¿Cómo el narco se apoderó de la frontera ecuatoriana?: rutas y procesos fallidos

En los últimos cuatro años, la franja fronteriza de Ecuador con Colombia (especialmente en las provincias de Esmeraldas y Sucumbíos) ha experimentado una transformación acelerada del fenómeno criminal. 

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La irrupción de disidencias armadas y del Ejército de Liberación Nacional (ELN), los atentados con explosivos, los asesinatos de militares y el deterioro general de la seguridad evidencian un escenario fuerte sin precedentes.

Diversos informes internacionales coinciden en que la combinación de una “paz incompleta” en Colombia y la fragmentación de las bandas criminales en Ecuador abrió nuevas rutas para el narcotráfico y propició la expansión de economías ilícitas. Actualmente, al menos 22 organizaciones han sido catalogadas como terroristas por el Estado ecuatoriano, junto con múltiples células activas en pasos selváticos de la frontera.

El reacomodo del mapa criminal 

El reacomodo del mapa criminal se remonta a 2016, tras la desmovilización de las FARC. Los vacíos de poder dejados por esa guerrilla fueron ocupados progresivamente por el ELN y por disidencias con fuerte presencia en Nariño y Putumayo, departamentos colombianos colindantes con Ecuador.

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Informes de la ONU sobre la política de “Paz Total” impulsada por el presidente Gustavo Petro reconocen avances puntuales, como el cese al fuego con el ELN, pero también advierten una paradoja: la reducción de los enfrentamientos con la fuerza pública facilitó que los grupos armados consolidaran control territorial y ampliaran sus negocios ilegales.

El internacionalista Pedro Guerrero sostiene que los grupos armados y criminales en la frontera se han fortalecido tras los acuerdos de paz, debido a que el proceso dejó vacíos de control estatal que favorecieron la expansión del narcotráfico y otras economías ilícitas. “Esto ha convertido a Esmeraldas y Sucumbíos en zonas altamente vulnerables a la violencia y al crimen organizado”, señala.  

A su juicio, aunque la cooperación bilateral en materia de seguridad es relevante, no ha sido suficiente para contener el avance de estas estructuras. “Las acusaciones públicas sobre la falta de una colaboración efectiva reflejan las limitaciones de los mecanismos binacionales existentes”, añade. 

¿Cómo afecta a Ecuador la falta de control en la frontera?

Desde 2018, Ecuador ha registrado una serie de atentados, secuestros y asesinatos vinculados al narcotráfico y a grupos armados colombianos. Ese año, un coche bomba explotó frente a un comando policial en San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas, dejando decenas de heridos y graves daños materiales. 

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Además, organizaciones como la disidencia Oliver Sinisterra (surgida del rechazo a los acuerdos de paz de las FARC) perpetraron el secuestro y asesinato de periodistas ecuatorianos, lo que marcó un punto de inflexión en la percepción de inseguridad en la frontera norte.

El experto en seguridad Gabriel Miranda subraya que los acuerdos de paz requieren inversiones complementarias en presencia estatal y desarrollo socioeconómico para que los territorios históricamente dominados por grupos armados puedan consolidar una paz duradera. “Sin empleo, educación y oportunidades, se generan nuevas dinámicas de violencia, incluso cuando cesan los combates formales entre guerrillas y el Estado”, explica.

Actualmente, en Sucumbíos y Esmeraldas confluyen disidencias como los Comandos de la Frontera y el Frente Carolina Ramírez, el ELN y bandas ecuatorianas como Los Choneros, Los Lobos y Los Tiguerones, con alianzas y rupturas constantes.

La porosidad de la frontera, la presencia de corredores fluviales y la selva densa facilitan el traslado de coca hacia los puertos del Pacífico y, en sentido inverso, el ingreso de armas e insumos. En Sucumbíos se han documentado capturas de capos colombianos vinculados al Frente 48 y operaciones logísticas de carácter binacional. 

Inicia la expansión de la minería ilegal de oro

En la zona de Orellana–Napo, particularmente en Alto Punino, se observa además una expansión de la minería ilegal de oro bajo el control de los Comandos de la Frontera y socios ecuatorianos: entre 2019 y 2023, la deforestación superó las 1.000 hectáreas, acompañada de violencia y desplazamientos de comunidades kichwas.

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Consultado sobre si un eventual entendimiento entre Quito y Bogotá podría frenar a las mafias, el experto en crimen organizado Diego Saucedo plantea una duda de fondo: “¿Un acuerdo entre Ecuador y Colombia obstaculizaría realmente la actividad del crimen organizado? Me parece que no”. 

Según su análisis comparado, la existencia de acuerdos o desacuerdos entre Estados no ha significado un cambio sustancial para estas estructuras, como lo demuestra la experiencia entre México y Estados Unidos. “Incluso en épocas de intensa colaboración, los flujos de trasiego, transporte y comercialización de drogas se han mantenido relativamente estables”, sostiene.

La violencia alcanzó un nuevo pico el 9 de mayo de 2025, cuando once militares murieron emboscados en Alto Punino durante un operativo contra la minería ilegal. Tras el ataque, el Gobierno desplegó hasta 1.500 soldados en la zona de Sucumbíos y Orellana. 

En Ecuador existe un contingente del Frente Carolina Ramírez

En junio se reportaron, además, contactos con un contingente del Frente Carolina Ramírez dentro de territorio ecuatoriano. Como respuesta, Ecuador ha intensificado el despliegue de miles de efectivos militares y policiales en la frontera, así como las operaciones conjuntas con Colombia, con el objetivo de contener la expansión de estas bandas y proteger a las comunidades locales. 

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Sin embargo, los especialistas advierten que estas medidas son insuficientes si no se acompañan de políticas estructurales.  “La implementación de acuerdos de paz no garantiza por sí sola la reducción de la violencia organizada”, insiste Miranda, “especialmente cuando no se refuerza la presencia estatal ni se promueve la reinserción social efectiva”. 

El Proyecto de Datos sobre Ubicación y Eventos de Conflicto Armado (Acled) coincide en este diagnóstico: la llamada “guerra” contra 22 bandas derivó en una mayor fragmentación criminal, ya que la eliminación de líderes provocó rupturas internas y nuevos incentivos para la violencia. A escala nacional, se estima que las redes delictivas se han expandido a más de 150 municipios. Para Saucedo, el problema es estructural. 

Las organizaciones criminales cuentan con recursos humanos, financieros y materiales que superan, en muchos casos, las capacidades de los Estados. “Históricamente, haya cooperación o conflicto diplomático, los flujos de drogas han sido más o menos los mismos”, concluye. 

De este modo, la crisis de seguridad en la frontera norte de Ecuador se perfila como una consecuencia directa de procesos de paz incompletos y sin resultados fuertes, vacíos estatales persistentes y una economía ilegal que se adapta con rapidez a cualquier escenario político.

Existe un tercer país clave

En el marco del análisis sobre el diferendo comercial arancelario entre Ecuador y Colombia, Saucedo advierte que “hay un tercer país involucrado en esta situación que no se menciona en este diferendo comercial arancelario entre Ecuador y Colombia: Estados Unidos”.

Según explica el experto mexicano, “Colombia exporta droga vía Venezuela, vía Perú, vía Ecuador, debido a que los norteamericanos cerraron las rutas de exportación de droga marítimas, como el puerto de Buenaventura en Colombia, y el aeropuerto El Dorado en Colombia”. 

Añade que esta presión ha generado un efecto directo en los flujos ilícitos: “lo que tenemos es que el gobierno norteamericano y el gobierno de Colombia han más o menos contenido la exportación de droga desde Colombia”. 

Así también coincide Martín Verrier, experto en crimen transnacional: “Hay varios países que intervienen de fondo y de forma en el mal del narcotráfico. Claro que Ecuador muestra grandes vínculos con Estados Unidos y lo blinda en su totalidad”.

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