Ecuador en crisis: las claves para frenar la violencia y el crimen organizado

Entre 2021 y 2024, el país decretó 15 estados de excepción con el fin de contener el avance criminal. Aun así, los homicidios escalaron de 2.496 en 2021 a 8.008 en 2023, con un leve descenso en el primer semestre de 2024 que no alcanza para modificar la tendencia.

Durante los últimos cinco años, Ecuador ha transitado una espiral de violencia que se ha expandido desde las cárceles hacia barrios, puertos y fronteras. Lo que antes era un país bisagra (relativamente estable en materia de seguridad) entre Colombia y Perú, pasó a registrar una de las tasas de homicidios más altas de la región.

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Las respuestas de emergencia (militares en las calles, estados de excepción y operativos masivos) han funcionado apenas como un torniquete temporal. Los diagnósticos se repiten, pero las soluciones estructurales siguen postergadas. 

El punto más crítico donde se evidencia el colapso es el sistema penitenciario. Entre 2020 y 2024 murieron al menos 591 personas privadas de libertad en episodios de violencia intracarcelaria, la mayoría a manos de organizaciones criminales que hoy dominan varios centros de detención.

Para la CIDH, las causas del deterioro son claras: ausencia de control estatal, sistemas de autogobierno interno, corrupción e insuficiencia de personal. Y aunque en 2025 el organismo volvió a exhortar a Ecuador a tomar medidas sostenidas para desarticular el poder de las mafias dentro de las prisiones, la violencia continúa siendo estructural.

La reconstrucción del sistema de justicia, según expertos

En este contexto, diversas voces expertas coinciden en que la crisis supera con creces la capacidad de las medidas reactivas. El analista político Arturo Moscoso sostiene que el país necesita una política de Estado integral frente a la violencia. Afirma que esta estrategia debe incluir la reconstrucción del sistema de justicia, el fortalecimiento de la inteligencia policial y militar, y la recuperación real del control penitenciario. Sin embargo, subraya que el eje central debe ser golpear el núcleo del problema: las finanzas del crimen organizado.

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La evidencia reciente respalda esa visión. Entre 2021 y 2024, el país decretó 15 estados de excepción con el fin de contener el avance criminal. Aun así, los homicidios escalaron de 2.496 en 2021 a 8.008 en 2023, con un leve descenso en el primer semestre de 2024 que no alcanza para modificar la tendencia.

Los estudios sobre seguridad coinciden en que estas respuestas tienen efectos limitados y temporales: generan alivio inmediato, pero no alteran los factores que alimentan la violencia, como el narcotráfico, la desigualdad, la corrupción y la consolidación de redes criminales urbanas.

A este panorama se suman fallas operativas básicas del Estado. El gestor de Seguridad de la Zona 8, Gustavo Rivadeneira, alertó que el sistema de emergencias no está respondiendo adecuadamente. “Cerca del 64 % de las llamadas al ECU-911 no son atendidas, y muchas Unidades de Policía Comunitaria permanecen cerradas”, asevera. Según Rivadeneira, no se puede hablar de seguridad cuando los canales esenciales de auxilio y presencia estatal no funcionan.

El experto en seguridad Byron Sanmiguel añade que, en este momento, solo el Ejecutivo (a través del Bloque de Seguridad, las Fuerzas Armadas y la Policía) está enfrentando la crisis. Para él, la situación se asemeja a un conflicto armado comparable incluso con el del Cenepa. No obstante, recuerda que en aquel episodio confluyeron todos los poderes del Estado, así como periodistas, empresarios y ciudadanía. 

Hoy, afirma, el combate contra la narcodelincuencia y el terrorismo requiere nuevamente de unidad nacional real. Entre las acciones urgentes, destaca el refuerzo del control fronterizo para impedir el ingreso de droga desde Colombia y el tránsito de armas desde Perú.

Desde un ángulo social, el sociólogo Carlos Moreno indica que la violencia tiene raíces profundas: falta de oportunidades, deterioro económico y desigualdad. En este sentido, apunta que la prevención debe enfocarse en educación, empleo juvenil y programas de reinserción social. La represión, por sí sola, no puede sostener una estrategia de seguridad, advierte, pues se necesitan políticas sociales amplias, continuas y articuladas con el territorio.

Medidas de contención envuelven a la seguridad 

En la misma línea, Moscoso subraya que mientras el dinero ilícito circule y se lave sin obstáculos, cualquier intento de seguridad será apenas una medida de contención. “A ello deben sumarse políticas de prevención educativa y territorial que frenen el reclutamiento criminal, además de abrir un debate serio sobre la política de drogas, considerando que la prohibición no es la única ruta posible”, agrega.

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Una mirada a lo que se hace en otros países al respecto, también ofrece pistas. Por ejemplo, Alemania y Noruega han logrado reducir la reincidencia mediante penas alternativas, control electrónico, trabajo comunitario y programas de rehabilitación profesionalizados. 

Aunque Ecuador cuenta con un marco legal similar, su implementación sigue siendo débil y fragmentada. Modelos como el de Colombia (tras el Plan Colombia) muestran que la coordinación entre inteligencia financiera, fuerzas de seguridad y cooperación internacional puede contribuir a reducir la capacidad operativa de las mafias.

El país no está condenado a esta espiral, pero debe decidir si continúa respondiendo únicamente a cada estallido de crisis o si apuesta por reformas trabajadas, elaboradas, ampliadas, profundas, sostenidas y duraderas en el tiempo. En seguridad, como en cualquier proceso de reconstrucción estatal, lo urgente no puede seguir devorando lo importante.

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