desvinculación voluntaria de más de 10.000 funcionarios, una opción que, asegura, fue planteada pero no se consideró.
Como efecto de este recorte, se prevé que los funcionarios desvinculados se enfrenten a un mercado laboral con desafíos estructurales. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el empleo adecuado se ubicó en el 35,9 % en junio de 2025. Mientras tanto, la tasa de desempleo alcanzó un 3,5 %, siendo ligeramente menor a la de mayo.
El Fisco destina anualmente alrededor de 10.000 millones de dólares para el pago de salarios de funcionarios públicos.
Gobierno abre cupos para que los jóvenes realicen pasantías
Tras el anuncio del recorte del Estado y desvinculación de 5.000 funcionarios del sector público, el presidente Daniel Noboa anunció el lunes pasado en radio Sucre un programa de 80.000 pasantías remuneradas para jóvenes durante tres meses en instituciones públicas, con un incentivo mensual de 400 dólares.
Andrés Isch, exministro de Trabajo, enfatiza que el rol del Estado no es funcionar como una agencia de empleo. “El Estado tiene que ser un prestador de servicios”.
Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal, agrega que en la última década se destruyeron 220.000 empleos privados (9 %), mientras que el sector público redujo apenas 14.000 puestos (2 %). “El grueso del ajuste fiscal recayó sobre las empresas privadas mediante aumentos de impuestos”, explica.
En este escenario, los especialistas apuntan a que el Estado no debería aumentar su masa salarial tras el recorte estatal porque, caso contrario, el gasto corriente seguirá creciendo.
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