La tarea para cerrar el ‘hueco’ fiscal de Ecuador exige más que despidos
El Estado debe aplicar ajustes tributarios, eliminar subsidios y reformar la seguridad social para revertir el déficit
El despido de 5.000 funcionarios públicos y la reducción de ministerios y secretarías son hasta ahora las medidas más visibles del Gobierno para disminuir su déficit fiscal. Pero estas acciones no son suficientes.
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En el caso de Ecuador, el reto es transformar su déficit (más gastos que ingresos) proyectado de $3.795 millones para 2025 en un superávit (más ingresos que egresos) de $100 millones para 2028, como exige el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
¿Pero qué significa lograr este cambio? Cumplir con esa meta implica generar $5.358 millones adicionales en ingresos y recortar $1.219 millones en gastos, según cálculos técnicos basados en las proyecciones oficiales. Para los economistas consultados, el desafío es mayor de lo que el Gobierno ha reconocido públicamente y no se resolverá únicamente con despidos.
Solo entre enero y julio de 2025, el déficit llegó a $2.249 millones, frente a $343 millones del mismo período de 2024.
El Observatorio de la Política Fiscal estima que 2025 terminará con un déficit de más de $5.000 millones. El Ministerio de Economía y Finanzas, en cambio, informó en junio de 2025 que hasta el primer trimestre del año el déficit alcanzó los $ 1.100 millones y se prevía cerrar el año en alrededor de $ 3.000 millones.
En este tiempo, el gasto creció 11,5 %, mientras los ingresos totales cayeron 2,5 %. “Son magnitudes grandes, no sé si el Gobierno esté dispuesto a cumplir”, advierte Jaime Carrera, director del Observatorio Fiscal, quien subraya que los ingresos tributarios no cubren ni el gasto corriente, que aumentó 10,3 %.
El acuerdo entre Ecuador y el FMI plantea reducir el gasto en sueldos
Uno de los compromisos con el FMI es reducir el gasto en sueldos y salarios del sector público en $1.376 millones hasta 2028. Sin embargo, según el Observatorio de la Política Fiscal, las proyecciones muestran una contradicción: el gasto para sueldos pasará de $13.207 millones en 2025 a $13.742 millones en los próximos tres años.
Carrera sostiene que para bajar realmente el gasto en sueldos, la desvinculación de personal tendría que ser mucho más profunda y superar el efecto de incrementos automáticos y ascensos que cada año elevan las remuneraciones.
José Abel DeFina, doctor en Dirección de Empresas y analista económico, coincide en que el ahorro logrado hasta ahora es marginal. “El compromiso con el Fondo es reducir en un 15 % la plantilla de funcionarios”.
Por esta razón, el ajuste fiscal no debería concentrarse solamente en la administración central. Verónica Artola, exgerenta del Banco Central del Ecuador, plantea que los siguientes recortes deberían enfocarse en sectores hasta ahora intocados. Entre ellos están los GAD (municipios, prefecturas), empresas públicas y otros.
DeFina sostiene que esa propuesta tiene limitaciones prácticas. “Nada de esto incluye empresas públicas ni incluye los GAD”, precisa, y las cifras ayudan a entender por qué los recortes se han concentrado en el Gobierno central.
En esta parte del Estado, los sueldos consumen el 30 % del presupuesto total. Es decir, de cada $100 que maneja el Fisco, $30 se destinan solo a pagar salarios, detalla DeFina. Petroecuador, en cambio, destina apenas el 4,62 % a sueldos.
Una nueva reforma tributaria puede ser la salida
Según el análisis del Observatorio de la Política Fiscal sobre el acuerdo con el FMI, Ecuador necesitaría generar $5.358 millones adicionales entre 2025 y 2028, de los cuales $2.129 millones deberían provenir de reformas tributarias.
El esfuerzo se concentraría en los dos primeros años: $1.033 millones en 2025 y $534 millones en 2026.
El Fondo señala que la estrategia debe centrarse en “movilizar ingresos no petroleros permanentes”, principalmente eliminando exoneraciones y deducciones “ineficientes”.
No se trata solo de subir impuestos, sino de recortar beneficios tributarios que hoy reducen la base de recaudación.
Para Carrera, el ajuste debe empezar por suprimir aquellos beneficios que menor impacto social tengan, como las exoneraciones al sector financiero y a grandes empresas, antes de tocar productos básicos como medicinas o alimentos.
También propone focalizar el subsidio al diésel, que le cuesta al fisco alrededor de $1.300 millones anuales.
El diésel prémium, consumido en su mayoría por el sector automotor, tenía hasta el 11 de agosto de 2025 un subsidio de $0,98 por cada galón, según el esquema de subsidios de Petroecuador.
En lugar de impuestos, DeFina cree que se debe apostar por un crecimiento económico sostenido, al 5 % o 6 % anual. Así, la mayor recaudación sería suficiente para reducir el déficit.
Ambos concuerdan en que lo acordado con el FMI tiene limitaciones. Carrera duda de la capacidad para aumentar la recaudación. “Con el (aumento del) IVA del 12 % al 15 % se consiguieron poco más de $1.000 millones. Ahora se necesita más del triple”. DeFina habla de un obstáculo legal: la Ley para Enfrentar el Conflicto Armado impide que el IVA supere el 15 % por dos años, lo que obligaría a presentar una reforma tributaria.
Ajustes en seguridad social
La seguridad social es otro de los frentes para reducir el déficit fiscal. El Estado cubre el 40 % de las pensiones en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) —que representa alrededor de $ 1.685 millones anuales— y mantiene deudas históricas con la institución que superan los $ 24.000 millones.
Algunos economistas han planteado reducir esta carga fiscal trasladando más peso a los afiliados. José Abel DeFina estima que para reemplazar el aporte estatal sería necesario elevar la contribución personal del 9,45 % actual a cerca del 20 % del salario. “Eso significaría que los trabajadores tendrían que aportar el doble”, alerta.
Patricia Borja, experta en seguridad social, dice que esta opción es inviable. Recuerda que la Corte Constitucional, en una sentencia de 2018, declaró inconstitucional eliminar la contribución estatal. Y advierte que subir los aportes laborales encarecería la contratación y afectaría la creación de empleo.
DeFina insiste en “cortar ese nudo gordiano” del aporte del 40 %. Borja plantea mejorar la gestión interna del IESS y luego evaluar un esquema sostenible para este sistema.