¿Tiene futuro la acción de protección de la funcionaria de Petroecuador despedida?
Los servidores públicos despedidos en los últimos días recurren a estudios jurídicos para revertir sus desvinculaciones
Una funcionaria pública que trabajó durante 18 años en la empresa estatal Petroecuador informó que demandará al Estado luego de ser desvinculada. Su salida ocurrió en medio del recorte anunciado por el Gobierno en instituciones de la Función Ejecutiva y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). La medida incluye la desvinculación de 5.000 trabajadores.
El abogado Luis Ávila Linzán refirió que tenía previsto presentar la demanda este 29 de julio de 2025. “Este martes se presentará la demanda de protección, en vista de la forma intempestiva e injustificada en la que terminó su relación laboral”, señaló.
La exfuncionaria era contadora en el área financiera de la estatal. Según el abogado, “pasó todas las evaluaciones y nunca tuvo observaciones”, por lo que considera que su despido “viola derechos fundamentales”.
Ávila aseguró que ya ha recibido otras consultas similares por parte de personas afectadas. “Varias personas están considerando presentar demandas individuales o colectivas en las próximas semanas”, explicó.
Además, el jurista mencionó que este camino “es la única forma de defenderse ante estos abusos de poder. La gente está afectada emocionalmente, pero poco a poco está reaccionando”. Pero ¿qué tan efectivo es este recurso?
Servidores públicos toman acciones legales para frenar despidos “injustificados”
Gabriel Recalde, director del Centro de Estudios de la Política Laboral, expresó que el resultado de este tipo de recursos dependerá del contexto de cada funcionario y del cumplimiento de los procedimientos establecidos.
Por ejemplo, en el caso de servidores con nombramientos provisionales o contratos ocasionales, este tipo de recursos puede tener un buen “augurio”, ya que, para la salida de estos trabajadores, deben considerarse previamente varios aspectos.
El especialista recordó que la Corte Constitucional ha emitido “sendas” sentencias en las que se precisa que, si no se ha realizado un concurso de méritos y oposición para ratificar o no un nombramiento provisional o contrato ocasional a uno permanente, “no pueden cesarles las funciones”.
Por esta razón, Recalde estima que en este tipo de casos se debe hacer valer este derecho de los trabajadores públicos.
¿Qué pueden hacer los funcionarios públicos que tenían un buen desempeño, según las evaluaciones, y fueron despedidos?
En el caso de los servidores públicos que tenían un buen desempeño y fueron despedidos, se pueden solicitar inicialmente medidas cautelares ante un juez para evitar que se sigan produciendo acciones que afecten a la extrabajadora.
Además, Recalde recordó que este tipo de procesos toma tiempo hasta llegar a una audiencia y obtener una decisión que, en ciertos casos, podría incluso —según el caso— ordenar el reintegro del funcionario a sus funciones habituales.
“Tenemos muchas consultas de funcionarios que señalan que tenían un buen desempeño y les despidieron. Eso me parece injusto. Entiendo que el Estado quiere reducir, pero ahí se encuentra con un problema legal también, y los trabajadores tienen derecho a defenderse”, expresó el director del Centro de Estudios de la Política Laboral.
¿Qué personas tienen una consideración especial durante los despidos?
En Ecuador, el derecho a la estabilidad laboral reforzada —protección especial frente al despido— se aplica a personas en situaciones de vulnerabilidad. Dentro de estos casos se encuentran:
- Trabajadores con enfermedades graves o catastróficas
- Trabajadoras embarazadas o en periodo de lactancia
- Trabajadores con discapacidad
Si se despide a un trabajador que, por su condición, tiene una protección especial, “esas demandas son casi ganadas”, señaló Recalde.
Ecuador reconoce la estabilidad laboral reforzada para personas con enfermedades catastróficas, en embarazo o lactancia, y con discapacidad. En estos casos, el despido es ilegal durante los periodos protegidos, según la Constitución, la Ley Orgánica de Servicio Público, el Código del Trabajo, la Ley de Discapacidades y fallos de la Corte Constitucional.
Esta protección también se aplica a trabajadores que tienen a su cargo hijos con discapacidad, quienes cuentan con estabilidad laboral reforzada, conforme a la Ley Orgánica de Discapacidades y la jurisprudencia constitucional.
Durante el anuncio realizado por el Gobierno el 24 de julio de 2025, la portavoz Carolina Jaramillo mencionó que la desvinculación de 5.000 funcionarios se realiza aplicando criterios de eficiencia. “Hay funcionarios que obstruyen el trabajo eficiente que se quiere hacer en las distintas carteras del Estado", señaló.
Además, afirmó que todo el proceso de despidos se llevará a cabo respetando las leyes laborales vigentes y la Constitución.
¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!