Recorte del Estado: ¿Qué efecto tiene en las finanzas públicas de Ecuador?
El Gobierno destina alrededor de $10.000 millones al año para pagar la nómina de servidores públicos de Ecuador
El Gobierno del presidente Daniel Noboa anunció una reestructuración del Estado, que incluye la reducción o fusión de ministerios y secretarías de la Función Ejecutiva. Y, un recorte en la nómina de servidores públicos de este sector y en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
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Con esta medida, los ministerios pasarán de 20 a 14 y las secretarías de nueve a tres. Este anuncio fue realizado oficialmente el 24 de julio de 2025 en Carondelet. Esta reforma busca “optimizar la administración pública y mejorar la eficiencia del aparato estatal”, señaló la vocera del Gobierno, Carolina Jaramillo.
Este ajuste incluye también el inicio de la desvinculación de 5.000 funcionarios públicos, con efecto inmediato. “Este proceso tiene como base criterios de eficiencia y racionalización del gasto público”, indicó Jaramillo. Además, aseguró que no incluirá doctores, enfermas, docentes, personal de la fuerza pública.
Además, afirmó que la desvinculación se enmarcará dentro de los límites legales establecidos y que se garantizarán los derechos laborales conforme a la Constitución y la ley.
¿El recorte del Estado y desvinculación de 5.000 funcionarios es parte del acuerdo con el FMI?
Ecuador es el segundo país de América Latina con mayor gasto público, según proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) para 2025. El gasto del sector público no financiero alcanzaría el 37,8 % del PIB, apenas por debajo de Brasil (44,3 %), lo que pone presión sobre las finanzas del Estado y justifica la necesidad de un ajuste fiscal estructural.
Ante este escenario, el recorte estatal anunciado por este Gobierno es un paso en la dirección "correcta" para enfrentar el déficit fiscal que atraviesa Ecuador, mencionó el analista económico Fernando Peralta.
Sin embargo, advirtió que la magnitud del ajuste será probablemente “insuficiente” y deberá complementarse con medidas adicionales, como una reforma tributaria.
“El Gobierno tiene un déficit que, según el informe del FMI, requiere un esfuerzo fiscal equivalente al 1,1 % del PIB, es decir, cerca de $1.300 millones. Esta reducción del gasto público va en línea con ese objetivo, pero no bastará por sí sola”, enfatizó Peralta.
Además, el experto subrayó que este tipo de medidas “no responden a imposiciones del Fondo Monetario Internacional”, sino a la necesidad interna de ordenar las finanzas públicas. “El FMI no impone políticas. El Estado, como cualquier familia con problemas financieros, debe buscar más ingresos o recortar gastos. No se puede seguir viviendo de deuda”, indicó.
¿Qué impacto tiene el recorte del Estado y la desvinculación de 5.000 funcionarios en las finanzas públicas?
En la última revisión del acuerdo entre el FMI y Ecuador se estableció, entre otros, que se reduzca el gasto del Estado entre 2025 y 2028 para disminuir el déficit fiscal y lograr que el manejo de las cuentas públicas sea sostenible, refirió Jaime Carrera, director del Observatorio de la Política Fiscal. “Más allá del acuerdo con el Fondo, es lo que debe hacer el Gobierno”:
Sin embargo, Carrera expresó que estas medidas tienen un impacto “poco significativo”, porque la salida de 5.000 funcionarios públicos -de 491.000 que existen en el sector público-, representará alrededor de $100 millones al año ($50 millones en este 2025), de aproximadamente $10.000 millones en sueldos, que se destina cada año.
Además, dijo que si se suprimen las 5.000 partidas anunciadas no cabe incorporar más adelante a nuevos funcionarios, como lo anunció Jaramillo. “Es contraproducente, no cabe por un lado reducir y por otro incrementar. No tiene sentido”.
En su lugar, el director del Observatorio de la Política Fiscal agregó que se debería reconsiderar otras reducciones en el futuro porque la masa salarial pública es “muy elevada” y no se puede sostener.
La cifra que se destinará para estas desvinculaciones y el impacto en el Fisco no ha sido informado aún por el Gobierno. Las consultas realizadas este 25 de julio de 2025 al Ministerio de Economía y Finanzas y al de Trabajo no tuvieron respuestas, en los grupos de WhatsApp que mantienen estas entidades con la prensa.
