¿Por qué ni Luque, ni Manzano son responsables de Progen? Contraloría lo explica
Según el informe oficial, el contrato con Progen fue firmado a pesar de que la empresa no acreditó la capacidad técnica
El contralor general del Estado, Mauricio Torres Maldonado, presentó ante la Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional los resultados de una auditoría que revela serias irregularidades en los contratos suscritos por la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP) con la empresa Progen Industries LLC, en el marco de la crisis energética de 2024.
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Torres detalló que las responsabilidades administrativas y civiles detectadas por la Contraloría recaen exclusivamente en los gerentes de las unidades de negocio de CELEC —ElectroGuayas y TermoPichincha— y en el personal técnico que participó en la estructuración y adjudicación de los contratos. Según el informe, no se establecieron responsabilidades contra ministros ni altos funcionarios del Ejecutivo, como Inés Manzano, Roberto Luque, Félix Wong o el expresidente de CELEC, Fabián Calero.
El contralor explicó que, aunque las decisiones fueron tomadas en el marco de la emergencia eléctrica, los contratos fueron firmados por los gerentes de las unidades de negocio, quienes actuaron como delegados.
La postura del contralor generó reacciones dentro de la Asamblea. Algunos legisladores cuestionaron que no se haya atribuido responsabilidad a los altos funcionarios que participaron en la planificación y supervisión de los contratos. La Comisión Nacional Anticorrupción también solicitó a la Fiscalía investigar a todos los involucrados, directos e indirectos, en los procesos de contratación, advirtiendo que limitar la indagación a mandos medios podría encubrir posibles delitos como tráfico de influencias o peculado.
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Mientras tanto, la presidenta de la Comisión de Transparencia, Diana Jácome, aseguró que “no habrá impunidad para nadie” y que se continuará con la fiscalización de los contratos observados, que aún presentan retrasos y podrían no estar operativos para el estiaje previsto en septiembre.
Torres, también, se refirió al proceso que llevó el contrato de Progen, el contrato con Progen fue firmado a pesar de que la empresa no acreditó la capacidad técnica necesaria para ejecutar los proyectos de generación eléctrica en las centrales térmicas de El Salitral (100 MW) y Quevedo (50 MW). Torres señaló que la adjudicación se realizó sin cumplir con las condiciones técnicas mínimas, la normativa vigente ni los niveles de eficiencia exigidos para este tipo de infraestructura energética.
Entre los hallazgos más relevantes se identificaron deficiencias en la fase preparatoria del proceso, ausencia de estudios de mercado, falta de certificación presupuestaria y omisión de criterios para verificar la experiencia del proveedor.
¿Cómo pudo renunciar el contratista?
Además, se detectó que la forma de pago permitió que el contratista renunciara al anticipo sin presentar garantías de buen uso, y que se realizaron pagos por más de 69 millones de dólares sin evidencia técnica suficiente sobre el cumplimiento de especificaciones como factor de potencia, eficiencia o año de fabricación.
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La Contraloría también observó que se incluyeron documentos con firmas no verificadas, cartas de fabricantes que no cumplían con los requisitos contractuales, y que ocho funcionarios de CELEC comisionados al exterior para inspeccionar los equipos no presentaron informes técnicos ni documentación que respalde su labor.
Como resultado de la auditoría, se establecieron responsabilidades administrativas por 130.750 dólares, civiles por 69 millones de dólares, y se remitieron indicios de responsabilidad penal a la Fiscalía General del Estado.
El contralor Torres enfatizó que estos informes fueron elaborados por equipos técnicos especializados y que el proceso de fiscalización continuará con nuevos exámenes sobre otros contratos de emergencia, como el de la central termoeléctrica de Catamayo.
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